Los indígenas elevaron la tensión en Ecuador al mostrarse cerrados a un diálogo con el Gobierno, al menos hasta la llegada de miles de aborígenes a Quito que se sumarán a las protestas contra las medidas del Ejecutivo, el cual impuso un control de precios para evitar la especulación a raíz de las manifestaciones.

Los nativos volvían este domingo a bloquear varias carreteras en el centro del país, que los militares despejaban arropados en un estado de excepción ordenado por Moreno el jueves, cuando se registraron saqueos en la primera jornada de paralización de transportistas.

Aunque los dirigentes del transporte suspendieron el paro el viernes, el fin de semana no se está presentando una normal circulación de autobuses, aunque sí de taxis.

Las manifestaciones sociales se han repetido desde el jueves cuando la eliminación de los subsidios derivó en un alza de 1,85 a 2,39 dólares en el galón de la gasolina "extra" (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en la diesel premium.

Pero mientras los transportistas suspendieron su paro, lo indígenas incrementaron sus protestas y anunciaron una masiva llegada a Quito para unirse, el próximo miércoles, a una huelga general secundada por sindicatos y otros grupos sociales.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, aseguró este domingo a Efe que están "cerradas" las posibilidades de diálogo con el Gobierno.

"Hemos cerrado totalmente el diálogo con el Gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la ciudad de Quito", dijo.

Y sin ofrecer detalles, confirmó que, desde el Gobierno, "intentan conversar" pero que ellos no aceptarán el acercamiento, y avanzarán en su caminata a Quito.

"Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar", apuntó un día después de que, en un encuentro con la prensa extranjera, el canciller, José Valencia, reiterase la apertura del Ejecutivo nacional al diálogo, pero sin posiciones de fuerza.

Valencia, quien aseguró que "la línea de diálogo, consideración y respeto se va a mantener", habló después de que la Conaie, la mayor organización de indígena del país, reiteró su "movilización indefinida" por la subida del precio de los combustibles, entre otros reclamos.

Entre otras medidas, Moreno liberalizó el mercado de combustibles en respuesta a una serie de compromisos que ha adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares de varias entidades.

Ante la grave ola de protestas, el mandatario ecuatoriano decretó el estado de excepción en el país, y los indígenas hicieron lo propio el sábado con la advertencia de que retendrán a miembros de las fuerzas del orden que ingresen en sus dominios.

Una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó a Efe que medio centenar de militares y policías fueron retenidos el sábado, pero no ofreció detalles sobre su situación o sobre si habían sido liberados.

Mientras tanto, en la capital ecuatoriana, Quito, las actividades se desarrollan con relativa normalidad, pero con preocupación por las repercusiones que el alza de los combustibles y el bloqueo de las carreteras pueda tener sobre el precio final de los productos.

Jimena Calvopiña, que trabaja desde hace tres años en el mercado de Quito, dijo a Efe que aún es pronto para valorar los efectos.

"Tenemos que esperar a los proveedores, para ver si suben o nos mantenemos en los precios a los que cogemos sus productos", anotó.

Por su lado, una vendedora de frutas y legumbres en el centro norte de Quito comentó a Efe que no se abasteció de productos en uno de los principales centros de acopio de la capital porque encontró precios "exagerados".

Como ejemplo, mencionó el que una caja de 150 granadillas que la semana pasada compró en 18 dólares, este domingo estaba en 30.

Frente al temor de una subida descontrolada, el Gobierno ecuatoriano lanzó este fin de semana una serie de operativos simultáneos por todo el país para controlar los precios de los productos de primera necesidad.

Como resultado, veinte personas que vendían alimentos con un valor superior al estipulado habían sido detenidas hasta el medio día.

Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se han celebrado varias reuniones con representantes de grandes cadenas de distribución y venta de alimentos para que actúen como agentes de control.

"Ellos se asegurarán de que sus proveedores mantengan los precios establecidos, ya que no hay ninguna justificación para subirlos", subrayó en un comunicado oficial.

Susana Madera