El Gobierno de Nicaragua continuó reprimiendo a la sociedad civil, incluso después de haber iniciado formalmente el pasado febrero un proceso de diálogo -hasta ahora infructuoso- con la oposición, según un informe difundido hoy por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
"El Gobierno y los elementos progubernamentales continuaron reprimiendo la disidencia. Las autoridades consideran que la represión de las protestas en todo el país fue una respuesta legítima a un golpe de Estado fallido, negando toda responsabilidad por la violación de derechos humanos", denuncia.
El documento ha sido elaborado por el organismo que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, quien lo presentará el próximo día 10 al Consejo de Derechos Humanos que se reunirá en Ginebra.
