El Gobierno de México anunció este jueves el inicio de los trabajos para rescatar los cuerpos de 63 mineros que murieron atrapados en la explosión de la mina de carbón Pasta de Conchos ocurrida en febrero del 2006.
"El Servicio Geológico MExicano está ya con las tareas iniciales del rescate", informó la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, en un vídeo publicado en redes sociales en la que confirmó el inicio de estos trabajos.
Alcalde indicó que estas primeras labores corresponden a "estudios de gas, de agua, de mecánica de suelos que permitirán conocer bien las condiciones del subsuelo" en la mina Pasta de Conchos, localizada en el norteño estado de Coahuila.
"Vamos bien y vamos con paso firme. Nos acompañan expertos y mucha gente de la comunidad", aseguró la titular de la Secretaría del Trabajo mexicano.
El 19 de enero de 2006 65 trabajadores de la mina Pasta de Conchos, estado mexicano de Coahuila, murieron en un accidente. Dos cuerpos fueron recuperados, pero el resto quedaron sepultados al suspenderse las labores de rescate por los riesgos que suponían.
En mayo pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador "se comprometió a hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para iniciar el rescate", recordó la ministra Alcalde.
Para analizar la situación se conformó un grupo de expertos de México y de países como Alemania, China, Estados Unidos y Australia que se encargaron de las tareas y de los análisis de las condiciones de la mina.
Estos expertos "determinaron por unanimidad la viabilidad del rescate", señaló la ministra Alcalde.
En abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la evaluación de responsabilidad de las autoridades mexicanas en la muerte de los 65 mineros.
Los familiares de los fallecidos presentaron el caso ante la CIDH en febrero de 2010, argumentando que las autoridades mexicanas eran responsables de la ineficacia de las labores de rescate.
La CIDH admitió el caso en su periodo de sesiones 167 celebrado los pasados 1 y 2 de marzo de 2018 en Bogotá.
El Centro Pro Juárez señaló que la decisión de la CIDH supone un avance histórico para las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral, empezando por el rescate de sus familiares.
