Agilizar y digitalizar los procesos para obtener las licencias de obra y de primera ocupación, garantizar la seguridad jurídica y que la administración ponga a la venta el suelo público sin uso. Estas son las rectas de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCESpaña) para el mercado de la vivienda, que necesita entre 120.000 y 150.000 viviendas nuevas al año hasta 2030 para satisfacer la demanda, según los promotores. 

"La digitalización de los procesos burocráticos es una de las claves necesarias para que la vivienda sea más asequible", ha comentado el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, durante un encuentro con los medios de comunicación para analizar la coyuntura del mercado de la vivienda.

El pasado año en España se construyeron 100.733 viviendas, frente a las 868.000 de 2016. Mientras que en lo que va de año los visados de obra nueva han alcanzado los 68.544, lo que supone una subida del 10,4% respecto al 2018. "Estaremos a finales de año en torno a las 115.000 unidades, con un incremento de 15.000 unidades", comentan desde APCE. Los visados de obra nueva son un trámite de obligado cumplimiento en el territorio nacional para poder conseguir la licencia de obra, y son tramitados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Este indicador refleja por lo tanto el número de viviendas en construcción, muy cercano a la cantidad que cree necesario la asociación de promotores.

Para construir las nuevas viviendas hace falta suelo finalista y según ACPE escasea. "La falta de suelo encarece su precio y uno de los grandes tenedores es el sector público. Ni lo desarrollan, ni lo ofrecen", comenta Gómez-Pintado, quién pone de ejemplo el encarecimiento del suelo en el Cañaberal (Madrid), una zona donde se están construyendo nuevas viviendas de clase media. "Hace cuatro años valía 350 euros el metro cuadrado ahora vale 850", declara.

Desde APCE opinan que para abaratar el precio de la vivienda y favorecer el acceso a la misma es necesario establecer un marco jurídico "seguro, estable y garante" y atraer la inversión para establecer fórmulas de producción de vivienda que pasen por la colaboración público-privada. "La participación de la iniciativa privada es importante para poner fin a la escasez de oferta de vivienda social y vivienda asequible, una de las principales razones que provoca el difícil acceso de las generaciones más jóvenes al mercado inmobiliario", explica Gómez-Pintado. Desde la asociación apuestan por está formula solo "si no se cambian las reglas a mitad del partido y si las compañías tienen un margen de rentabilidad justo en relación al riesgo que asumen". El margen demandado se sitúa entre el 3% y el 6%.

La reciente iniciativa anunciada por la Comunidad de Madrid de facilitar el acceso a la compra de vivienda es un buen ejemplo para la APCE. "Hay una obsesión por que toda la vivienda que se inicie sea para alquiler. Lo suyo sería que el alquiler represente un 35% y que el resto de la vivienda sea de compraventa, que es lo que pasa en otros países de nuestro entorno", ha añadido.

"Tenemos un problema estructural con la falta de acceso a la vivienda de los jóvenes. Se tienen que fomentar medidas público-privadas", demandan desde APCE. En la asociación están trabajando con grandes aseguradoras para que sean ellas quién pongan parte de la entrada para la adquisición de la vivienda. "Estamos esperando que el Banco de España apruebe la consideración como consumo de capital".

Otra de las iniciativas 'bien vistas' por los promotores, es la medida inglesa Help to buy, que permite la compra de una vivienda con financiación de hasta el 95% del precio total mediante aval del Reino Unido para la entidad financiera. También ven con buena vista la iniciativa inglesa que ofrece crédito al 0% de interés.

En el último año, el sector de la vivienda ha tenido que adaptarse a la nueva Ley Hipotecaria y la nueva Ley del Alquiler. Una adaptación que para la asociación aumenta el precio: "A veces legislar es contraproducente, el gasto que supone adaptarse tiene un incremento de costes que luego se traslada al consumidor". Pese a ello, consideran buenas varias medidas como la explicación que los notarios deben dar al comprador. "Esto evitará una inflación irreal", declara. Sin embargo, también consideran que hay aspectos a mejorar. "De media se tarda entre 3 y 4 meses en adquirir la licencia de primera ocupación y desde que se acaba la promoción de la vivienda hasta que entra un inquilino pueden llegar a pasar hasta 6 meses. Las administraciones deben reducir este tiempo", reclama Gómez-Pintado.