El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, antes de llegar al organismo supervisor, tranquilizó a los consejeros del Banco Popular sobre el papel y la responsabilidad que tenían en la ampliación de capital de la entidad de 2016.

Lo hizo como socio del bufete Linklaters, según consta en el acta del Consejo de Administración del Banco Popular del 25 de mayo de ese año, a la que ha tenido acceso Efe, y que debía dar el visto bueno a una operación que serviría para captar 2.500 millones y reforzar los niveles de capital.

Albella, seis meses antes de ser elegido presidente de la CNMV, participó en esa reunión del Consejo de Administración del Banco Popular, junto con Jorge Alegre, ambos en calidad de socios del despacho Linklaters, asesor del banco en la ampliación de capital.

En el documento, el secretario del Consejo, Francisco Aparicio, explica que la presencia de éstos tiene por objeto que los consejeros dispongan de elementos adicionales para formarse un criterio sobre el alcance de la decisión y su posición en relación con ella desde el punto de vista de sus deberes y responsabilidades.

Acto seguido, Albella manifestó que plantearse la posible responsabilidad de los miembros del Consejo por adoptar un acuerdo que pretende reforzar la solvencia de un banco le parecía algo "contradictorio".

De este modo, tranquilizó a los consejeros ya que, según la ley de sociedades de capital, y lo que se conoce como "business judgement rule", es decir, si éstos toman decisiones estratégicas o de negocio de buena fe, debidamente informados, conforme a un procedimiento adecuado para adoptar la decisión y sin estar afectados por intereses personales, se considera que actúan con la diligencia exigible.

Evaluado el proceso, todo indicaba que el acuerdo se iba a adoptar en el marco de esta norma, aseguró entonces el actual presidente de la CNMV, que quiso poner de relieve la participación del banco suizo de inversión UBS, entidad colocadora de la ampliación.

En concreto, Albella valoró de forma "especial" el hecho de que los representantes de UBS avalaran minutos antes el contexto en el que se iba a ejecutar la operación, y consideraran que el Consejo estaba "actuando de modo informado y muy diligente".

Se refirió así a las palabras del director de banca de inversión para instituciones financieras en Europa del banco suizo Javier Oficialdegui, para el que el éxito de la ampliación "sería que se suscribiera".

Asimismo, el alto directivo de UBS explicó que una vez "solucionado el lastre de las provisiones", el Popular podría alcanzar una "rentabilidad mayor" que le permitiera no sólo "volver a un dividendo en efectivo bastante atractivo" sino que también le dejaría "al nivel" del Sabadell y CaixaBank.

Igual de incisivo se mostró su compañero Javier Martínez, partidario de llevar a cabo la operación en ese periodo, la primavera de 2016, por la expectativa creciente de una posible subida de los tipos de interés y porque los inversores se mostraban "mucho más selectivos".

"Se han acabado los tiempos de las ampliaciones a descuentos bajos", indicó Oficialdegui a los consejeros del Popular, entre los que se encontraba el magnate mexicano Antonio del Valle, preocupado por la complejidad de un entorno político inestable marcado por el "brexit" y las nuevas elecciones en España.

Circunstancias a las que aludió el entonces presidente del Popular, Ángel Ron, en su introducción, en la que destacó que "en lo referente a las coberturas, el banco ha cumplido con la normativa aplicable" como "prueba el haber pasado las revisiones de los supervisores o las realizadas tanto por KPMG como Deloitte".

En este sentido, puso de relieve el que las cuentas anuales de 2015 fueran "revisadas por PwC como auditores externos y remitidas a los supervisores", lo que evidenciaría que la entidad hizo "las provisiones exigidas por la norma".

Al término de la jornada, el consejo de administración acordó por unanimidad aumentar el capital social por un importe total de 2.505,5 millones, operación actualmente investigada por la Audiencia Nacional en la primera pieza separada sobre la gestión del Popular.