La Torre Eiffel de París se ilumina cada noche, pero no siempre lo hace como el pasado 4 de marzo. El lema feminista ‘Mon corps mon choix’ (‘mi cuerpo mi decisión) brillaba en medio del monumento francés más emblemático. La Asamblea francesa había aprobado ese día blindar en la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. También en marzo, pero de 2023, un tribunal de Polonia condenaba a nueve meses de restricción de libertad a la activista Justyna Wydrzynska por facilitar a una mujer la medicación necesaria para abortar.

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es uno de los ejemplos más importantes, pero no el único asunto en el que las desigualdades legales y cotidianas pueden llegar a ser abismales entre miembros de la Unión Europea. También sucede lo mismo con la atención a la violencia de género y sexual, la participación económica de las mujeres, el reparto de los cuidados, la paridad y los derechos LGTBI. “Hay países a la cabeza y otros que se quedan muy a la cola, con grandes diferencias en función del tema”, explica la responsable de políticas y campañas del Lobby Europeo de Mujeres, Irene Rosales. 

Las diferencias en “la cultura política y económica” entre países y regiones y la influencia de la idea neoliberal de que la igualdad –en todos los sentidos– era cosa del pasado están en la raíz las disparidades. Las diferencias se agrandan o se achican en función de la prioridad que ha tenido la igualdad, no solo formal, en la agenda local, y de la potencia –y posibilidades– del movimiento feminista y LGTB en cada lugar.

Esas brechas internas hacen que las directivas europeas, de obligado cumplimiento para los Estados miembros, se queden cortas para algunos países cuyas legislaciones ya contemplan indicaciones similares; y, al mismo tiempo, en exceso ambiciosas para aquellos que se encuentran muy lejos de cumplirlas. Irene Rosales destaca que es precisamente por eso que las medidas que se toman a nivel europeo son “tan importantes”, para tirar de los Estados más retrasados y para estimular en general a que todos los países revisen sus políticas. Y, por eso, también, la posibilidad de que la extrema derecha, con una marcada agenda antigénero, gane peso en el Parlamento Europeo en las próximas elecciones supone una amenaza para las políticas de igualdad.

La recién aprobada Directiva europea para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres –la primera norma común sobre violencia machista– es un ejemplo. Exige a los Estados que incluyan en sus legislaciones varias manifestaciones de la violencia machista, así como medidas de prevención y asistencia a las víctimas. Una de ellas, crucial: centros de atención integral 24 horas para atender a las mujeres que sufran violencia sexual. Países como España ya está en camino de tener un centro por provincia gracias a la ley conocida como del “Solo sí es sí” (Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual), pero para otros Estados miembros implica un enorme avance en la atención a la violencia sexual. 

“Este tipo de normas es esencial para los países donde no hay elementos de protección y prevención suficientes ni tienen en cuenta la dimensión estructural de la desigualdad y la violencia de género. Y es también una oportunidad para todos los Estados de actualizar y repensar sus sistemas de protección, su acceso a la justicia, su prevención… Pero al menos hay unos estándares mínimos de obligado cumplimiento”, asegura la responsable de políticas y campañas del Lobby Europeo de Mujeres.

La directora de Campañas de Amnistía Internacional sobre Justicia de Género en Europa, Mónica Costa, también destaca que el Parlamento Europeo ha mantenido posiciones “muy progresistas” en algunos asuntos y “sería peligroso que esa puerta se cerrara”. Costa considera que si la extrema derecha refuerza sus posiciones en estas elecciones hay riesgo de que eso suceda: “Se han hecho con una narrativa antigénero y anti derechos de las mujeres que después se traduce en medidas y políticas concretas y es peligroso que eso se traslade al Parlamento Europeo”.

De hecho, el caso de la Directiva sirve también para comprobar la fragilidad de los equilibrios políticos y sus consecuencias. La norma europea aspiraba a incluir un punto clave que, finalmente, se quedó fuera: una definición común del delito de violación que pusiera el consentimiento en el centro, tal y como ya sucede en países como Suecia o España, y tal como recomienda el Convenio de Estambul, el tratado internacional de referencia que la propia UE ratificó en 2023. Sin embargo, Francia y Alemania se opusieron porque aseguraban que se trataba de una competencia nacional. La negativa de Hungría, sin embargo, estaba relacionada con la ideología antiderechos del partido de su primer ministro, Viktor Orbán. 

Hungría es precisamente uno de los casos más extremos. Sus políticas contra los derechos fundamentales, entre otras razones, abrieron el debate de si la UE puede llegar a expulsar a uno de sus miembros. El Gobierno de Orbán, el único sin una sola mujer de toda la Unión, aprobó una norma para restringir la difusión de información y contenidos relacionados con el colectivo y los derechos LGTBI en centros educativos y medios de comunicación. Obligó también a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar. La retórica de Orbán y su partido se repite con Georgia Meloni en Italia o con Vox en España y su “pin parental” o sus propuestas para restringir el aborto en la práctica. 

La retórica ultra pasa también por rechazar el propio Convenio de Estambul, que tachan de ideológico y de “extrema izquierda”. Y su práctica, por asfixiar, legal y económicamente, tanto a las organizaciones feministas y LGTBI que divulgan y pelean derechos, como a las que se dedican a ofrecer servicios de atención, acompañamiento y prevención en cada territorio. Irene Rosales señala que allí donde las derechas tienen más poder, las organizaciones “sufren ataques, problemas de financiación y para funcionar”. Parte de esas asociaciones reciben fondos europeos para su funcionamiento, por lo que un Parlamento común en el que la extrema derecha tenga más relevancia también podría tener consecuencias en este sentido. La existencia de una comisaria de Igualdad (que fue novedad en esta legislatura) o la renovación de la Estrategia Europea de Igualdad, que termina en 2025, también están en juego. 

El Índice de Igualdad de Género que elabora cada año el Instituto Europeo de Igualdad sirve para poner perspectiva respecto a esa brecha entre países. Suecia, Países Bajos, Dinamarca, España y Bélgica encabezan el ranking. Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Grecia y República Checa lo cierran. El indicador tiene en cuenta temas relacionados con la educación, la salud, la participación política y económica. 

Pero la igualdad va más allá del papel de las leyes. Va de ponerla en práctica, de recursos, de prevención, de educación. “Más allá de la legislación, lo que es frecuente es encontrarnos con países que, aunque en la práctica pueden tener buenas leyes, el acceso a ciertos derechos o medidas no sea tan bueno o esté garantizado. También hay que hablar de las barreras invisibles que sufren especialmente algunas mujeres dentro de esos países, como las migrantes o las trabajadoras sexuales”, explica Mónica Costa, de Amnistía Internacional. La experta pone como ejemplo la sorpresa que causó la campaña que la organización hizo hace un tiempo en Dinamarca para mejorar el marco de atención a la violencia sexual. “Existía la idea de que es un país muy avanzado en igualdad, pero por ejemplo en violencia de género y sexual no lo era”, apunta. 

Esas paradojas se dan en otros países que aparentemente son más sólidos en cuanto a igualdad se refiere. En Francia, el ejemplo con el que empezaba este reportaje, “las mujeres musulmanas que deciden llevar velo tienen importantes problemas para acceder a la educación, el deporte o el empleo”, explica Mónica. Alemania, el país europeo con más feminicidios en términos absolutos, no tiene una ley contra la violencia de género. Países Bajos cuenta con una participación económica de las mujeres que se sostiene sobre la feminización del trabajo a tiempo parcial y un reparto de los cuidados muy desigual. España, con una norma sobre salud sexual puntera, registra graves problemas de acceso al aborto en algunas comunidades autónomas. 

Con las elecciones a la vista, algunos colectivos feministas han querido adelantarse a los posibles retrocesos. Organizaciones de Francia, Austria, Polonia, Eslovenia, España, Croacia, Irlanda y Finlandia lanzaron a finales de abril una campaña colectiva –Mi voz, mi decisión–para conseguir un millón de firmas que les permita presentar lo que sería el equivalente europeo a una iniciativa legislativa popular. El objetivo: que, independientemente de la legislación de cada país, la UE se haga cargo, con un programa y fondos propios, de que todas las mujeres puedan acceder al aborto, por ejemplo, viajando gratis a los Estados donde está permitido y costeando la intervención. “Una demanda sencilla pero de gran impacto”, subrayan.