“Reclamamos la inmediata e irrestricta libertad de todas y todos los detenidos en ocasión de la masiva movilización del pasado miércoles 12 de junio contra la sanción de la denominada Ley Bases”. Así arranca el escrito firmado por más de 60.000 personas contra la represión ejercida por protestar contra el presidente argentino, Javier Milei, durante la aprobación de la ley que desmonta el Estado argentino.

Los firmantes denuncian que quien quiera protestar se expone a la cárcel, que ese derecho está bajo amenaza y ha quedado en evidencia desde el miércoles 12 de junio, cuando en medio de la manifestación contra la Ley Bases, la Policía detuvo a 33 personas y el fiscal Carlos Stornelli las acusó de terroristas.

“La mayoría de las detenciones se produjeron a más de diez cuadras de la Plaza Congreso, en un momento en el que las personas se estaban desconcentrando luego de recibir una andanada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las Fuerzas Federales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos”, afirma el escrito firmado, entre otros, por Rafael Correa (ex Presidente de Ecuador), Ernesto Samper (ex Presidente de Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero (ex Presidente de España), Evo Morales (ex Presidente de Bolivia) y Alberto Fernández (ex Presidente de Argentina).

Además, el texto está suscrito por el jurista Baltazar Garzón y cineastas como Pedro Almodovar, Montxo Armendariz, Marisa Paredes, Emma Suárez, Juan Diego Botto y Carlos Bardem, entre otros. “Repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en ”terroristas“ que actuaron en un ”intento de golpe de Estado“, imputaciones totalmente absurdas e infundadas. Durante el desarrollo de la manifestación del 12 de junio las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales”, añade el texto entregado a la jueza Servini, que concluye: “Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y garantías vigentes”.

Las historias detrás de la represión han dejado sin sustento la acusación del fiscal Stornelli de que “incitaron a la violencia colectiva, se alzaron contra el orden constitucional y infundieron temor público”. Imágenes de televisión y en redes sociales mostraron que fueron detenciones al voleo y que la Policía reprimió con gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y a diputados en la Plaza Congreso y dejó hacer a encapuchados que aparecieron de repente, incendiaron un auto y se marcharon sin que nadie los frenara. 

Un video que se viralizó fue el de María de la Paz Cerutti: policías de la Ciudad de Buenos Aires le cortaron el paso mientras cruzaba la Avenida 9 de Julio, a varias calles del Congreso, epicentro de la manifestación. Enojada, María de la Paz gritó su nombre completo y documento, mientras un jefe policial ordenaba “presa, ahora”. La detuvieron entre varias mujeres policías, la tiraron al piso mientras ella no soltaba su cartera roja. 

Para Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), la idea de terrorismo es muy grave. “Ha habido un agravamiento de la posición pública del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La ministra Patricia Bullrich declaró que en esta protesta ha habido una nueva modalidad de golpe y calificó de terroristas a los detenidos. El presidente Milei la felicitó por la actuación policial contra organizaciones que denominó terroristas. Nunca hasta ahora se había catalogado de terroristas o golpistas a quienes protestan contra una ley controvertida. Es de muchísima gravedad”. 

Bullrich está al frente del Ministerio de Seguridad, cargo que ya había ocupado durante el gobierno conservador de Mauricio Macri (2015-2019). En las protestas del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional que llevó a cabo Macri hubo disturbios, decenas de manifestantes heridos y detenidos. Se puede ver en ese momento el embrión de lo de ahora. 

 Litvachky afirma que desde el Cels han presentado material a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la escalada de la criminalización de la protesta en Argentina. “Se busca aleccionar, es un efecto atemorizador que restringe el derecho a la protesta y viola las convenciones internacionales. Se ve una decisión política de mostrar autoridad: de que esta ley se aprueba sí o sí, y la protesta se reprime. Es la marca de este gobierno”.