La subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2019 se ha saldado con la adjudicación de los 1.000 megavatios (MW) que se ponían en juego para los grandes consumidores de electricidad por un importe total de 4,38 millones de euros, después de que el precio medio de asignación (las ayudas entregadas a las industrias a cambio de estar disponibles para cortes puntuales del suministro) haya sufrido un recorte del 90% frente a la anterior subasta.

En la subasta, en la que han participado 118 empresas, se han adjudicado 200 bloques de 5 MW para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020, a un precio medio de 8.764 euros/MW y año.

El precio de salida fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica para esta subasta era de 125.000 euros/MW y año para cada bloque de 5 MW. El proceso se articula mediante un sistema de subastas competitivas a la baja en las que el precio de salida se ha ido reduciendo en tramos de 1.000 euros hasta que solo queda un pujador para cada bloque de producto.

Así, se confirma el 'hachazo' casi definitivo al servicio de interrumpibilidad, que ha visto como se ha ido mermando ejercicio tras ejercicio su asignación. La gran industria considera este mecanismo imprescindible para la competitividad de las factorías españolas, pero el Gobierno en funciones ha recortado drásticamente las ayudas ante las dudas de la Comisión Europea y ha anunciado la puesta en marcha de un Estatuto de la Industria Electrointensiva que no se ha aprobado ante la ausencia de un Ejecutivo con plenos poderes.

En la última subasta celebrada a finales de junio se adjudicaron 2.340 MW a los grandes consumidores de electricidad por un importe de 95 millones de euros, lo que representaba ya un importante recorte con respecto a las realizadas en los ejercicios anteriores.

Sumando los 101,15 millones de euros destinados a la interrumpibilidad en el primer semestre del año, el importe de 2019 ascendería a un total de 196,15 millones. Esta cifra representa un nuevo significativo recorte, después de que en 2018 la cifra se quedara en algo más de 300 millones, frente a 350 millones en 2017 y los más de 500 millones de años anteriores.

El servicio de interrumpibilidad es una herramienta de la que dispone el operador del sistema para asegurar en todo momento un suministro eléctrico nacional de calidad.

Con este mecanismo, los grandes consumidores de electricidad (industrias) se comprometen a reducir su consumo eléctrico cuando el sistema eléctrico lo requiere, siendo retribuidos por ello. La activación, que responde a criterios técnicos o económicos, la realiza REE.