La junta militar de Myanmar ha prohibido la utilización de receptores de televisión por satélite por la "amenaza para la seguridad" que suponen los canales de televisión extranjeros y castigará con penas de hasta un año de prisión a quienes infrinjan la norma.

Según anunció anoche la cadena pública MRTV, la televisión por satélite ha dejado de ser legal y quienes incumplan esta norma, en especial aquellos que usen antenas parabólicas para recibir la señal de canales extranjeros, podrán ser castigados con hasta un año de prisión y una multa de 500.000 kyat (267 euros).

La televisión indicó que los medios ilegales difunden noticias que amenazan la seguridad nacional y el orden público y animan a quienes cometen actos de traición.

Esta prohibición se une al corte progresivo de las comunicaciones por internet desde el golpe de Estado del 1 de febrero, primero con el bloqueo de plataformas como Twitter, Instagram, Whatsapp y Facebook y después con los cortes nocturnos de la señal de internet y el bloqueo desde el 15 de marzo de los datos de internet móviles.

El régimen militar trata de frenar la información proveniente del exterior tras haber aprobado medidas que restringen la libertad de expresión y haber revocado las licencias de algunos de los medios digitales más seguidos, como Myanmar Now, Mizzima y Khit Thit Media, que siguen operando en la clandestinidad.

Antes de eso fueron desapareciendo los medios impresos, hasta que la última cabecera, el Standard Time, claudicó el pasado marzo y dejó a Birmania sin prensa independiente en papel por primera vez en casi una década, con los periódicos oficialistas partidarios de la junta como única opción.

Unos 50 periodistas permanecen detenidos y decenas están en la clandestinidad, informando desde sus escondites en zonas controladas por guerrillas étnicas o refugiados en países cercanos como Tailandia e India.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), 769 personas han perdido la vida a manos de la junta desde el levantamiento militar, mientras que 3.677 están detenidos.

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en las elecciones del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.