Los episodios de violencia contra civiles palestinos, tanto por parte de unidades regulares del Ejército israelí, como por el ala radical del movimiento de colonos, continúan multiplicándose en Cisjordania cuando se cumplen siete meses del comienzo de la guerra en Gaza. 

Si antes del 7 de octubre el nivel de violencia en este territorio no tenía precedentes desde el año 2000 –más de 200 palestinos murieron por fuego israelí en los primeros 9 meses del 2023, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de la ONU–, en las últimas semanas ha alcanzado cotas intolerables hasta el punto de provocar varias advertencias por parte de Estados Unidos, el principal aliado y proveedor de armas de Israel.

Un ejemplo es la reciente redada contra las milicias en el campo de refugiados de Nur Shams, ubicado junto a la ciudad autónoma de Tulkarem, que se saldó con la muerte de 14 palestinos, diez de ellos presuntos milicianos de organizaciones armadas locales, según la versión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además, sus efectivos arrestaron a otras ocho personas, destruyeron un laboratorio de explosivos y confiscaron numerosas armas; ocho soldados y un agente de la Policía fronteriza también resultaron heridos durante la operación, de acuerdo con un comunicado difundido por las FDI.

Sin embargo, y a pesar de su dureza, la operación no tuvo el éxito esperado para Israel. Su principal objetivo, Mohammed Yaber (más conocido por su apodo, Abu Shaya), líder de la Brigada Tulkarem, afiliada al brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, salió ileso y se dejó ver días después en los funerales de sus compañeros asesinados durante los casi tres días de incursiones militares y a pesar de los reportes iniciales que apuntaban a su fallecimiento.

La destrucción de viviendas e infraestructuras tras las 50 horas de operación militar recordó las de abril de 2002 en Yenín, cuyo centro fue arrasado por excavadoras blindadas y donde llegaron a emplearse incluso aviones de combate. Entonces, ese despliegue era una rareza. Hoy el uso de misiles, antes reservado para las periódicas rondas de hostilidades en territorios como Gaza o el sur del Líbano, se ha convertido en una práctica habitual también en Cisjordania, que sufre desde el ataque de Hamás del 7 de octubre su peor escalada desde la segunda intifada palestina (2000 - 2005). Alrededor de 500 palestinos han perdido la vida en este periodo.

La brutalidad con la que se está empleando el Ejército israelí en Cisjordania no ha pasado inadvertida para la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Su secretario de Estado, Antony Blinken, ha advertido de que su Ejecutivo podría aplicar próximamente sanciones contra algunas unidades militares israelíes, ya bajo el radar de los norteamericanos antes del 7 de octubre. 

La más sanguinaria –aunque no la única que está siendo investigada por presuntas violaciones graves de los derechos humanos– es el batallón Netzah Yehuda, cuyos miembros fueron acusados en 2022 de ensañarse con un ciudadano palestino-estadounidense de 80 años, Omar Assad, tras arrestarle en un control de seguridad que habían establecido en una pequeña aldea cercana de Ramalá. Asad se resistió al registro, por lo que fue esposado, amordazado y abandonado en el suelo en mitad de la noche. Horas más tarde fue encontrado solo y muerto.

La muerte de Omar Assad podría haberse producido a consecuencia de presuntos malos tratos durante la detención o por una aparente negligencia de sus captores dada la edad (80 años) y condición física del detenido, según los informes recopilados por la embajada de EEUU en Israel, que podrían llevar a la eventual aplicación de la ley Leahy –que prohíbe la asistencia o adiestramiento de unidades militares y de la Policía de otros países cuando exista información confiable sobre abusos de los derechos humanos, y fue inicialmente diseñada para sancionar a los paramilitares de Colombia, Bolivia y México–.

El batallón Netzah Yehuda es una unidad heterogénea en la que conviven jóvenes ultraortodoxos procedentes de las yeshivot (escuelas talmúdicas) y con perfiles problemáticos; junto con miembros de las conocidas como 'Hilltop Youth' (Juventudes de las Colinas, colonos extremistas que se dedican a atacar y vandalizar los pueblos palestinos de Cisjordania) y elementos procedentes del extinto Mafdal (Partido Nacional Religioso), con el denominador común de su animadversión hacia los palestinos –a quienes ven como una raza inferior según la deformación interesada de la Torá y el Talmud por parte de algunos rabinos sionistas radicales–.

Además, esta unidad estaría actuando por su cuenta y no según la cadena de mando del Ejército y del COGAT (Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios ocupados).

Otra de las derivadas de la evolución de los acontecimientos en la Franja de Gaza ha sido el considerable incremento de la violencia por parte de los colonos que residen en los asentamientos israelíes dentro de las zonas C (que ocupan el 60% de Cisjordania, según la división territorial que plantearon los Acuerdos de Oslo de los años 90). A pesar de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado que el Ejército “no permitirá que los colonos se tomen la Ley por su mano”, lo cierto es que actúan impunemente ante la pasividad de los uniformados.

El asesinato de Benjamín Ajimeir, un joven colono de 14 años, hizo que una turba de residentes del asentamiento de Malejei Hasaalom atacara los pueblos próximos de Duma y Al Mughayir (ubicados al noreste de la ciudad autónoma de Ramalá, sede de la Autoridad Nacional Palestina), llevando a cabo dos pogromos en toda regla. En ambos casos, los colonos prendieron fuego a varias viviendas, comercios y vehículos de sus vecinos palestinos, y mataron o robaron animales tales como ovejas, cabras y gallinas. Todo ello en connivencia con soldados de Israel, país que como potencia ocupante es responsable del bienestar de la población bajo su control, tal y como establece el Cuarto Convenio de Ginebra. 

De hecho, el pueblo de Duma es conocido por otro incidente acaecido en 2015 cuando colonos radicales quemaron vivos a Ali Dawabshe, un niño palestino de año y medio, y a sus padres, lanzando una bomba incendiaria contra la vivienda familiar con nocturnidad y alevosía. Al día siguiente otro ataque similar por parte de judíos extremistas contra el pueblo de Beitin se saldó con la muerte de otro joven de 17 años, que fue alcanzado por disparos efectuados por los colonos.

Otras localidades situadas entre las ciudades autónomas de Ramalá y Nablus a lo largo de la carretera 60 que recorre Cisjordania de norte a sur –entre ellas, Turmus Ayya o Deir Dibuán– han sido objeto de pogromos por parte de estos radicales durante las últimas semanas, aprovechándose de la impunidad que les concede el actual Gobierno ultraderechista, especialmente desde el ministerio de Seguridad Nacional, liderado por el también colono de pasado delictivo Itamar Ben Gvir.  

Para Omar Shakir, director de la ONG internacional Human Rights Watch para Israel y Palestina, “es necesario que las posibles sanciones que puedan imponerse en el futuro contra colonos o batallones del Ejército como el de Netzah Yehuda vengan acompañadas de otras contra los funcionarios que promueven y facilitan esa misma cultura de la violencia. De poco vale castigar a los perpetradores, si no hay repercusiones para los políticos que les protegen”, explica a elDiario.es el abogado de derechos humanos.

Si el aumento de la violencia de los colonos ha pasado desapercibido debido a la guerra en curso en Gaza y al reciente enfrentamiento entre Israel e Irán, aún más invisibles han sido las masivas licitaciones de vivienda promovidas en los últimos meses desde el Gobierno de Benjamín Netanyahu en los territorios ocupados.

Según denunció en un comunicado reciente la ONG israelí Paz Ahora, el actual ministro de Hacienda, Bezalel Smotrich, líder del Partido Sionista Religioso de extrema derecha, ordenó este mes a varios Ministerios que iniciaran la provisión de presupuestos y servicios para 68 nuevos puestos de avanzada en Cisjordania, “lo que evita cumplir las órdenes de demolición que penden sobre ellos y les legaliza a efectos presupuestarios y de servicios”. 

El dictamen permite al Ejecutivo asignarles partidas económicas para la construcción de carreteras, alcantarillado, suministro de agua y electricidad, o escuelas públicas y esto a pesar de ser asentamientos ilegales, ya no sólo para la comunidad internacional, sino también en virtud de la ley de Israel. De acuerdo con su normativa, únicamente son consideradas “legales” aquellas colonias cuya construcción ha sido aprobada oficialmente y tras superar un procedimiento de planificación. En cambio los puestos de avanzada, embriones de futuras colonias, eran considerados hasta ahora como “construcciones fuera de la ley”.

“Para el Gobierno israelí, más de 100.000 israelíes que fueron evacuados de sus hogares legales en el sur y el norte del país (tras el 7 de octubre) pueden esperar para ver construidas sus nuevas viviendas, pero no un puñado de colonos que construyeron sus casas ilegalmente. Su única preocupación es priorizar su bienestar mientras descuida una vez más la candente realidad, ahora también en Cisjordania”, señalan desde la organización Paz Ahora. 

Hasta el momento, la lista de los 68 puestos de avanzada destinados a pasar al estatus de “sitios bajo legalización” no ha sido publicada y es difícil saber qué puestos serán incluidos. No obstante, una reciente evaluación de la ONG israelí ha determinado que se trata en su mayoría de puestos de avanzada establecidos antes de 2011, si bien es probable que en la lista se incluyan otros posteriores como el de Malachei Hashalom, levantado en 2015 y en proceso de legalización. 

Según los últimos datos de esta organización, alrededor de 700.000 israelíes viven en los 160 asentamientos que ya existen en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (la parte de la ciudad anexionada por Israel). Además, los puestos de avanzada o pequeños asentamientos que se han construido sin aprobación oficial, y que se consideran ilegales según la ley israelí, ya superan los 150 (solo en 2023, se reconocieron oficialmente 15, mientras que los colonos establecieron un récord de 26 nuevos puestos más).