Cuando el presidente Emmanuel Macron decidió pulsar el botón de disolución de la Asamblea Nacional tras la apabullante victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas, los partidos de izquierda franceses se pusieron rápidamente manos a la obra y dejaron sus muchas diferencias de lado para formar el Nuevo Frente Popular (NFP).

Aún estaba lejos el triunfo en las urnas, que, contra todos los pronósticos, acabó materializándose en la segunda vuelta de las legislativas el 7 de julio, abriendo paso a dos semanas de intensas negociaciones entre los socios de izquierda para elegir a su candidata a primera ministra. La incógnita ya se ha despejado: la apuesta es Lucie Castets, alta funcionaria y portavoz del colectivo Nuestros Servicios Públicos. Si Macron accede a designarla, necesitará el respaldo suficiente en la Asamblea Nacional para sacar propuestas adelante. El NFP es el primer bloque parlamentario, pero está lejos de la mayoría absoluta de 289 diputados. Por el momento, Castets ha descartado “una coalición con el bando presidencial es imposible”, debido a los “profundos desacuerdos” y ha insistido en que su brújula será el programa de la coalición de izquierdas. “La idea es convencer texto tras texto, ley tras ley”, ha asegurado la candidata de 37 años.

Pero, ¿a qué se ha comprometido la coalición progresista si llega al poder? En un documento de 26 páginas que denomina “contrato de legislatura” incluyen medidas escalonadas en el tiempo –diferencia entre aquellas propuestas a aplicar en los primeros 15 y 100 días–. “El Gobierno del Nuevo Frente Popular tendrá una sola prioridad en cuanto se instale: responder a las urgencias que dañan la vida y la confianza de los franceses. Pondremos fin al maltrato y a los abusos de los años Macron”, señala el Nuevo Frente Popular.

Las propuestas más emblemáticas de la alianza progresista son de carácter económico y tienen que ver con el poder adquisitivo, un tema que, en estos momentos, según las encuestas, es la preocupación número uno de los franceses.

En este sentido, la medida estrella es elevar el salario mínimo a 1.600 euros netos al mes (frente a los algo menos de 1.400 euros mensuales netos actuales). Para defender esta propuesta, varios líderes del Nuevo Frente Popular, como el socialista Olivier Faure o la ecologista Marine Tondelier, han puesto frecuentemente como ejemplo el caso español para mostrar que es posible aumentar el salario mínimo sin afectar al empleo ni a la economía. Según han indicado, los salarios mínimos suponen el 2% de la masa salarial del país y que la mayoría de sus receptores son mujeres.

Además, el NFP se ha comprometido a elevar el subsidio por discapacidad al nivel del salario mínimo y a indexar los sueldos a la inflación como parte de una “gran ley sobre el poder adquisitivo”, así como a incrementar un 10% el índice que sirve como base para calcular el salario bruto de los funcionarios públicos.

Otra de las principales medidas que la alianza defiende para combatir la crisis del costo de vida es congelar los precios de determinados productos de primera necesidad alimenticios, energéticos y carburantes. Por otro lado, quieren suprimir el impuesto del 10% en la factura energética y revertir la subida del precio del gas.

Una de las grandes banderas es la derogación inmediata de la impopular reforma de las pensiones aprobada por decreto el año pasado por Macron, que aplazó la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años desencadenando una ola de protestas masivas en el país. Esta ha sido una de las grandes cuestiones sobre las que han interrogado a Castets en los últimos días. La candidata del NFP ha sugerido que, en caso de acceder al poder, podrían aplazar la aplicación mediante un decreto y luego se estudiaría en una segunda fase un texto que la derogue definitivamente.

El Nuevo Frente Popular pretende “reafirmar el objetivo común del derecho a jubilarse a los 60 años”, aunque sus líderes han dicho que habría que negociarlo con los interlocutores sociales y discutir otros parámetros como el nivel de pensión o los años de cotización. Otra propuesta que han presentado es revertir las reformas del seguro de paro, que endurecen las condiciones para poder cobrar el subsidio.

La alianza ha prometido aumentar progresivamente el gasto público, pero compensar el incremento con subidas de impuestos. Uno de sus objetivos declarados en el programa “suprimir los privilegios de los multimillonarios”, aprobando –el 4 de agosto, escriben– un proyecto de ley para “una política fiscal justa”, en general, reformando los impuestos para que sean más progresivos. Son partidarios de gravar los “superbeneficios” de las empresas y proponen establecer 14 tramos en el impuesto sobre la renta. “Los que ganen menos de 4.000 euros al mes pagarán menos impuestos. Los demás pagarán más”, ha dicho la eurodiputada de Francia Insumisa Manon Aubry.

Además, los partidos abogan por restablecer –con una nueva dimensión medioambiental– el Impuesto sobre las Fortunas (ISF) que Macron eliminó cuando llegó al Elíseo en 2017 para atraer inversores y evitar la salida de ricos que se domicilian en el extranjero para pagar menos impuestos; aumentar la tributación de las herencias y suprimir la llamada 'flat tax' que permite a los que reciben rendimientos de capital aplicarse un tipo fijo y no progresivo, una medida definida por la izquierda como un “regalo fiscal a los más ricos”. También se compromete a “hacer de la lucha contra la evasión y la elusión fiscales una prioridad”.

El Nuevo Frente Popular también apuesta por la construcción de viviendas sociales “revirtiendo los recortes de Macron”. En este sentido, se comprometen a construir 200.000 unidades de vivienda pública por año “durante cinco años con los estándares ecológicos más ambiciosos”. Por otro lado, aspira a aumentar la ayuda personalizada para vivienda en un 10% y a imponer “un control obligatorio de los alquileres en las zonas en tensión, así como de los precios del suelo”.

Otro gran eje de la campaña de la coalición progresista ha sido la defensa de los servicios públicos, la gran bandera de Castets y la organización de funcionarios que cofundó. En el programa, los partidos del NFP abogan por avanzar en el proyecto hacia “una educación escolar totalmente gratuita” –incluido el material, transporte, actividades extraescolares y servicio de comedor–. Defienden reducir el número de alumnos por clase –“mejorando la media europea de 19 estudiantes por clase”– e invertir en el sistema educativo nacional “a la altura de las necesidades”, en particular mediante la mejora de las escalas salariales y un aumento del personal.

En cuanto a la sanidad, se comprometen a “salvar a los hospitales públicos de la saturación”, proponen que se mejore el trabajo nocturno y de fin de semana del personal así como el inicio de un plan plurianual para contratar profesionales sanitarios. Asimismo, son favorables a “regular la instalación de médicos” en los 'desiertos médicos', es decir, zonas donde no hay acceso al sistema de salud.

Además, el programa pide la puesta en marcha de un plan climático para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050. Los partidos apuestan por el aislamiento de las viviendas y la renovación de los edificios públicos, así como por reforzar los sectores franceses y europeos de producción de energías renovables –con el objetivo, en sus palabras, de que Francia se convierta en el líder europeo en energía marina–. El programa común no formula ninguna propuesta sobre la energía nuclear, un tema que sigue sembrando división dentro de la izquierda.

El texto recoge un catálogo de medidas sobre los derechos de las mujeres, entre ellas aprobar una ley integral para combatir la violencia sexual y de género aumentando el presupuesto a 2.600 millones de euros o crear un permiso menstrual que se aplicaría tanto a empresas como a administraciones –en España las bajas menstruales entraron en vigor en junio de 2023–.

En materia de derechos LGTBI, desean agilizar los trámites del sistema de cambio legal de sexo en el país, recogiendo la propuesta de que pueda ser ante un funcionario del registro civil, libre y gratuitamente. El programa también prevé aumentar los recursos sanitarios para las transiciones y hacer accesible la reproducción médicamente asistida a las personas trans. De manera más general, la unión de izquierda pone por escrito su intención de “hacer frente a la ofensiva transfóbica” y promete “un plan para erradicar la violencia contra las personas LGTBIQ”.

En lo relativo a los derechos de las personas migrantes, el Nuevo Frente Popular quiere derogar la ley de inmigración aprobada durante el segundo mandato de Macron y modelada por las exigencias de la derecha. Propone “facilitar el acceso a los visados, regularizar la situación de los trabajadores, estudiantes y padres de niños escolarizados, e introducir un permiso de residencia de diez años como documento normal de residencia”. La coalición también defiende crear un estatuto para los “desplazados climáticos”, establecer una agencia de salvamento marítimo e impulsar las vías legales y seguras para migrar. En un momento en el que la extrema derecha ha convertido la supresión del derecho de suelo (por el que una persona obtiene la nacionalidad si ha nacido en el país) en uno de sus mayores caballos de batalla, la unión progresista aboga por garantizar este derecho a los niños nacidos en Francia y facilitar la obtención de la nacionalidad francesa.

En el marco de la lucha contra el racismo, la alianza aspira a instalar un observatorio contra la discriminación así como poner en marcha un plan interministerial contra el antisemitismo y otro contra la islamofobia.

En el ámbito internacional, el NFP se muestra a favor de promover la diplomacia francesa “al servicio de la paz”. El programa de la coalición de izquierdas incluye la necesidad de “defender sin fisuras la soberanía y la libertad del pueblo de Ucrania y la integridad de sus fronteras”, en particular “entregando las armas necesarias”, cancelando su deuda externa o trabajando “por el retorno de la paz”.

También reclama “el reconocimiento inmediato del Estado de Palestina junto al Estado de Israel”, decretar un embargo de armas a Israel y “romper con el apoyo culpable del Gobierno francés al gobierno supremacista de extrema derecha de Netanyahu para imponer un alto el fuego inmediato en Gaza y garantizar el cumplimiento de la orden de la CIJ [Corte Internacional de Justicia], que evoca sin ambigüedad un riesgo de genocidio”. Asimismo, defienden “actuar en favor de la liberación de los rehenes retenidos desde las masacres terroristas de Hamás, cuyo proyecto teocrático” rechazan, además de pedir “la liberación de los presos políticos palestinos”.

Durante la campaña electoral, el Nuevo Frente Popular ha sido etiquetado de forma habitual como “extrema izquierda” por una gran parte del campo político, desde los macronistas hasta la derecha tradicional, una categoría que también se ha usado en un intento de denostar sus propuestas. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, llegó a decir que el programa de la unión de izquierdas es una “locura total” y “la garantía de un colapso económico”, un “desempleo masivo” y “una salida de la Unión Europea”. Dentro del bloque, Francia Insumisa ha sido especialmente blanco de una demonización por parte de sus detractores del espectro del centro y la derecha, que piden bloquear cualquier intento del partido de acceder al gobierno. Durante gran parte de la campaña, Macron marcó el tono al equiparar a “los dos extremos” –comparando a la coalición progresista con la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen– y al afirmar que pueden conducir a Francia a la “guerra civil”.

“Es infundada, pero esta demonización forma parte de una estrategia electoral fácilmente identificable”, explica a elDiario.es Aurélien Dubuisson, investigador asociado del centro de historia de Sciences Po y autor de La extrema izquierda en Francia. “Actualmente en Francia, la situación es tripartita: el Nuevo Frente Popular a la izquierda, Renacimiento en el centro y Agrupación Nacional en la extrema derecha. Renacimiento, el partido de Emmanuel Macron, atraviesa dificultades. Para superarlas en época electoral, Renacimiento optó por presentarse como una opción razonable frente a los 'extremos' que serían Agrupación Nacional y el NFP. RN es un partido de extrema derecha, pero el NFP no es una coalición extrema”.

El experto, que publicó un artículo en The Conversation sobre esta cuestión, sostiene que “la extrema izquierda en Francia, todas las corrientes combinadas, se caracteriza por su deseo de derrocar al capitalismo mediante una revolución”. “No es el proyecto del Nuevo Frente Popular, que solo desea aplicar una política keynesiana de relanzamiento de la actividad económica gracias, por ejemplo, al aumento del salario mínimo a 1.600 euros”, agrega.

A su juicio, el programa del Nuevo Frente Popular no es “especialmente ambicioso” si se atiende a medidas como el bloqueo de los precios de los productos de primera necesidad, la derogación de la reforma de las pensiones o la fiscalidad de los ultrarricos. “Este programa es menos ambicioso que el de Francia Insumisa o incluso que el de Nupes –la coalición de izquierda de las anteriores elecciones legislativas de 2022– porque se ha reequilibrado la relación de fuerzas en la izquierda: Francia Insumisa y el Partido Socialista tienen casi el mismo número de parlamentarios, lo que explica también las interminables discusiones en torno a la designación del posible futuro primer ministro”.

Para Dubuisson, lo que puede plantear problemas no es el programa, sino la aritmética en la Asamblea Nacional. “El Nuevo Frente Popular no dispone de mayoría absoluta y los tres bloques (NFP; Renacimiento/LR; RN) están equilibrados. En este caso, solo podemos imaginar alianzas para votar a favor de las medidas del futuro gobierno. Pero entonces, ¿qué alianzas? No va a ser sencillo”, concluye.