Las expectativas en el proceso constituyente en Chile han ido apagándose con el pasar de los meses. La opción de “Rechazo” al nuevo texto constitucional supera al “Apruebo” en la intención de voto para la consulta que se celebrará en septiembre, según varias encuestas. El último sondeo del instituto Cadem, correspondiente a la tercera semana de abril, sitúa el “Rechazo” a nueve puntos de ventaja respecto del “Apruebo” y coloca la confianza en la Convención Constitucional en su punto más bajo desde que comenzó su trabajo en julio de 2021.

Aunque el 80% de la ciudadanía votó a favor de cambiar la Carta Magna, con el avance de las discusiones han aumentado la desconfianza y el pesimismo frente al nuevo texto. El ritmo frenético para cumplir los plazos, las polémicas entre convencionales de distintos sectores y la difusión de noticias falsas por parte de los grupos más conservadores no ayudan a revertir estas impresiones en buena parte de la ciudadanía, que observa el proceso con distancia. 

Los sondeos han causado preocupación al nuevo Gobierno de Gabriel Boric y a sectores del centro-izquierda, que temen que se pierda la oportunidad de enterrar definitivamente la Constitución heredera de la dictadura de Augusto Pinochet. “He conversado con gente que votó ‘Apruebo’ [en el plebiscito de entrada] y que hoy tiene dudas que no pueden ser ignoradas”, dijo Boric cuando se dieron a conocer los resultados.

“Hay que darse espacio para reflexionar, para pensar, para que los acuerdos sean más amplios de lo que han sido hasta ahora y para modificar lo que haya que modificar”, dijo el presidente de Chile, que consideró las encuestas como un “llamado de atención” y descartó que los resultados que arrojan sean parte de una campaña de desprestigio, como decían algunos de sus partidarios. 

“Aunque las encuestas han sido muy deficientes en el último tiempo, cuando hay tantas que apuntan hacia una misma dirección es poco probable que no reflejen una tendencia; yo me tomaría en serio esta señal”, dice la politóloga chilena Claudia Heiss, a cargo de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile.

El desencanto con el proceso tiene que ver para la especialista con la falta de costumbre de la ciudadanía para ver negociaciones políticas con este nivel de transparencia y con la falta de una campaña de educación cívica para que la gente participe de los debates.

Para el director de la encuestadora Tresquintos, Kenneth Bunker, los sondeos muestran que la ciudadanía “quiere un proceso para una nueva Constitución, pero no quiere la Constitución que están haciendo estos convencionales”. Para Bunker, hay una “brecha gigante” entre lo que están redactando los constituyentes y lo que quieren los chilenos, lo que termina por “favorecer” el rechazo del texto que se está escribiendo.  

La convención encargada de escribir la Constitución se encuentra en su noveno mes de trabajo, en plena etapa de debate y votación de las propuestas de normas. Los 155 constituyentes encargados de redactarlas están en una carrera contrarreloj, con sesiones hasta la medianoche o más y fines de semana incluidos, para finalizar el texto dentro de los 12 meses que establece como máximo la ley y que terminan el próximo 4 de julio. Un objetivo ambicioso y que en ocasiones se ha puesto en riesgo por varias polémicas y trabas surgidas durante el proceso.

Además de la falta de liderazgo en los distintos sectores del órgano, mayoritariamente de izquierda y centro-izquierda, miembros de la propia convención han reconocido tener problemas para comunicar su trabajo: “Debemos concentrarnos en informar más y mejor qué es lo que se ha ido aprobando y qué es lo que se aprobará”, dijo el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez.

“La convención genera tanta información que se hace difícil ordenar. Hay confusión sobre los artículos aprobados en comisiones y los aprobados en el plenario porque se han ido aprobando normas de forma muy parcelada”, dice Heiss.

La politóloga también menciona “peleas abiertas, reivindicaciones y declaraciones que producen cierto temor o desconfianza” en los sectores mas conservadores. Así ocurrió, por ejemplo, con la norma que presentó un grupo de ocho convencionales y que pretendía eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos por una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos”. 

El temor a perder la oportunidad de un cambio profundo en el país es tal que incluso desde el interior de la propia convención han surgido voces de alerta sobre los riesgos que afronta el proceso. Otros constituyentes, sin embargo, han quitado importancia a las predicciones y apuestan a una victoria segura del “Apruebo”: “No hay un proceso constituyente en el mundo que no genere miedos; es su naturaleza, pero se va a revertir”, dijo en una entrevista Domínguez. 

Hasta la fecha hay más de 300 artículos aprobados por el pleno de la convención que ya forman parte del borrador del nuevo texto. Algunos implican una transformación profunda del Estado, como los que establecen la plurinacionalidad o la eliminación del Senado en favor de una institución de autonomía regional con bajas atribuciones. Otros artículos responden a demandas ciudadanas históricas, como los derechos aprobados en los últimos días en materia de salud, educación, seguridad social y acceso al agua o a la vivienda; o como las normas que instalan a Chile en la vanguardia internacional en derechos sociales como la libertad sindical, el ocio y el deporte, los derechos sexuales y reproductivos o a una muerte digna.

El país también será de los pioneros en reconocer en su carta magna el trabajo doméstico y de cuidados, la equidad de género y paridad, la crisis climática y los derechos de los animales.

Gabriel Boric, que va a cumplir dos meses en el poder, ha sido un férreo defensor del proceso constituyente desde el inicio, cuando se planteó como salida política al estallido social de octubre de 2019.

El cambio constitucional es determinante para su agenda, tal y como recordó en su primer discurso como mandatario desde La Moneda: “Nos hemos impuesto como tarea acompañar de manera entusiasta nuestro proceso constituyente por el que tanto hemos luchado. Vamos a apoyar decididamente el trabajo de la Convención. Necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia”, dijo entonces. 

Si el porcentaje de desaprobación al nuevo texto constitucional sigue aumentando, el Gobierno de Boric no quedará al margen de ese golpe. “Un rechazo a la nueva Constitución podría ser leído como un rechazo al modelo reformista que encarna Boric y a la idea de incorporar a los movimientos sociales y las nuevas generaciones y sectores marginados de la política como las mujeres o los pueblos originarios”, dice Heiss.

Más allá del impacto inmediato en el Gobierno, un eventual rechazo al nuevo texto constitucional alargaría la vida del legado pinochetista y acabaría con la posibilidad real de lograr el cambio a través de un proceso democrático y empujado desde la calle. La respuesta al gran interrogante se conocerá el 4 de septiembre, cuando se celebrará el plebiscito con voto obligatorio que cerrará casi tres años de proceso constituyente.