El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, cumple este viernes el primero de los cuatro años y medio de prisión a los que fue condenado por las tarjetas opacas de Caja Madrid, y lo hace tras concluir el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, cuyo fallo podría sumar otros 8 años y medio de condena.

El 25 de octubre de 2018 el ex director gerente del FMI ingresaba en la madrileña cárcel de Soto del Real tras haber pedido perdón "a la sociedad y las personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas" por su actuación primero al frente de Caja Madrid y luego de Bankia, asumiendo "los errores que haya podido cometer".

Construido en 1995, el centro penitenciario de Soto del Real es el mayor de la Comunidad de Madrid, ya que cuenta con 1.008 celdas y 174 complementarias; en él están ingresados algunos conocidos de Rato como el extesorero del PP Luis Bárcenas o el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga, condenado a tres años y dos meses también por las "tarjetas black".

Además, durante los meses que ha durado el juicio del "procés", en ella estuvieron recluidos los siete presos varones -entre ellos Oriol Junqueras- condenados por el Tribunal Supremo por sedición, aunque todos ellos se encuentran ya cárceles de Cataluña.

Su carrera como vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y Hacienda, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y Bankia se borró de un plumazo cuando el agente del servicio de vigilancia aduanera le puso la mano en la cabeza para ayudarle a entrar en el coche policial tras su detención en abril de 2015.

Con su ingreso en prisión se cerraba un periplo iniciado más de medio siglo atrás, en 1967, cuando con 17 años vio cómo su padre fue encarcelado por evasión fiscal.

Para el exministro no ha concluido aún el viacrucis en los tribunales, ya que no sólo está a la espera de conocer la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia sino que tiene pendiente, en el juzgado de instrucción nº 31 de Madrid, la investigación sobre el origen de su patrimonio.

En esta causa, que instruye el magistrado Antonio Serrano-Arnal, se investiga si Rato cometió fraude fiscal -delito por el que fue condenado su padre-, blanqueo de capitales y el supuesto cobro de comisiones por la contratación de la publicidad de Bankia.

En octubre de 2018 el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta a Rato en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, y en abril de este año el Tribunal Constitucional rechazó un recurso en el que alegaba que se había lesionado su derecho a la intimidad y a la protección de datos, a tener un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a la libertad personal.

Transcurrido el primero de sus cuatro años de prisión, Rodrigo Rato podría pedir que se le aplique el tercer grado, posibilidad que para penas inferiores a cinco años es posible sin haber cumplido la mitad de la condena.

Hasta ahora, sólo ha abandonado el centro penitenciario -siempre en un furgón policial- para acudir a las sesiones del juicio de Bankia y para someterse a alguna revisión médica.

Este régimen de "semilibertad", basado en la confianza en el preso, implica pasar ocho de cada 24 horas en prisión, y de él ya disfrutan casi todos los condenados junto con Rato por las tarjetas "black" de Caja Madrid que entraron en prisión.

Pero a Rato la posibilidad de disfrutar en breve del tercer grado se le puede complicar si la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para él 8 años y medio por presunta estafa a inversores y falsedad en las cuentas del grupo de 2010 y 2011.

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia quedó visto para sentencia el pasado 1 de octubre, pero el fallo no se espera hasta entrado 2020.