La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha mostrado su preocupación por "los casos de presuntas prácticas irregulares en algunas sociedades cotizadas que se han conocido en los últimos meses, algunos de los cuales han dado lugar a actuaciones de la jurisdicción penal", una inquietud que no viene acompañada con medidas contundentes para que las compañías en Bolsa amplíen los controles y las medidas de transparencia para evitar casos de corrupción.

Pese a la gravedad de asuntos como la contratación del comisario Villarejo, ahora jubilado y en prisión preventiva, por parte del BBVA e Iberdrola para llevar a cabo tareas de espionaje, la CNMV se ha limitado a pegar un pellizco a las cotizadas y lanzar el aviso de que "está analizando la posibilidad de reforzar las recomendaciones con incidencia en este campo en el contexto de los trabajos de revisión parcial del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas".

Para evitar el nerviosismo en más de un consejo de administración, el regulador bursátil añade que las modificaciones del Código de Buen Gobierno "en todo caso serían objeto del correspondiente proceso de consulta con el sector". El organismo que dirige Sebastián Albella apunta que los puntos que podrían estar en revisión se refieren a situaciones que puedan afectar al crédito y reputación de la sociedad, a funciones de la comisión de auditoría,  a la política de control y gestión de riesgos, a la función interna de control y gestión de riesgos y a la supervisión por una comisión del consejo del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de conducta y otros aspectos.

En un comunicado, la CNMV ha tenido que recordar a las cotizadas que "deben tratar de impedir o reducir al máximo la probabilidad de que se produzcan prácticas de carácter irregular y asegurar, en cuanto se detecten, el cese en ellas y la exigencia de responsabilidades".

También ha puesto énfasis en pedir "la máxima involucración de la Comisión de Auditoría, a la que la normativa vigente atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno y de la auditoría interna".

En este sentido, ha llamado la atención para que se cumplan las obligaciones de transparencia para describir en el estado de información no financiera las políticas establecidas, los resultados y riesgos y hacer referencia en el informe anual de gobierno corporativo a los principales riesgos, incluidos los derivados de la corrupción.

Esta información, que debe ser suficiente para que el mercado y los inversores entiendan el alcance e importancia de los hechos, debe incluirse en los primeros informes que se elaboren tras el momento en que se haya tenido conocimiento de las prácticas irregulares y riesgos, hayan trascendido o no públicamente.