El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado un informe esta semana que considera la descentralización administrativa en los estados una herramienta para acabar con las desigualdades regionales. Llega más allá y recomienda "aumentar la redistribución del ingreso mediante impuestos y pagos de transferencias". Esto es, conceder más competencias a las regiones en la recaudación de tributos, no solo en su reparto para el pago de servicios. La posición del organismo multilateral llega en un momento en el que las formaciones de derechas han puesto en el ojo del huracan al sistema autonómico. El líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha planteado la eliminación de las Comunidades Autónomas mientras que Ciudadanos ha propuesto que se devuelvan al Estado competencias de Sanidad o Empleo para asegurar "la igualdad entre españoles".

Otros organismos como la OCDE ya habían explicado en un informe que los países descentralizados tiene un PIB per cápita más alto que los países con una Administración pública centralizada, aunque siempre se pueden encontrar excepciones en cada grupo.

En nuestro país la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó un informe en 2018 para la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico del Congreso en el que prueba con datos como en Europa los países más descentralizados son los que obtienen niveles más altos de crecimiento y convergencia entre regiones. Ahora bien, el informe de este organismo llamaba la atención por los problemas de gestión que España ya que los países más descentralizados necesitan unas instituciones más desarrolladas.

Las comunidades autónomas en España absorben más de un tercio del gasto final total del Estado y más de la mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales. La reforma del sistema de financiación autonómica lleva pendiente desde 2014, pero este no ha sido uno de los temas estrella de esta campaña electoral. Más allá de las críticas del PP al retraso en la transferencia a las autonomías de las entregas a cuenta, debido al bloqueo político.

El análisis de la institución dirigida por Kristalina Georgieva contrasta con el debate sobre la recentralización del Estado que en esta campaña electoral han favorecido formaciones como Ciudadanos y en mucha mayor medida Vox, socios de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, entre otros lugares. Paradójicamente, su consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández–Lasquetty, advertía estos días de que "Pedro Sánchez no va a conseguir obligarnos a freír a impuestos a los madrileños", en una defensa de sus propias competencias impositivas.

El trabajo que firman William Gbohoui, W. Raphael Lam y Victor Lledo sitúa a España en la sexta posición en lo que se refiere a igualdad entre regiones, por detrás de Reino Unido, Francia, República Checa, Suecia y Estados Unidos.

A la cola de la clasificación, en la que no aparece ningún país africano, se encuentran Brasil, Irlanda e India, naciones en las que el Fondo recomienda que las políticas gubernamentales sobre impuestos y gastos sean "replanteadas" para que los países puedan abordar mejor la desigualdad entre las regiones.

Otro de los países que ocupa las últimas posiciones es Alemania, por el contraste existente entre la parte occidental y la antigua Alemania del este, explica Efe.

El organismo con sede en Washington coloca a España entre los países con menores desigualdades entre regiones, pero advierte de que las disparidades en este país, como en otros como Francia, Grecia e Italia, han crecido y siguen siendo mayores que antes de la crisis económica.

"En países como España, Italia y Polonia, las disparidades regionales en ingresos y desempleo son altas y persistentes, lo que puede tener consecuencias más amplias si se dejan sin atender. En contraste, en otros países como Alemania, las diferencias regionales en desempleo son relativamente bajas", señalan.

El FMI hace hincapié en que el movimiento entre regiones para buscar empleos en áreas de altos ingresos no es tan sencillo, ya que "a juzgar por los datos microeconómicos de hogares, observamos que el ingreso promedio más alto en las regiones más prósperas muy a menudo se ve contrarrestado por el alto costo de vida".

Describe un panorama en el que mudarse resulta más difícil porque en las zonas ricas el precio de la vivienda es más alto y hay menos empleos bien remunerados disponibles para trabajadores menos calificados. A modo de ejemplo, recalcan que durante los últimos diez años los beneficios netos de mudarse a regiones de más alto ingresos han disminuido entre 25% y 30% en España y en Estados Unidos para los hogares de bajos ingresos.

"Los responsables de políticas podrían aumentar la redistribución del ingreso mediante impuestos y pagos de transferencias. Las políticas favorables al crecimiento que procuran mejorar la educación, la salud, la infraestructura y el acceso a la vivienda pueden contribuir a que las personas menos calificadas y de bajos ingresos encuentren empleo en otro lugar", recetan los autores contra la desigualdad regional.

En España, la distribución competencial de los impuestos es bastante compleja. Hay tributos que gestiona íntegramente el Estado y en los que distribuye parte de los ingresos, bien cediendo capacidad normativa muy limitada (IRPF) bien sin cesión normativa (IVA, en donde además sería inviable por estar armonizado por la UE). Existen otros impuestos de regulación, gestión y recaudación integra del Estado. Con los Impuestos Especiales pasa como con el IVA y además la gestión la lleva la Agencia Tributaria normal y la inspección Aduanas.

El Impuesto de Actividades Económicas es un tributo local pero regulado por el Estado, en el que se reparte la recaudación entre administraciones y en el que los Ayuntamientos pueden tener o no la gestión y la inspección o solo una de ellas. El IBI se gestiona y regula conjuntamente entre el Estado (catastro) y los Ayuntamientos. En Sucesiones, Patrimonio y Transmisiones tiene una regulación estatal básica pero con cesión a autonomías normativa, de gestión e inspección salvo no residentes.

El comité de expertos que nombró Cristóbal Montoro hizo una serie de propuestas para mejorar la autonomía financiera de las comunidades autónomas de régimen común (excepto las forales), tales como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo, que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma.

Los expertos terminaron sus trabajos con una fuerte división y un 40% de votos particulares. Una parte de los representantes de las comunidades autónomas cifraron en 16.000 millones el agujero entre lo que les proporciona el sistema de financiación y el coste real de los servicios prestados.