El magnate mexicano Antonio del Valle declara este miércoles en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por las supuestas irregularidades en las últimas dos gestiones del Banco Popular, entidad que el empresario habría estado interesado en comprar, según afirmó el expresidente Ángel Ron.
Aunque dicha versión ha sido puesta en tela de juicio por varios exconsejeros, como la que fuera presidenta del comité de nombramientos, Reyes Calderón, las partes previsiblemente preguntarán a Del Valle por sus intenciones, así como por su presunto interés en que Ron abandonara el Popular.
Al margen de su contenido, la intervención del mexicano, que llegó a ser principal accionista individual de la entidad con un 4,2 % del capital, es de las más esperadas ya que, aunque en esta causa figura como investigado, está personado en la vía administrativa, tanto en España como en Europa, como perjudicado por la resolución del banco.
De hecho, los ministerios de Justicia y Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recientemente han acordado defender los intereses nacionales ante las denuncias presentadas por Del Valle, que junto a otros accionistas reclaman 470 millones en un arbitraje internacional.
En el marco de la presente causa, iniciada en octubre de 2017 a raíz de la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos consejos de administración del Popular, Ron señaló al magnate como promotor de su salida al frente de la entidad.
El expresidente explicó que detrás de su cese estaban Reyes Calderón y el propio Del Valle, que orquestaron el relevo con total falta de transparencia, llegando a mantener reuniones a las que él no fue convocado.
Asimismo, acusó al empresario de servirse de la prensa en su beneficio y de amenazarle para que abandonara el banco, e incluso aseveró que éste quería quedarse a toda costa con el Popular, a lo que le sugirió que si esa era su voluntad lanzara una opa.
También está previsto que declare ese día el expresidente de Allianz Seguros en España Vicente Tardío, vinculado al banco por el acuerdo estratégico en seguros, pensiones y fondos de inversión suscrito por la aseguradora.
Un día antes, el martes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, interrogará al exconsejero independiente Vicente Pérez, quien dimitió en abril de 2017, apenas un año después de acceder a su cargo, por motivos personales y profesionales.
Acto seguido será el turno de la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, nombrada en 2007 consejera independiente del Popular, fecha en la que tenía el 0,5 % de su capital.
El caso se remonta a 2017, año en el que Europa, a través de la Junta Única de Resolución (JUR), resolvió el banco dada su situación de "quiebra o próxima a la quiebra", y acordó su posterior venta a precio de saldo al Banco Santander.
La decisión desencadenó una oleada de acciones legales por parte de los accionistas y tenedores de deuda subordinada, afectados por la reducción a cero de sus inversiones, que llevaron la operación ante los tribunales españoles y comunitarios, incluida la vía penal.
Ese mismo octubre, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas contra los últimos presidentes de la entidad, Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.
Los citados para la próxima semana lo harán en el marco de la primera, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.
Por su parte, la segunda pieza separada se limita a los 108 días de su sucesor, cuando, según las acusaciones, se habría producido una campaña de desprestigio para hacer caer el valor de la cotización de las acciones y obtener así importantes beneficios, lo que podría constituir un delito de manipulación del mercado.
