El Gobierno de Javier Milei ha mostrado incapacidad para generar una política alimentaria en momentos de recesión, efecto de sus políticas ultraliberales. Un presidente que sostiene a una funcionaria inconsistente, Sandra Pettovello, cuyo Ministerio de Capital Humano está en el ojo del huracán: 5,9 millones de kilos de alimentos almacenados en dos depósitos–que la Justicia ordenó distribuir–, despidos y denuncias de corrupción.

El Papa argentino lo criticó sin nombrarlo.

Dos depósitos llenos de alimentos –30.000 kilos de leche que vencen el 7 de julio– y un gobierno insensible, ya que miles de comedores no cuentan con comida para los más vulnerables. Sucede cuando su política económica ha hecho caer en la pobreza a tres millones de personas (hoy hay ocho millones de personas por debajo de la línea de indigencia). Se ha tenido que llegar hasta esa imagen de comida acopiada sin entregar para que tuviera que intervenir la Justicia.

La Sala II de la Cámara Federal ha confirmado la medida cautelar dictada por el juez Sebastián Casanello que ordenó al Ministerio de Capital Humano entregar un plan de reparto de los 5,9 millones de kilos de alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán) con detalles sobre su implementación y sus destinatarios.

La cartera de Pettovello había decidido no cumplir la resolución y apelar con el argumento de que el poder judicial no se puede meter en las políticas sociales. A última hora, el juez Casanello advirtió a la cartera que tenía 24 horas para acatar. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó como querellante.

El Gobierno ultraderechista se había negado a repartir los alimentos bajo el argumento de que lo reservaba para “emergencias”, pero tuvo que ceder ante la evidencia de que algunos iban a caducar. En medio del escándalo, esta semana el Ministerio de Capital Humano ha empezado a repartir solo los alimentos próximos a caducar como la leche en polvo a través de camiones del Ejército. Entre la mercancía almacenada hay yerba mate, lentejas, aceite y puré de tomate. 

Pettovello camina en la cuerda floja y echó al secretario de la Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, a quien acusa de falta de transparencia en contrataciones de empleados a través de un organismo internacional. También despidió a cuatro funcionarios que respondían a De la Torre. Este último fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción por pagar a algunos trabajadores sin designación sus sueldos a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Según el portal Data Clave, hay 18 personas facturando de ese modo honorarios de 1,4 millones de pesos (1.420 euros).

Pero el presidente ultraderechista ha exagerado los elogios a Pettovello, a quien define como su amiga personal. “Es la mejor ministra de la historia”, dijo Milei esta semana en un breve contacto con periodistas en Casa Rosada. Al ser consultado sobre el acopio de alimentos y las denuncias de corrupción en la cartera de Capital Humano, aseguró: “Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas”. 

Al escándalo se le ha sumado la difusión de un informe realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) que reveló que Capital Humano recortó el 14% el presupuesto en políticas alimentarias en el primer cuatrimestre de 2024 comparado con la gestión de Desarrollo Social durante el mismo período del año pasado.

Mientras, en los barrios populares del país, las personas sienten hambre. Así lo ha evidenciado una encuesta que elaboró la organización social Barrios de Pie en 19 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Barrios de Pie cuenta con 2.000 comedores en todo el país y realiza trabajo social desde 2001. El dato principal de la encuesta que se realizó a 5.300 familias es el gran número de personas que contaron que se saltaron comidas o incluso que han pasado todo un día sin comer. Un 62% de los hogares atraviesa una situación de inseguridad alimentaria severa.

Daniel Menéndez, principal referente de Barrios de Pie, señala a elDiario.es el trasfondo por el que su organización ha realizado esta investigación: este Gobierno redujo drásticamente la asistencia alimentaria. “La política económica desde que Milei llegó al Gobierno el 10 de diciembre ha sido de devaluación, de disparada de precios de la canasta básica, de empobrecimiento de los jubilados y los trabajadores informales, ya el escenario era difícil antes y con esta política que genera recesión se ha duplicado la indigencia”. 

De los programas que integraban la política alimentaria, el Ministerio de Pettovello mantuvo la Tarjeta Alimentar (transferencia directa a cada titular). Su monto alcanza solo para comprar un cuarto de la canasta alimentaria. Si se suma a la Asignación Universal por Hijo (AUH), llega a la mitad. La tarjeta cubre a un grupo reducido: 3,8 millones de personas, en un país con 25 millones de pobres de los que ocho millones están en la indigencia.

Menéndez, subsecretario de Economía Social de la Provincia de Buenos Aires (Gobierno del peronista de izquierda Axel Kicillof), sostiene que la política de retirada del Estado nacional está haciendo estragos en las provincias. “Se llevó a cero la mitad de la política que complementaba las transferencias directas como Tarjeta Alimentar y AUH, el Estado nacional dejó de enviar fondos a municipios y provinciales y de entregar alimentos a comedores comunitarios. Está clara su búsqueda de querer desarticular a las organizaciones sociales y de un Estado que se retira de la asistencia social. El Gobierno no acompaña el impacto del ajuste”. 

Para María Migliore, directora de Integración socioproductiva de Fundar, un think tank sobre políticas públicas, el Gobierno de Milei no define una política alimentaria. “El Estado tiene tres maneras de entregar alimento: a través de transferencia directa (AUH y Tarjeta Alimentar), entrega de dinero a comedores ( alimentos frescos) y centralizarlo con alimentos secos. Este Gobierno no ha definido cuál es el mejor sistema. Pero un galpón lleno de alimentos sin distribuir es insostenible cuando hay un 40% de la población bajo la línea de la pobreza”.

Migliore, exministra de Desarrollo Humano y Hábitat en la Ciudad de Buenos Aires –una de las pocas funcionarias centristas en la coalición de derecha Juntos por el Cambio– agrega a elDiario.es su visión de hacia dónde debería definir el gobierno su política alimentaria. “Yo me inclino por la opción de transferencia directa, pero para eso se necesitaría mayor nivel de inversión y modificar distorsiones. La cobertura de la canasta básica para una familia con dos hijos menores de 14 años es de un 47% (AUH y Tarjeta Alimentar). Con la Tarjeta Alimentar se cubre un poco menos del 30% en caso de una familia con dos hijos mayores de 14 años, ya que no contempla a los chicos de 14 a 18 años. Debería haber un criterio de equidad de hasta los 18 años, y además trabajar con la población indigente adulta sin hijos y jubilados”. 

Con todo, los expertos señalan la importancia de las redes comunitarias y el apoyo desde el Estado. Máxime cuando el último registro de pobreza según el Indec es 41,7% en diciembre. Diversas estimaciones privadas elevan el índice a más del 50%. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica estipuló que en los primeros tres meses de gestión de Milei hubo un incremento del 11% en la tasa de pobreza, y ascendería a 55%.

Pasados seis meses de gestión, el megaministerio de Capital Humano está en el ojo del huracán. En él conviven cuatro ministerios del anterior gobierno fusionados (Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Cultura). Ha tenido recortes y conflictos en varios frentes, como las reclamaciones de presupuesto universitario y subida del salario de los docentes. De hecho esta semana ha habido una huelga de 48 horas en las universidades públicas. Y en el mundo de la Cultura, el panorama es similar. El Gobierno de Milei anunció en abril el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y ha dejado a la producción cinematográfica argentina al borde de la parálisis. A esto se suma el capítulo de las facultades delegadas dentro de la Ley Bases que se debate actualmente en el Congreso: se prevé la posibilidad de intervenir, desguazar y cerrar organismos del Estado.