El ERTE sectorial de las agencias de viajes ha llegado a su fin tras nueve meses en vigor. El Gobierno no ha prorrogado la medida por unos meses más como pedía la patronal CEAV, tal y como ha anunciado la organización empresarial este miércoles y han confirmado a elDiario.es en el Ministerio de Trabajo. A final de diciembre había 921 personas en este nuevo mecanismo de protección del empleo, de los casi 4.300 que estuvieron acogidos a la medida que se puso en marcha en abril.

Novedad en los nuevos ERTE de la reforma laboral, el llamado Mecanismo Red. El Gobierno ha introducido un cambio en las ayudas a la cotización de las empresas que se acojan a la modalidad "cíclica" de estos nuevos ERTE, los diseñados para afrontar posibles crisis económicas. El Ejecutivo exigirá que las empresas ofrezcan formación a los trabajadores para que puedan beneficiarse de las exenciones en la cotización, al igual que ya se requería en los ERTE por causas objetivas (ETOP) y en el nuevo Mecanismo Red de carácter sectorial.

Las sicav han sido uno de los vehículos de gestión de grandes fortunas más polémicos en España. Estas sociedades de inversión, que se beneficiaban de un impuesto de sociedades del 1%, han llegado a gestionar miles de millones de euros, asociados principalmente a elevados patrimonios. Una ley contra el fraude fiscal, aprobada en 2021, estrechaba el cerco sobre el uso de esta herramienta societaria y ha provocado una huida hacia otros modelos de inversión. Esto ha tenido un impacto también en los Presupuestos Generales del Estado, que prevén para este año que este beneficio fiscal se reduzca en más de 440 millones de euros.

Los salarios han crecido en España por debajo de la media de la eurozona desde 2019. Según los datos recopilados por el Banco Central Europeo (BCE), los sueldos por empleado en nuestro país se han incrementado cerca de un 6,5% desde el nivel previo al shock de la COVID, mientras que el aumento es de casi un 8% para el conjunto de los países que comparten el euro.

El BCE justifica el menor incremento de las remuneraciones de los trabajadores en España en la tasa de paro más elevada respecto a la mayoría de socios europeos.

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido una de las claves económicas de 2022, marcado por el enorme auge de los precios, con una inflación media de 8,4%. Pero los salarios pactados en convenios colectivos subieron tres veces menos. El año terminó con una subida salarial media en los convenios del 2,8%, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

El alza salarial media del 2,8% se obtiene del total de 3.084 convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta diciembre de 2022, que afectan a 911.187 empresas y a 9.043.999 trabajadores.

La plataforma de negociación de criptoactivos Coinbase ha anunciado un ajuste de plantilla que afectará a 950 trabajadores, algo más del 20% de su fuerza laboral, con el objetivo de reducir su base de costes operativos de la firma ante el deterioro del entorno de negocio. Coinbase es la segunda mayor plataforma cripto por volumen de negocio.

El consejero delegado y cofundador de Coinbase, Brian Armstrong, ha justificado la decisión —que se suma al recorte de otros 900 empleos el pasado verano— por el empeoramiento del mercado cripto, así como por el impacto sobre el sector de las acciones de "actores sin escrúpulos", que podría desencadenar todavía más contagios.

El Gobierno ha aprobado este martes la nueva ley sobre incentivos a la contratación, que renueva las ayudas que reciben hoy en día las empresas por contratar y que son muy criticadas por su escasa eficacia. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado algunas de las novedades más significativas del nuevo sistema, como que estas bonificaciones en las cuotas que pagan las empresas se focalizarán ahora en los contratos indefinidos, salvo casos concretos, que aumentan su cuantía para las situaciones de más vulnerabilidad y que contarán con la obligación de que las empresas mantengan el empleo durante tres años.

España va a pedir a la UE que la futura reforma del mercado eléctrico a escala europea permita imponer precios fijos a largo plazo para la energía nuclear e hidráulica, de forma que se eviten los denominados beneficios caídos del cielo de estas tecnologías gracias al diseño actual del mercado marginalista, en el que el precio de mercado lo determina la oferta más cara que permite satisfacer la demanda.

La propuesta, recogida en un informe presentado este martes al Consejo de Ministros, persigue “que los consumidores de hoy se puedan beneficiar del menor coste de la energía del presente y el futuro que representan las renovables”, desde el punto de vista de la “equidad”, reduciendo la volatilidad del mercado y dando “estabilidad” a los inversores, ha señalado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La UE tiene entre sus primeros desafíos de 2023 la guerra comercial con EEUU ante los planes millonarios de la Administración de Joe Biden para encarar la inflación. Bruselas busca fórmulas para evitar que esa ley desgaste a la economía europea. Ese fue el mandato que le dieron a la Comisión Europea los líderes en su última reunión del año y la intención es examinar las posibilidades en una nueva cita en febrero. Mientras tanto, los socios trabajan en sus capitales para dar posibles soluciones.

El Gobierno retrasa sin fecha la reforma de la tarifa regulada de la luz que le exigió Bruselas a cambio de autorizar la excepción ibérica, un cambio cuya oportunidad y efectos acaba de cuestionar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador cree que el nuevo sistema de cálculo va a encarecer los precios y pide esperar para aplicarlo.

El Ejecutivo todavía no ha enviado al Consejo de Estado el texto que recoge la reforma de esa tarifa, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).