El "compromiso" de vetar una nueva ley de amnistía para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) es uno de los elementos más destacados en materia de derechos humanos en los primeros cien días del Gobierno de Nayib Bukele.

Así lo señaló este viernes a Efe Wilfredo Medrado, activista de la organización Tutela Legal "María Julia Hernández" y abogado de los sobreviviente de la masacre de El Mozote (1981).

Dicho "compromiso", de acuerdo con Medrano, es sobre una ley de reconciliación nacional que prepara el Congreso y que ha sido señalada de ser una "amnistía de facto" por parte de las organizaciones sociales.

Señaló que Bukele aseguró durante una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que "no a va estar de acuerdo con una ley de impunidad que venga a perjudicar a las víctimas".

Medrano sostuvo que dicho "compromiso" lo planteó primero a los sobreviviente de la masacre de El Mozote durante un encuentro realizado el pasado 18 de junio en la cede del Ejecutivo.

"Hizo un compromiso en la reunión en Casa Presidencial que no estará de acuerdo con una ley de amnistía", recalcó el letrado.

Apuntó que una de las primeras acciones de reparación para las víctimas fue la orden de borrar el nombre del teniente coronel José Domingo Monterrosa de la fachada de un importante cuartel.

Monterrosa, asesinado en 1984 por la guerrilla, es señalado en el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 de liderar el comando elite que ejecutó a casi 1.000 campesinos, la mayoría niños, en El Mozote en 1981.

No obstante, Medrano señaló que a Bukele le falta retomar la conformación del consejo encargado del registro único de víctimas de El Mozote y de un ente que facilitará la incorporación de sobrevivientes con problemas en sus documentos de identidad al listado.

El abogado explicó que algunas de las instituciones del Ejecutivo que deben formar parte de estas instancias "ya no existen", dado que eran parte de las secretarias de Estado que Bukele eliminó al asumir el Gobierno.

Medrano también criticó el uso que el mandatario hace de la Fuerza Armada en labores de seguridad y la falta de claridad en los casos de enfrentamientos con supuestos pandilleros.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y diversas organizaciones, en estas reyertas se registran supuestas ejecuciones extrajudiciales.

Dicho ente documentó al menos 116 supuestas ejecuciones entre los años 2014 y 2018, según un informe publicado recientemente.