8 de marzo de 2018: la Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia 67 ataques contra personal e instalaciones médicas en Siria entre enero y febrero de ese año. Unos ataques que violan las Convenciones de Ginebra y el derecho internacional humanitario.

Marzo de 2021: el ministro de Inmigración danés anuncia su decisión de retirar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria. Alega que las zonas controladas por el régimen sirio son ya "un lugar seguro". Es el primer país europeo en dar este paso, criticado por la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

27 de mayo de 2021: Fuentes oficiales sirias anuncian que Bashar al-Asad ha salido victorioso en las eleciones presidenciales sirias con un 95.1% de los votos. Un proceso en el que no ha participado la oposición en el exilio y sin presencia de prensa ni observadores internacionales.

30 de mayo de 2021: Siria es elegido nuevo miembro del comité ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.

Las cuatro noticias ofrecen claves de un proceso que ha avanzado en los últimos años: el de renormalización del régimen de Bashar al-Asad una década después del levantamiento popular que, en el contexto de la llamada Primavera Árabe, puso en jaque a las dictaduras de la región.

Diez años después de aquel levantamiento popular que prendió en Daraa, un pueblo del sur de Siria conocido como el lugar del "estallido de la revolución de 2011", el país se encuentra devastado por una carestía económica creciente (la libra siria se ha desplomado y la mayor parte de la población no puede acceder a alimentos ni bienes de primera necesidad), la pandemia de covid19, de la que las autoridades se niegan a ofrecer datos, y la impunidad que continúa, pese al anuncio del "fin de la guerra" a finales de 2018.

Precisamente en Daraa, una zona rural agobiada por años de sequía, bombardeos, detenciones y desapariciones forzosas de opositores a la dictadura que ostenta desde hace más de 50 años el poder en Siria, se han producido, desde el anuncio del despliegue electoral, huelgas y manifestaciones que han sido recibidas con una nueva oleada de represión y detenciones. Unas iniciativas populares que suponen un gran riesgo para la población local y que no han recibido apenas atención internacional, según señalan desde Daraa miembros del grupo de activistas "Jóvenes del Horán", con quienes elDiario.es se ha puesto en contacto.

Portavoces del grupo, cuyos nombres mantendremos en el anonimato, advierten de "la burla que supone usar un lenguaje propio de estructuras democráticas, como votaciones o electorado, para referirse a esta pantomima en la que hay más gente votando a Asad que gente viviendo en zonas controladas por Asad". Cuestionan, y piden a quienes busquen comprender el contexto sirio que cuestionen este "proceso ilegítimo en el que no sólo no existe una oposición real, sino que los sirios de fuera del país no pueden votar (con excepción de Líbano) y los sirios y sirias son coaccionados a participar."

Según el periodista especializado en Oriente Próximo y el norte de África Javier Martín, desde los medios "debemos dejar de llamar 'elecciones' a procesos que nada tienen que ver con la democracia, pantomimas construidas con urnas y votos para revestir de ficticia legitimidad popular y esconder tras las palabras una simple y llana dictadura."

Con la oposición en el exilio y sin que se haya concedido acreditación a periodistas ni observadores internacionales, el teatro electoral desplegado estos días no parece siquiera buscar una credibilidad que los propios datos desmienten.

Si Asad ha sido elegido con un 95,1% de un electorado de 14.2 millones, esto significaría que ha logrado más votos que habitantes hay en las zonas controladas por el propio Asad, como señalan los activistas y puede comprobarse en informes como los elaborados por el Centro de Estudios Jusoor. Pero la coherencia del proceso parece ser lo de menos en este despliegue que, pese a la denuncia de algunos estados, entre ellos potencias europeas como Francia y Alemania, ha contado con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional.

Según O. M., periodista sirio residente en España con quien elDiario.es se ha puesto en contacto, "el teatro electoral es el de siempre. Funcionarios y estudiantes obligados a acudir a votar, presiones y coacciones a quien no lo haga, notificaciones destinadas a seguirle la pista a quien no acuda a su centro de trabajo ese día, personas que desaparecen días después...". El periodista muestra a elDiario.es una de las circulares enviadas a responsables de instituciones, organizaciones y empresas y firmada por el gobernador local en las que se les advierte de la obligatoriedad de controlar que todos los trabajadores acudan el 26 de mayo a su puesto, convertido ese día en colegio electoral.

"Se solicita que informéis a vuestros trabajadores de la obligación de presentarse en su puesto de trabajo el miércoles 26 de mayo de 2021. Que no se permita, sea cual sea la causa, ausentarse del puesto de trabajo. En caso de que algún trabajador se ausentase, requeriremos al responsable que tome nota de sus nombres y nos los envíe para tomar las medidas oportunas."

Al preguntarle si la coacción ha sido efectiva, logrando empujar a buena parte de la población a las urnas, O.M. cuenta que conoce a personas que no han acudido y temen represalias, y a otras que han acudido por miedo y a las que ahora "remuerde la conciencia por haber participado en legitimar este proceso". Y añade: "Esto es ser sirio: estar continuamente atrapado entre tu miedo y tu conciencia".

O.M. apunta también al sadismo implícito en el despliegue realizado por la pareja formada por Bashar y Asma al-Asad, que eligió para depositar su voto nada menos que Duma, la ciudad que fuerzas del régimen gasearon en abril de 2018. La actitud jovial, la amplia sonrisa y la ropa de diseño de la pareja contrastan con las imágenes, en ese mismo lugar, de las convulsiones provocadas por las armas químicas en decenas de personas que murieron asfixiadas, entre ellos varios niños y niñas.

"Este gesto, la elección tan simbólica de Duma, es "un gran 'que os jodan' de los Asad a una población devastada", reaccionaba en la misma línea la defensora de derechos humanos Laila Al-Shami.

En este contexto de impunidad y sadismo, destaca la situación de decenas de miles de hombres y mujeres detenidos en condiciones infrahumanas en cárceles como la temible temible Sednaya, a la que Amnistía Internacional se ha referido como "matadero humano donde se tortura a escala industrial". Desde el Foro de las Familias por la Libertad, una asociación liderada por mujeres familiares de personas detenidas en las cárceles sirias, en su mayoría a manos del régimen pero también de otros grupos extremistas en zonas fuera del control de Asad, denuncian los abusos en estos centros y la intimidación que sufren sus familiares.

Entre esas familias, destaca la labor incansable de Wafa Mustafa, perodista siria que lleva sin ver a su padre desde julio 2013, cuando desapareció tras ser detenido por fuerzas del régimen. Wafa, que ha denunciado la situación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, publica en sus redes sociales el día a día de la pérdida y el duelo que comparte buena parte de la población siria. Un duelo difícil de procesar porque, al igual que ella, muchos sirios y sirias no han recibido noticias de sus familiares desde su desaparición.

Wafa, como tantos otros supervivientes de tortura y sus familiares, no logra digerir el anuncio en que la Organización Mundial de la Salud haya dado la bienvenida a Siria como nuevo miembro de su comité ejecutivo. Un nombramiento que se produce tras una década en la que Asad y sus aliados (principalmente Rusia e Irán) han bombardeado decenas de hospitales, algo que la propia OMS ha denunciado, calificando estos ataques como "inaceptables".

Sólo en los primeros meses de 2018, se produjeron 67 ataques contra personal e instalaciones médicas, entre ellos ataques contra instalaciones sanitarias, ambulancias y almacenes, según el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, la mayor parte de ellos entre Ghuta Oriental, Idlib y Homs. Unos ataques que ya venían produciéndose en años anteriores y que continuaron en los años siguientes.

La acogida en la OMS es el último gesto en una cadena de actos, más o menos explícitos, que forman parte del proceso de renormalización del régimen sirio. Entre ellos, la apertura de embajadas en Damasco (las últimas, las de Chipre y Grecia, según el según el periodista sirio Harun al-Aswad) y la decisión de Dinamarca de revocar el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria, concretamente de zonas como Damasco, consideradas por el gobierno danés "como seguras".

La normalización del régimen de Bashar al-Asad, responsable de crímenes contra la humanidad y de llevar a cabo una política de exterminio contra miles de detenidos en sus prisiones, según informes de Naciones Unidas, envía un mensaje peligroso a dictadores y responsables de violaciones de derechos humanos. "Si se puede llegar tan lejos como ha llegado Asad sin que ocurra nada, si que nadie esté siendo juzgado, será difícil que otros dictadores y genocidas no sientan que tienen el camino abierto para continuar exterminando a quien se les oponga", señala el periodista O.M.

La aceptación internacional de Asad envía también un mensaje a sus víctimas y a las de otros conflictos: la certeza de una desprotección cada vez mayor, empezando por una Europa que cierra sus puertas, con precedentes como el que ha sentado Dinamarca. El mensaje de la falta de reparación y la revictimización que supone tener que ver, día tras día, cómo sus verdugos permanecen en el poder, burlan la justicia y continúan aumentando el umbral de la impunidad y reduciendo los márgenes de defensa de los derechos humanos.

Mientras estados y grandes instituciones dan la espalda a los sirios, son los propios sirios y sirias quienes se embarcan en iniciativas en busca de una justicia que no parece llegar. Destaca entre estas iniciativas la labor del citado Foro de las Familias por la Libertad, con su trabajo por los detenidos y sus familias y por el inicio de un proceso de justicia y transición para Siria, y la de abogados y defensores de derechos humanos como Anwar al-Bunni, responsable de varios procesos abiertos contra el Gobierno de Asad por crímenes de lesa humanidad.