El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro dio este martes un primer gran paso en sus planes para ordenar la maltrecha economía del país, con la aprobación en el Senado de una polémica reforma del sistema de jubilaciones.
El proyecto, aprobado definitivamente en una segunda votación en el Senado por una amplia mayoría de 60 votos a favor y 19 en contra, es hasta ahora la única propuesta de calado presentada por el líder de la ultraderecha brasileña para intentar enderezar una economía que aún no supera la aguda crisis que sufrió entre 2015 y 2016.
Pese a las polémicas que generó la propuesta, resistida con uñas y dientes por sindicatos y la hoy minoritaria oposición progresista, el proyecto fue aprobado con holgura en un Parlamento de un talante claramente liberal, alineado con las ideas económicas de Bolsonaro.
La reforma plantea una meta de ahorro que se calcula cercana a 870.000 millones de reales (unos 217.500 millones de dólares) en un plazo de diez años, con lo que el Gobierno pretende poner fin a un crónico déficit fiscal en el que identifica muchas de las trabas que impiden el definitivo despegue de la economía nacional.
Para alcanzar esa meta, la reforma establece una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era un requisito en Brasil, y que pasará a ser de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres.
También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social de 15 años para las mujeres y de 20 años para los hombres que aspiren a la jubilación, entre muchas otras normas que la izquierda ha denunciado como una "eliminación de derechos" que los brasileños habían adquirido a lo largo de décadas.
La propuesta original apuntaba a un ahorro fiscal de al menos un billón de reales (unos 250.000 millones de dólares), pero diversas alteraciones impuestas durante el trámite parlamentario redujeron esa cifra, aunque el Gobierno considera, de todos modos, que se trata de una reforma fundamental para ordenar las cuentas públicas.
Uno de los puntos centrales de la propuesta inicial del Gobierno, que apuntalaba esa ambiciosa meta, fue sin embargo rechazado durante el trámite en la Cámara baja y también en el Senado.
Se trata de la creación de un sistema de capitalización, similar al chileno y mediante el cual la jubilación pasaría a depender de lo que cada trabajador pudiera ahorrar a lo largo de su vida.
El artículo que establecía esa alteración fue rechazado en ambas cámaras legislativas, debido a la escasa capacidad de ahorro que existe en Brasil, sobre todo en las capas más pobres de la sociedad.
Aunque el Gobierno ya ha anunciado que insistirá con un nuevo proyecto en el régimen de capitalización, con la reforma aprobada continuará en vigor el actual sistema de reparto, en el que todas las contribuciones son volcadas a un fondo único gestionado por el Estado.
Asimismo, durante el trámite parlamentario fue retirado del proyecto original un artículo que hacía extensiva la reforma a los regímenes de jubilaciones diferenciados que existen en municipios y la administración pública a nivel regional.
Aún con esos reveses, esta reforma es la gran apuesta del Gobierno para intentar recomponer una economía cuyo producto interno bruto (PIB) perdió 7 puntos porcentuales entre 2015 y 2016, se expandió un insuficiente 1 % anual en 2017 y en 2018 y que este año crecerá en torno a un 0,8 %, según las últimas proyecciones.
Los mercados financieros comparten esa visión y, desde que el proyecto comenzó a tramitar en el Parlamento, en febrero pasado, su avance repercutió en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, que alcanzó un récord atrás de otro durante los últimos meses.
Este martes, aunque cerró antes de la conclusión del trámite en el Senado, la bolsa paulista estableció una nueva marca histórica por la inminente aprobación de la reforma y se anotó un alza del 1,28 %, con un récord de 107.381 puntos en su índice Ibovespa.
