La incertidumbre duró hasta el último momento. Después de una última reunión de urgencia entre el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra Élisabeth Borne en el Palacio del Elíseo, el Gobierno francés decidió este jueves no someter el texto de la reforma de las pensiones a votación en la Asamblea Nacional y optó por recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para su aprobación por decreto. Esta herramienta constitucional permite al Gobierno evitar el rechazo del Parlamento y sólo puede ser bloqueada con una moción de censura aprobada por los diputados.

La última versión del texto, fruto de negociaciones de una comisión mixta de senadores y diputados, había sido aprobada por la mañana en el Senado (193 votos a favor, 114 en contra, 38 abstenciones). Por la tarde estaba prevista la votación en la Asamblea. Sin embargo, tras varias rondas de consultas entre el presidente y varios miembros del Gobierno antes del inicio de la sesión, el Ejecutivo decidió finalmente no arriesgarse a ver su reforma rechazada por los diputados. Según relatan varios medios franceses, como el diario Le Monde y la cadena de televisión BFMTV, durante la última reunión con sus ministros, Macron justificó el uso del 49.3. "Mi intención y mi voluntad política eran ir a una votación pero considero que, tal y como están las cosas, los riesgos financieros y económicos son demasiado grandes", habría explicado el presidente a los miembros del Gobierno. "No podemos jugar con el futuro del país, habrá un voto sobre el texto que está previsto por nuestras instituciones: la moción de censura", añadió.

A pesar del acuerdo con los líderes del partido de derecha gaullista Los Republicanos (LR), a medida que se acercaba la sesión parlamentaria los recuentos que manejaba el Gobierno no garantizaban alcanzar una mayoría suficiente de diputados para sacar adelante la medida legislativa que protagoniza la vida pública francesa desde principios de año. El presidente del grupo LR en el Senado, Bruno Retailleau, habló el jueves de “una votación muy, muy, muy arriesgada” en la Asamblea, con una revisión a la baja del número de diputados de su partido que votaría a favor.

Obligada a levantar la voz para hacerse oír en el hemiciclo, donde la izquierda cantaba en bucle la Marsellesa, Élisabeth Borne aseguró a los diputados que este proyecto de ley es el resultado de “intensas consultas con los sindicatos, los empresarios y los grupos parlamentarios”.

“La incertidumbre depende de unos pocos votos”, reconoció Élisabeth Borne, “pero no podemos correr el riesgo de ver 175 horas de debate parlamentario derrumbarse, de ver descartado el compromiso construido por las dos cámaras”, añadió en relación al texto acordado por la comisión mixta. “Es sobre vuestra reforma, sobre el texto del Parlamento armonizado por diputados y senadores en comisión que estoy dispuesta a comprometer la responsabilidad de mi Gobierno recurriendo al artículo 49.3”, anunció la primera ministra.

La presidenta de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, anunció inmediatamente la intención de su formación de presentar una moción de censura contra el Gobierno y el proyecto de ley, tachando de “fracaso total” para Emmanuel Macron la necesidad de recurrir a la aprobación por decreto. En la misma línea, la líder de los diputados de Francia Insumisa, Mathilde Panot, también evocó la posibilidad de presentar otra moción, al considerar que “no hay legitimidad para este texto” y denunció un “giro autoritario” con este nuevo recurso del Gobierno al 49.3.

"Borne no puede seguir", afirmó Le Pen, quien recalcó que "una mayoría de los franceses" se había manifestado en contra del proyecto del Gobierno. Le Pen aseguró que su grupo votará cualquier moción de censura, aunque sea de la izquierda, tras la decisión del Ejecutivo de contornear el voto parlamentario. "Lo importante no es quién presente la moción, es que el Gobierno sea censurado", subrayó.

No obstante, hasta ahora los diputados de la Nueva Unión Popular y Ecologista han anunciado que no votarán ninguna moción que venga de la extrema derecha y no quieren el apoyo de Le Pen y sus diputados en sus textos, de manera que en el estado actual, ambas mociones de censura tienen pocas posibilidades de conseguir los votos suficientes.

El líder comunista, Fabien Roussel, que animó a seguir con la movilización en las calles e insistió en su iniciativa de pedir un referéndum, para lo que hace falta presentar cuatro millones de firmas. "La moción de censura está lista, trataremos de que reciba el mayor apoyo posible", aseguró.

Cuando aún se esperaba que el texto se votara esta tarde, los líderes de los sindicatos habían acudido a las puertas de la Asamblea Nacional para pedir a los diputados votar en contra un "proyecto brutal e injusto". El miércoles, en la octava jornada de movilizaciones contra le reforma, según la central CGT, fueron 1,7 millones los que se manifestaron en todo el país, frente a los 3,5 millones de personas de hace ocho días. En París, la misma fuente calculó 450.000 participantes, frente a los 700.000 del 7 de marzo. Las autoridades oficiales dieron cifras mucho más bajas y la Prefectura de Policía estimó la asistencia en la capital francesa en 37.000 personas (frente a las 81.000 del 7 de marzo).

El secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primera central de Francia), Laurent Berger, antes de que se conociera la decisión del Gobierno de Macron, había declarado que "terminar todo este proceso con un 49.3 será un verdadero vicio democrático". Philippe Martínez, líder de la CGT, señaló que sería "la demostración de que el Gobierno no tiene mayoría" y "representaría para nosotros una falta de respeto por la democracia".