El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, entregó este jueves a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reforma tributaria que, según el mandatario, no afectará a los más necesitados y que beneficiará a jóvenes, agricultores, emprendedores y al sector exportador.
Este nuevo proyecto busca "apoyar a los emprendedores, agricultores, jóvenes y enfermos crónicos. No subimos impuestos a los que menos tienen. Confiamos en la sensibilidad, solidaridad y patriotismo de los asambleístas" para que lo aprueben, escribió Moreno en su cuenta de Twitter.
El proyecto fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, por lo que el Legislativo dispondrá de 30 días para tramitarlo.
La reforma propuesta por el Ejecutivo fue entregada tras un proceso de diálogo entre las autoridades gubernamentales y representantes de distintos grupos políticos y sociales, informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
En ese proceso de diálogo, que este jueves se concentró en una reunión del presidente Moreno y su equipo económico con legisladores, hubo varias coincidencias, según la Secretaría de Comunicación.
Una de ellas fue que el nuevo proyecto tributario "mantenga un espíritu solidario y quienes más tienen aporten para asegurar la protección social de los que menos tienen".
Asimismo, el proyecto descarta un incremento del Impuesto al Valor Añadido (IVA) y no crea "ningún impuesto para los sectores más necesitados".
Entre los beneficios, el Gobierno destacó la condonación de intereses para 9.000 jóvenes que mantienen créditos educativos y la eliminación del anticipo para la refinanciación de deudas.
Asimismo, el proyecto establece una tarifa de cero (0%) del IVA a los dispositivos para medir la glucosa, de las llamadas "bombas de insulina y marcapasos".
El Gobierno explicó que los agricultores también serán favorecidos con la reforma y que, por ejemplo, las flores, el follaje y los tractores de hasta 300 caballos de fuerza ya no tendrán que pagar IVA.
Además, "habrá un sistema tributario simplificado para el sector" y a los emprendedores se los apoyará con medidas como la eliminación del pago del anticipo del Impuesto a la Renta.
La propuesta tributaria "fortalece los principios de progresividad, eficiencia y simplicidad administrativa en materia tributaria: a mayor ingreso, mayor aporte y mayor solidaridad", agrega el comunicado de la Secretaría de Comunicación.
Se propone una contribución única para sociedades con ingresos mayores a un millón de dólares y las personas que perciban ingresos mayores a 100.000 dólares anuales, "solo podrán deducir de su Impuesto a la Renta los gastos correspondientes a enfermedades catastróficas, huérfanas o raras".
El Gobierno, en su proyecto, propone que las empresas que se vieron afectadas por las protestas sociales de principios de octubre pagarán un 10 por ciento menos de Impuesto a la Renta.
Este beneficio regirá para los sectores de la agroindustria, la agricultura y la ganadería de las provincias andinas de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua y Cañar.
Asimismo, unas 30.000 familias que fueron afectadas por el potente terremoto de abril de 2016, que sacudió varias provincias costeras, y que recibieron crédito para reconstruir sus viviendas, "ya no tendrán que pagar esa deuda".
Además, el Gobierno aseguró que la recaudación que genera el proyecto tributario se destinarán a "quienes más necesitan. El 65 por ciento de la inversión pública se destinará al sector social", se agregó en el comunicado de la Secretaría de Comunicación.
"La normativa propuesta es solidaria, equitativa, justa y ha sido enriquecida con planteamientos y observaciones de varios sectores" sociales y políticos, por lo que el Ejecutivo espera que la reforma esté aprobada "antes de que el año termine".
La presentación de esta reforma tributaria se dio luego que el pasado domingo la Asamblea legislativa negara y archivara una "Ley de crecimiento económico", que incluía un plan tributario y que formaba parte de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional.
El convenio con el FMI desató duras protestas sociales a principios de octubre, que obligaron al presidente Moreno a derogar un decreto por el que eliminaba el subsidio al precio de los combustibles, con el que esperaba recaudar unos 1.500 millones de dólares.
