La Corte Interamericana de Derechos Humanos efectuó este martes la audiencia por una demanda contra el Estado de Argentina por la detención y muerte bajo custodia policial del activista afrodescendiente uruguayo José Delfín Acosta, hechos ocurridos el 5 de abril de 1996.
Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Acosta fue detenido de manera ilegal, arbitraria y discriminatoria y murió horas después debido supuestamente a golpes que recibió cuando estaba bajo custodia policial.
"A mi hermano (los policías) le dieron una violenta paliza que le provocó la muerte", afirmó en la audiencia Ángel Acosta, hermano de la víctima.
Acosta relató que huyeron de Uruguay debido a la discriminación que sufría su familia por ser afrodescendiente, pero que en Argentina la situación fue similar.
"A mi hermano no me lo van a devolver. Pido a la Corte que el Estado argentino respete las leyes, que sancione a los responsables. En Argentina actualmente hay una persecución terrible a los africanos", aseveró.
Según la versión de testigos relatada por Ángel Acosta, la víctima intentó interceder para que la Policía no detuviera en un bar a dos brasileños afrodescendientes, pero los agentes se llevaron detenidos a los tres y los golpearon en la comisaría.
Acosta comentó que las autoridades argentinas le dijeron que su hermano había muerto de un ataque de epilepsia por una sobredosis de droga.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, destacó que la víctima era un ciudadano uruguayo afrodescendiente y defensor de los derechos humanos de esa población, quien fue detenido cuando intercedió por los dos brasileños.
"La detención fue ilegal, arbitraria y discriminatoria y la muerte es atribuible al Estado. Los edictos de la detención (que fue atribuida a ebriedad) fueron de gran discrecionalidad y suelen sustentarse en estereotipos de grupos discriminados como los afrodescendientes y los extranjeros", expresó Abrao.
El representante de la CIDH aseguró que el Estado no acreditó que la detención hubiera sido realizada con elementos objetivos de actos criminales, por lo que hubo una "ausencia total de fundamentación".
Además, afirmó que aunque la muerte de Acosta hubiese obedecido a un problema de salud, las autoridades no le prestaron la ayuda necesaria para salvaguardar su vida.
Abrao señaló que el Estado argentino violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal e igualdad y no discriminación, así como los de garantías judiciales, en perjuicio de José Delfín Acosta.
Tras la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte Interamericana, que tiene su sede en Costa Rica, podrá emitir una sentencia en cualquier momento.
