El expresidente de la SEPI y secretario de Innovación de la Junta de Andalucía cuando se convocó el concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar, Vicente Fernández, ha declarado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que la empresa perdedora, Emerita, tenía poca solvencia y estaba en causa de disolución.
La instrucción del caso Aznalcóllar se ha reanudado este lunes con la comparecencia del expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), cargo del que cesó cuando la Audiencia Provincial de Sevilla reabrió la causa, el pasado 26 de septiembre.
Según han informado fuentes judiciales a Efe, Fernández ha recordado a la jueza que Emerita había reconocido en otros procedimientos que entre el 2013 y el 2015 estaba incursa en causa de disolución y ha destacado las dificultades financieras de esa mercantil citando como ejemplo el retraso en la reapertura de la mina de zinc de Reocín, en Cantabria.
Fernández ha enumerado los pasos que se dieron para la licitación de la mina y ha considerado clave el del verano de 2013, cuando el Parlamento de Andalucía aprobó "por unanimidad" que se reabriese la mina previa convocatoria de un concurso internacional "para la selección del mejor explotador posible que garantizase la viabilidad y los parámetros medioambientales, tecnológicos y económicos".
El concurso también debía "preservar al máximo la selección de la empresa explotadora atendiendo a los criterios de máxima transparencia del procedimiento, máxima concurrencia de las empresas interesadas y máxima solvencia".
El ex alto cargo de la Junta de Andalucía ha mostrado su apoyo a la actuación de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica, todos investigados en esta nueva fase de la instrucción, y ha negado que ejerciese "cualquier clase de presión o injerencia" sobre ellos.
En este sentido, Fernández ha recordado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en el informe que remitió al juzgado que no había detectado "ninguna comunicación o documento que permitiese inferir la existencia de influencias" sobre esas personas "para favorecer a una u otra empresa licitante".
También ha negado que existiese tráfico de influencias para favorecer a Minorbis o Grupo México, a las que acabó siendo adjudicada la explotación.
En este sentido, ha explicado que fue Emerita la que "de forma constante" pidió a la Junta que le indicase el "socio local" con el que tenía que concurrir para ganar el concurso, aunque esa petición, según ha añadido, siempre fue rechazada por la Administración.
Fernández no ha contestado a las preguntas de Emerita y ha señalado que su abogado ya fue condenado a abonarle una indemnización por las acusaciones que dirigió contra él, un dinero que donó al Comedor Social de Triana.
