El futuro comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, se ha declarado abierto a revisar la Orden Europea de Detención (euroorden), en respuesta a una pregunta presentada por la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo.
"Consideraré seriamente el presentar una propuesta para revisar la Orden Europea de Detención", indicó Reynders en respuesta a una pregunta impulsada por Ciudadanos, que consideró "un instrumento de justicia penal esencial en la Unión".
El próximo comisario contestó así a una pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa sobre las prioridades de su mandato y sus planes para facilitar la cooperación judicial entre Estados miembros, mejorar la implementación de los instrumentos de la legislación penal comunitaria o revisar la euroorden.
Reynders, que todavía es ministro belga de Exteriores y asumirá la cartera de comisario el próximo 1 de noviembre, señaló además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha mostrado que la euroorden "puede interpretarse de manera que proteja los derechos fundamentales".
"Un sistema exitoso de Orden Europea de Detención depende enteramente de la cooperación eficaz entre Estados miembros", consideró.
Explicó que, actualmente, la Comisión Europea realiza una evaluación sobre el cumplimiento de la euroorden, sobre cómo cada país ha traspuesto esa norma europea a sus legislaciones nacionales.
Entonces, dijo, la Comisión "considerará si son necesarios procedimientos de infracción" contra algún Estado en el caso de que no aplique adecuadamente la norma europea.
A la luz de esa evaluación, especificó Reynders, se planteará la posibilidad de revisar la euroorden.
La todavía comisaria europea de Justicia hasta el próximo 1 de noviembre, Vera Jourová, reconoció recientemente deficiencias en la ejecución de las órdenes europeas de detención en algunos Estados miembros, según dijo en una carta a Pagazaurtundúa.
Jourová había afirmado previamente que no se planteaba reformar la euroorden porque estaba "funcionando bien", pese a las decisiones adoptadas en varios países europeos en contra de la orden europea de detención dictada por la Justicia española para entregar al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y otros de sus consejeros huídos.
