La lucha por el voto de los más de 9 millones de pensionistas se ha colado en la campaña electoral mientras los jubilados siguen protestando en la calle para exigir que las pensiones suban cada año con el IPC, ante lo que todos los líderes políticos se han comprometido a mantener su poder adquisitivo.

La veda la abrió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al anunciar que en diciembre subiría las pensiones con el IPC real, un alza que días después se concretó en el 0,9 %.

A raíz de este anuncio la mayoría de partidos se ha comprometido a mantener el poder adquisitivo a los pensionistas, aunque las propuestas difieren y mientras PP y Ciudadanos creen que la inflación no debe ser el único indicador para actualizar la pensión y que habría que tener en cuenta la situación económica, PSOE y Unidas Podemos dejan claro que hay que volver al IPC por ley y derogar la reforma -aún en vigor- del Gobierno de Mariano Rajoy.

Esta reforma, que hizo el PP en 2013 sin consenso social ni político, incluía un índice de revalorización que establecía una subida anual mínima del 0,25 % mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.

Todos, menos VOX, ponen la mirada en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso que creen que debe retomar cuanto antes las recomendaciones sobre la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, después de que en febrero el adelanto electoral imposibilitara un acuerdo.

El trabajo de los parlamentarios consiste en conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo con medidas que permitan reducir el déficit de la Seguridad Social en un contexto de continuo crecimiento del gasto, derivado de un número cada vez mayor de pensionistas con una prestación media más alta.

La Seguridad Social cerró 2018 con un déficit de 17.088 millones de euros, equivalentes al 1,41 % del PIB, con la previsión del Gobierno en funciones de que este año se rebaje al 1,2 % del PIB, mientras que en la "hucha" de las pensiones apenas quedan 5.000 millones.

El PSOE ha prometido en su programa blindar en la Constitución la actualización de las pensiones conforme al IPC real, aumentar las pensiones mínimas y las no contributivas, y ampliar las pensiones de viudedad a las parejas sin vínculo matrimonial, entre otras medidas.

El PP o Ciudadanos ven importante acometer medidas para fomentar la natalidad y el empleo, base de las cotizaciones sociales y de las pensiones futuras.

Los populares afirman que solo con un pacto de Estado con partidos y agentes sociales se puede reformar el sistema, pero proponen aproximar progresivamente el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral o ampliar al 100 % la jubilación activa de los autónomos.

Ciudadanos aboga por políticas de empleo para los jóvenes y Unidas Podemos sigue apostando por volver a bajar la edad legal de jubilación a los 65 años y derogar el factor de sostenibilidad para evitar que su entrada en vigor ajuste las nuevas pensiones a la baja.

VOX se desmarca del Pacto de Toledo, que califica de "socialdemócrata" y añade que hay que "transitar del sistema público a uno mixto voluntario".

Los pensionistas, organizados en multitud de plataformas, aseguran que no dejarán de movilizarse hasta que no consigan sus objetivos, entre los que también incluyen una pensión mínima que esté al menos al nivel del salario mínimo interprofesional (SMI), ya que en 2019 la pensión mínima a partir de 65 años sin cónyuge a cargo subió a 677,4 euros al mes frente a los 900 euros de SMI.

Analistas consultados por EFE coinciden en que ligar la actualización de la pensión únicamente a la inflación es "insostenible en el tiempo", si no se toman medidas adicionales para lidiar con el déficit del sistema.

La analista sénior de Funcas María Jesús Fernández afirma que el sistema será "difícilmente sostenible si se rompe la reforma de 2013" y ve complicado que sólo con un impuesto finalista (como propone el PSOE) se pueda cubrir el aumento del gasto que habrá en 2025, cuando se jubile la generación del "baby boom".

El economista de Selfbank Felipe López coincide en que uno de los retos que deberá afrontar el nuevo Gobierno es conseguir "cierto consenso" para abordar la suficiencia del sistema de pensiones, ya que "si no se acometen medidas a medio y largo plazo habrá problemas".