La estridencia del “ajuste más profundo y acelerado de la historia”, como lo define el presidente Javier Milei, ya se refleja en cifras oficiales. En Argentina ha habido un importante aumento de la desigualdad social, que va de la mano de la contracción económica y la subida del desempleo. En seis meses de gobierno, los sectores más pobres han sido los más afectados por la devaluación y las políticas neoliberales. 

Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de Fundar, señala a elDiario.es varios aspectos que han contribuido a ampliar la brecha entre ricos y pobres: “La recesión tiende a aumentar la desigualdad, ya que el desempleo crece más en la base de la pirámide, entre los trabajadores menos calificados y de la construcción; la caída del salario mínimo, que oficia de referencia para el empleo informal; la contracción de la jubilación mínima; la eliminación de programas sociales como el Potenciar Trabajo y el ajuste en la obra pública”.

La megadevaluación del 54,4% en diciembre disparó la inflación al 25,5% ese mes. Luego fue gradualmente descendiendo hasta el 4,2 % registrado en mayo. Tomado de punta a punta, Milei encabezó el semestre de más alta inflación en tres décadas. 

El nivel de la actividad económica ha mostrado en los primeros tres meses del año, según el Indec, una caída del 5,1 % con respecto al inicio de 2023. La desocupación comienza a crecer como consecuencia de la caída de la actividad, alcanzando el 7,7 % pero con impacto más negativo en las mujeres (8,4%).

Todos los sectores sociales perdieron poder adquisitivo pero los más afectados han sido los grupos más vulnerables, advierte Schteingart: “De acuerdo a nuestras estimaciones, porque el Indec sacará su informe de pobreza recién en septiembre, la pobreza ha aumentado 17 puntos, de 38% en 2023 a 55% este año. Y proyectamos que la pobreza extrema ha pasado del 9% al 18% ( son los hogares que no acceden a la canasta básica alimentaria). Esto evidencia que ante la devaluación no basta con reforzar la Asignación Universal Por Hijo como cree el gobierno. Se debería haber subido el salario mínimo, por ejemplo, porque donde más se resiente la crisis es en los sectores más pobres”. 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar son las únicas dos prestaciones que dependen del Estado en las que el gobierno ha mostrado una compensación contra la inflación acumulada. Desde junio, la AUH ha aumentado un 41,4%. El Estado transfiere 74.364 pesos (76 euros) por hijo menor de 18 años perteneciente a un grupo familiar sin trabajo o trabajo informal. En cuanto a la Tarjeta Alimentar las subidas se aplican según la cantidad de hijo que tenga cada familia (52.250 pesos, 53 euros, con un solo hijo). Por otro lado, el gobierno ha recortado fondos destinados a comedores comunitarios y escolares pese a la inflación en los precios de los alimentos.

El gobierno celebra el superávit fiscal y anuncia que “falta la mitad del camino”. Se trata de un ajuste de las cuentas públicas en cuestiones esenciales: la reducción del gasto estatal ha sido del 30% en términos reales en política alimentaria, jubilaciones, planes sociales, obra publica, universidades y tarifas, según la Oficina de Presupuesto.

Las cifras oficiales dan cuenta del deterioro salarial. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.593.119 personas alcanzó los 233.695 pesos (239 euros) en el primer trimestre del año, equivalente al salario mínimo, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 155.000 pesos (158 euros). Un nivel que se evidencia muy bajo teniendo en cuenta las subidas de las tarifas de luz, gas, agua, transporte, alquileres de viviendas y los costos de salud y educación, como efecto de la desregulación de precios y los recortes en subsidios a la energía y el transporte. 

Con todo, la Ley Bases que ha aprobado el Congreso incluye una reforma laboral que elimina derechos adquiridos de los trabajadores y beneficia a los empleadores que hayan evadido los aportes tributarios laborales. Voces expertas señalan que se trata de una flexibilización del mercado laboral, ya que establece que se podrá despedir con justa causa a trabajadores que bloqueen o tomen empresas en demanda de reivindicaciones laborales, incorpora la figura del “colaborador” sin relación de dependencia, amplía el período de prueba y autoriza a reemplazar el régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral mediante un acuerdo entre sindicatos y cámaras empresariales. 

Así, con la Ley Bases, el líder ultraderechista ha conseguido las herramientas que venía reclamando para avanzar con su plan de gobierno. Gracias a las facultades delegadas que los diputados y senadores le otorgaron, el mandatario va a llevar adelante una “reestructuración del Estado”. Desde Casa Rosada se jactan de que “hay infinidad de organismos y programas que van a eliminar”. En ese proceso habrá más despidos. La meta del gobierno siguen siendo los 70 mil empleados estatales que anunció el mandatario argentino.

Con normas que habilitan privatizar organismos públicos y beneficiar a los sectores más poderosos del país y del exterior, Milei amplía su margen de acción para hacer libre mercado a costa de las clases medias y bajas.