La constructora española FCC declarará el próximo viernes en la Audiencia Nacional como investigada en la causa por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015, por el pago de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de obras en Panamá.

En la providencia, conocida este viernes, el juez Ismael Moreno cita a los representantes legales de las tres filiales (FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias), sospechosas de haber participado en un consorcio con la multinacional brasileña Odebrecht que generó "sobrecostes en los contratos del suministro de acero" para los proyectos del metro de Panamá y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton".

Asimismo, el titular del juzgado central de Instrucción número 2 emplaza para ese mismo día a un testigo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015. Esta mercantil se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

En el caso de FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, el magistrado reproduce en su auto, con el que imputó a la constructora, el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que describe cómo sus tres mercantiles constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la compañía brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.

Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la Fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. Así habrían obtenido los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá.

El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht. Estas personas ya han declarado en el juzgado en calidad de investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una comisión rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el aviso realizado por un banco de la ciudad de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados.

Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores, y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

Unos meses después, en mayo y junio, FCC presentó dos denuncias en Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados y aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado por un importe de 82.768.849 euros entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

Después de analizar toda la documentación que obra en la causa, el juez considera que existen indicios de que las tres mercantiles de FCC han podido participar en hechos que pueden ser constitutivos de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

Según explicó Moreno en su auto, la denuncia aportada por FCC pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Los ex directivos investigados participaron en los contratos denunciados, que encubrieron pagos de dádivas, con supuestos trabajos de consultoría comercial entre los años 2010 y 2014.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumentó que la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

Las personas que actuaron bajo el paraguas de las mercantiles mencionadas, apunta el auto, eran "altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva".

Para el juez, todo ello revela indiciariamente que "no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente". "Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional", aseveró.

De este modo, el instructor concluyó que las tres mercantiles de FCC deben ser convocadas a la causa por su presunta responsabilidad penal porque "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton".

"Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos", subrayó.