Semana de tensiones en Francia después del fracaso de la moción de censura. La ajustada votación que permitió al Gobierno francés sobrevivir a la moción del lunes significó, además, que su reforma de las pensiones franqueaba una nueva etapa antes de su entrada en vigor. Al no prosperar la votación contra el Ejecutivo, el proyecto de ley cierra la fase de tramitación legislativa al quedar aprobado por decreto, en virtud del artículo 49.3 de la Constitución francesa.
Ahora solo queda el visto bueno del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse sobre la legalidad de la medida, antes de su adopción definitiva.
Pese a que la primera ministra, Élisabeth Borne, logró esquivar la moción de censura –por nueve votos–, el Gobierno y el presidente de la República no han conseguido cerrar la crisis política y social en la que se hallan inmersos desde que se anunciase la aprobación por decreto de la impopular reforma, piedra angular del segundo mandato de Emmanuel Macron, que ha despertado el rechazo unánime de ciudadanos, sindicatos y de casi toda la oposición.
Así, las formaciones políticas han multiplicado las llamadas a la dimisión de Borne, que concentra las críticas de la oposición en las últimas semanas. "Señora primera ministra, usted va a ceder. Va a ceder porque resiste solo por nueve votos. Va a ceder porque dos de cada tres franceses quieren que se vaya. Va a ceder, porque ir por la fuerza contra el pueblo, los sindicatos y el Parlamento es una locura. Va a ceder porque el riesgo de un estallido de ira [social] es ya demasiado grande", ha dicho este martes en la Asamblea Nacional la jefa de grupo de Francia Insumisa, Mathilde Panot.
En la misma línea, Sébastien Chenu, vicepresidente de la Asamblea y miembro de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen (extrema derecha), ha preguntado a la jefa del Gobierno: "¿Qué espera para prestar el mejor servicio posible a nuestra República, que es dimitir?". La salida de Borne y la caída de su Gobierno probablemente precipitarían unas nuevas elecciones legislativas en las que la reforma de las pensiones sería el tema central, un escenario que penalizaría a los partidos de la coalición presidencial.
Este lunes se presentó una solicitud de referéndum de iniciativa compartida sobre la reforma de las pensiones ante el Consejo constitucional, que deberá examinar si cumple los criterios de admisibilidad. Se trata de una medida impulsada de unos 250 parlamentarios, principalmente de los partidos de izquierda, para someter a voto popular la reforma. En cualquier caso, el trámite de esa consulta no implica el bloqueo de la ley, que podría entrar en vigor en cuanto reciba el visto bueno del constitucional.
Según la Agencia France-Presse (AFP), Macron ha afirmado en una reunión con ministros y figuras del partido este martes que no disolverá la Asamblea Nacional, ni remodelará el Gobierno, ni convocará un referéndum sobre su reforma de las pensiones para aliviar las protestas. El presidente de la República se ha reunido por la mañana con Borne y ha recibido al mediodía a los presidentes de la Asamblea y del Senado, Yaël Braun-Pivet y Gérard Larcher, antes de reunirse con otros miembros de su partido por la tarde. Este miércoles está previsto que hable sobre la reforma y las protestas en una entrevista en televisión.
En paralelo a la actividad política, las acciones sindicales siguen multiplicándose en los días previos a la gran movilización convocada para este jueves. Sectores como el transporte, la educación y la energía siguen afectados por paros y huelgas. Con el bloqueo de varias refinerías ha resurgido el riesgo de escasez de combustible en las gasolineras, como ya ocurrió el pasado otoño a consecuencia de los paros en el sector en el marco de las negociaciones salariales entre los trabajadores y la empresa TotalEnergies.
Así, el Ministerio de Transición Energética ha anunciado este martes la obligación de trabajar de “tres empleados en cada turno” en el depósito de petróleo de Fos-sur-Mer, cerca de Marsella, “por el agravamiento de las tensiones de abastecimiento en el departamento de Bouches-du-Rhône”, a consecuencia de la movilización del personal contra la reforma de las pensiones. En Donges, cerca de Nantes, las fuerzas policiales desalojaron la noche del lunes a los piquetes de las instalaciones de la refinería.
Más allá de las alteraciones en sectores esenciales de la economía, el recurso al artículo 49.3 para aprobar la reforma ha supuesto un aumento en la tensión y en la frecuencia de las protestas. Como ya habían advertido los líderes sindicales, la aprobación por decreto ha aumentado la indignación. “El recurso al 49.3 acelera y refuerza el resentimiento y, con él, la movilización”, explicaba Laurent Berger, líder de la Confederación Democrática del Trabajo francesa, en una entrevista en Libération. “Hemos pasado de sentirnos despreciados a sentir rabia, sobre todo porque se ha privado a los trabajadores del resultado de su movilización: el rechazo del texto en la Asamblea por una mayoría de diputados”, indicaba.
Tanto Laurent Berger como su homólogo de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martinez, llevan semanas alertando sobre el riesgo de que ese descontento creciente pase a manifestarse de forma violenta. Desde la tarde del pasado jueves, las manifestaciones espontáneas se multiplican tanto en París como en otras ciudades. “Más de 1.200 (...), a veces violentas”, ha dicho el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
En paralelo, la respuesta policial se endurece ante el aumento de estas movilizaciones improvisadas. 287 personas, 234 de ellas en París, fueron detenidas el lunes por la noche durante las manifestaciones contra la reforma. En la capital, esa noche hubo varias cargas policiales contra pequeños grupos de manifestantes, especialmente en el barrio de la Bastilla, donde se quemaron papeleras, bicicletas y mobiliario urbano.
Este martes por la tarde varios miles de manifestantes han respondido a un llamamiento de la intersindical a manifestarse en la plaza de la República en París, así como en otras ciudades como Nantes, Mans, Rennes o Montpellier.
