La gran industria aplaude la solución ibérica pactada por España y Portugal con la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico con un tope de 50 euros por megavatio (MWh) a la generación con gas natural. La medida se va a traducir en una rebaja inmediata (desde mayo) de la factura de los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), pymes e industria. Pero los grandes consumidores piden al Gobierno que, además, fuerce a las eléctricas a subastar parte de su producción inframarginal (principalmente, nuclear e hidráulica), como se comprometió el Ejecutivo a hacer en septiembre.

En un abril histórico, Rusia ha vendido cerca de 160 millones de barriles de petróleo por 12.000 millones de dólares, según advierte el Instituto de finanzas internacionales (IIF). Los puertos de Grecia recibieron el 60% de los cargueros de crudo procedentes del país, pese a las sanciones occidentales por la invasión de Ucrania. La misma fuente destaca precisamente el atractivo del petróleo o del gas rusos por el descuento que presentan respecto a otras alternativas -por ejemplo frente al crudo Brent, de referencia en Europa-, en un contexto de precios altos por la propia guerra y la mayor demanda general en esta fase de la pandemia de retirada de restricciones.

España ha decidido reabrir el gasoducto del Magreb, que conecta Argelia con la Península Ibérica a través de Marruecos, para exportar gas a este último país y prestarle "apoyo para garantizar su seguridad energética”, según ha confirmado este miércoles el Gobierno español, tras amenazar Argelia con cortar el suministro de gas a España si parte de la materia prima que envía Argel acaba en Marruecos. El Ejecutivo español recalca que "en ningún caso el gas adquirido por Marruecos tendrá procedencia argelina".

El Ministerio argelino de Energía y Minas ha avisado este miércoles en un comunicado de que cualquier desvío del gas exportado a España "cuyo destino no sea otro que el previsto en el contrato" supondrá el incumplimiento del mismo, según un comunicado recogido por la agencia oficial argelina TAS.

El Banco de España ha publicado este miércoles su Informe de Estabilidad Financiera, que se actualiza en otoño y en primavera. El extenso documento analiza la situación de la banca, de las finanzas públicas, del sector financiero no bancario o del sector inmobiliario, entre otras cuestiones que afectan a los riesgos financieros del país. En la última actualización, que analiza hasta el cierre de 2021 pero avanza aspectos provocados por la guerra de Ucrania, el supervisor bancario español advierte de un aumento de los préstamos que se encuentran a un paso de entrar a ser considerados morosos.

El Govern balear ha anunciado este miércoles la revocación definitiva de las dos últimas licencias vigentes en las islas para dos casas de apuestas y la modificación de la Ley Balear del juego para impedir, de facto, "la concesión de nuevas licencias de juego durante las próximas décadas".

El vicepresident Juan Pedro Yllanes ha afirmado que la moratoria automática de nuevas licencias se aplicará hasta que el número actual de salas de juego y apuestas no se reduzca hasta casi la mitad. Actualmente son 140 y la nueva Ley de Juego 8/2014 fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes.

El Gobierno agotará el plazo del 30 de abril para enviar el programa de estabilidad a la Comisión Europea, sobre el que se basará, por ejemplo, la asignación de los fondos del Plan de Recuperación en junio. El Ejecutivo presentará este viernes "el nuevo cuadro macroeconómico de España, que va a acompañarse de las previsiones fiscales de aquí a 2022, porque estamos esperando a los datos importantes que nos va a aportar el Instituto nacional de estadística (INE) este jueves y este viernes, actuando con la máxima prudencia y responsabilidad", según confirmó este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la sesión plenaria del Congreso.

La Justicia europea avala que Airbnb tenga que transmitir a la Administración tributaria determinados datos relativos a las transacciones de alojamiento turístico. Es decir, como la normativa de la región de Bruselas que obliga a un operador a comunicar determinados datos relativos a los establecimientos de alojamiento turístico tiene carácter fiscal, queda excluida del ámbito de aplicación de la directiva sobre el comercio electrónico y, por tanto, no es contraria al Derecho de la Unión.

Según el Tribunal de Justicia, en la medida en que afecta a todos los prestadores de servicios de intermediación inmobiliaria, con independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que realizan la intermediación, la ley regional discutida no es contraria a la libre prestación de servicios en la Unión.

Unicaja Banco, que se encuentra inmersa en la integración tecnológica con Liberbank, ganó 60 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone un descenso del 8,5 % respecto del mismo periodo de 2021.

Según ha detallado la entidad bancaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos netos por comisiones se elevaron un 14,3 % interanual, hasta los 133 millones, debido, principalmente, al impulso en las actividades de ahorro, seguros y de fondos de inversión.

La Ley de Vivienda ya está en el Congreso de los Diputados y, si todo sigue el cauce hasta ahora previsto, los grupos parlamentarios tienen intención de cambiar el texto que salió de Moncloa. De momento, solo una jornada de valoración del proyecto por parte de los expertos convocados por los grupos parlamentarios. Y, entre ellos, solo un colectivo ligado a la sociedad civil, el Sindicato de Inquilinos, crítico con el proyecto actual por su falta de ambición.

En 2019, antes de la pandemia, la presión fiscal aparente medida como la suma de impuestos y cotizaciones sociales en porcentaje del PIB se situaba en un 35,2%, casi 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea (41%) y muy lejos de las de Dinamarca (48%), Francia (47,1%), Bélgica (45,2%) o Suecia (43,4%).

Pero, según las estadísticas oficiales del INE y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), resumidas en el siguiente cuadro, esta presión fiscal aparente ha crecido un 5,9% en 2020 y un 4,1% en 2021.