Un trabajador del equipo de seguridad del BBVA que trabajaba a las órdenes de Julio Corrochano —en libertad bajo fianza— ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos de clientes de la entidad financiera a demanda de policías que como él, están investigados, pero pensando que eran para pesquisas oficiales, no para los proyectos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

Se trata de César Bilbao, que ha comparecido ante el juez Manuel García Castellón y los fiscales de Anticorrupción en calidad de imputado por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en el marco de la pieza 2 del caso Tándem, relativa al encargo que el despacho de abogados Herrero y Asociados habría hecho a Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.

Bilbao aparece en la documentación que obra en la causa como una de las dos personas del BBVA que proporcionaron datos sobre los abogados a los que Villarejo estaba espiando, cosa que ha explicado porque esa era su labor: a veces pasaba las consultas al departamento jurídico y en otras ocasiones contestaba él mismo a los requerimientos, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Se da la circunstancia de que en las fechas objeto de la investigación su jefe directo era Julio Corrochano, el jefe de Seguridad del BBVA, que está en libertad bajo fianza por otra de las líneas de investigación de esta macrocausa que le sitúa como el interlocutor de Villarejo con la entidad financiera en los 'trabajos' que estuvo realizando para ella durante más de una década.

Siempre según las mismas fuentes, ha alegado que cuando un policía solicitaba información, ya fuese mediante un oficio, correo electrónico "o incluso por teléfono", se "deducía" que era para una investigación oficial, si bien este extremo también se desconocía. Ha señalado en concreto al inspector Constancio Riaño como la persona que le hacía las consultas, tal y como consta en el intercambio de correos electrónicos que obra en la causa. El propio Riaño está citado a declarar el próximo 23 de septiembre.

En esta jornada declaraba además el trabajador de Hacienda Antonio Chaparro por las consultas que según consta en un oficio policial, realizó sobre el despacho de abogados espiado, Balder IP, cuya información tributaria (el modelo 347 de 2012) obraba en poder de Villarejo, una información que conforme él mismo ha reconocido, sólo se puede entregar a terceros por orden judicial.

De acuerdo a las fuentes preguntadas, ha dicho que no recuerda haber mirado en los sistemas de la AEAT esa información y ha planteado la posibilidad de que alguien usara su clave de acceso, y colándose en su despacho y en su propio ordenador, hubiese consultado los datos. Asegura que a las horas a las que se realizó la búsqueda él no se encontraba en su mesa porque sus funciones incluyen otros menesteres.

Asimismo, ha comparecido ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción un subinspector con destino en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional a quien también se investiga por revelación de secretos, ya que habría consultado en bases policiales datos sobre uno de los abogados a los que Villarejo estaba espiando en el año 2014.

Este policía, que en esas fechas dependía del jefe de la UCAO Enrique García Castaño y que tuvo también de superior a Antonio Bonilla -ambos imputados en la causa por presunta participación en los proyectos de Villarejo--, ha reconocido que él hacía las consultas, ya fuese a demanda de cualquier superior de la unidad por el conducto reglamentario, ya fuese por iniciativa propia ante el conocimiento de un posible hecho delictivo.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press, este policía ha negado que Enrique García Castaño o Constancio Riaño le pidiesen nunca ninguna información o que recibiese contraprestación alguna por facilitarla.

Sí ha reconocido que tenía relación con Bonilla, que en las fechas investigadas ya estaba en segunda actividad y trabajaba para una de las empresas de Villarejo. Según su relato, no era habitual que le pidiese información y cuando lo hacía, él no se los proporcionaba.

No obstante, ha apuntado que Bonilla sí podía comentarle personalmente "sospechas" que tenía de algún hecho delictivo y él, en el marco de sus funciones, hacía "comprobaciones" de esa información sin necesidad de hablar primero con un superior porque "la policía investiga".

En esta primera jornada de declaraciones ha comparecido asimismo el ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca, investigado en la pieza 1 de la causa y cuyo manejo de dinero en efectivo está bajo la lupa ante la sospecha de que responda a dádivas por actividades perpetradas en abuso de su condición policial.

Tras comparecer el pasado 11 de julio, regresaba este jueves a la Audiencia Nacional para terminar la declaración, pues faltaba por preguntar la defensa. Insiste en el origen lícito de ese dinero, que habría estado ahorrando en efectivo en su casa, así como en que los coches de alta gama que ha venido conduciendo respondían a préstamos de amigos y personas cercanas.