Ha sido uno de los asuntos más complicados para acordar en el seno de los 27 respecto a la ayuda a Ucrania por las dudas legales que rodeaban al proceso: cómo utilizar el dinero confiscado a Rusia como represalia por la invasión. La UE decidió finalmente utilizar sólo los beneficios que generan esos fondos y ha llegado a un acuerdo este miércoles sobre la base de la propuesta que puso sobre la mesa Bruselas.

El 90% de los beneficios de los activos inmovilizados -unos 3.000 millones de euros- se destinará al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que es la herramienta a través de la que la UE está canalizando el armamento para Kiev. La UE ha ido ampliando las cantidades destinadas a ese instrumento desde la invasión y asciende ahora a 17.000 millones de euros, que se suman a la ayuda bilateral de algunos estados miembros.

El 10% restante se destinará al paquete de ayuda macrofinanciera a Ucrania del presupuesto general de la Unión Europea. La UE ha presupuestado una ayuda de 50.000 millones de euros para los próximos cuatro años en forma de préstamos (33.000 millones) y transferencias (17.000 millones). Según los datos recopilados por el Instituto Kiel, la UE ha destinado 27.000 millones de euros en concepto de asistencia financiera y humanitaria a Ucrania.

La idea inicial de la Comisión Europea era utilizar esos beneficios generados por los activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, fuentes comunitarias apuntaron a que una “mayoría creciente” de estados miembros se posicionaron a favor de destinarlos para la defensa de Ucrania. Este mismo martes el alto representante, Josep Borrell, repitió que si no se destruye el país, no sería necesaria su reconstrucción, que es en buena medida el argumento que ha esgrimido para defender la propuesta que su departamento puso finalmente sobre la mesa de los 27.

Bélgica aglutina la gran mayoría de los activos rusos confiscados a través de Euroclear, un organismo con sede en Bruselas que posee unos 192.000 millones de euros. Esa situación ha generado reticencias en el club comunitario. Los embajadores de los 27 acordaron que la tarifa que Euroclear cobrará por manejar los activos se sitúe en el 0,3%, informa la Agencia EFE.

Lo que argumenta el Gobierno belga es que el impuesto que pesa sobre el dinero confiscado es el del impuesto de sociedades nacional, que es del 25% y que no se pueden hacer excepciones, pero que el país “decidió en 2022 asignar todos estos ingresos extraordinarios del impuesto de sociedades nacional para apoyar a Ucrania y sus ciudadanos” y que en 2023 se creó “un Fondo nacional específico para Ucrania”.

“En concreto, para el año fiscal 2024 se espera un importe de 1.700 millones de euros de impuestos corporativos nacionales provenientes de activos rusos inmovilizados, de los cuales alrededor de 1.000 millones de euros ya se han destinado a ayuda militar a Ucrania. Por lo tanto, esta nueva legislación se aplicará a los beneficios extraordinarios restantes después de esta imposición obligatoria. Y al final todo llegará a Ucrania”, argumentan fuentes del ejecutivo belga.

La última polémica comunitaria en relación a la guerra en Ucrania se ha producido a raíz de la sorpresiva invitación del Kremlin a los países de la UE y a Estados Unidos a la ceremonia de investidura de Vladímir Putin tras las elecciones que fueron cuestionadas. Borrell abogó por plantar a Putin , pero Francia, Grecia, Malta, Hungría y Eslovaquia enviaron representación. “La participación de unos pocos diplomáticos en un evento protocolario no está en absoluto en contradicción y no pone en duda la posición de la UE acordada por los 27 de apoyo continuo a Ucrania en su lucha contra la agresión ilegal iniciada por Putin”, ha declarado el portavoz de exteriores, Peter Stano.