Como gobiernos progresistas de la región, todos estaban esperando la posición de Brasil, Colombia y México. Muchos les han acusado de “tibios” por criticar, pero por no romper puentes.

México no participó en la sesión que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó el miércoles de esta semana para abordar la crisis venezolana y Brasil y Colombia se abstuvieron en la votación. Esto hizo fracasar una resolución conjunta para presionar al Gobierno de Maduro.

Mientras EEUU dice que se le “acaba la paciencia” y reconoce la victoria de la oposición ante lo que considera una “evidencia abrumadora”, los tres gobiernos progresistas latinoamericanos actúan con cautela intentando presionar a Maduro y lograr una salida negociada a la crisis venezolana.

El jueves, el presidente colombiano, Gustavo Petro; el mexicano, Andrés Manuel López Obrador; y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron por videoconferencia para abordar la situación en Venezuela. De esta reunión salió un comunicado que marca la posición de los tres países latinoamericanos.

Unas horas después llegaba el comunicado, en el que apelan a las autoridades electorales venezolanas a que “avancen de forma expedita” y den a conocer los resultados desglosados por mesa de votación.

México, Colombia y Brasil aseguran que las controversias sobre el proceso electoral “deben ser dirimidas por la vía institucional” y llaman “a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos”.

Para este sábado se han convocado dos concentraciones masivas. Una, de la oposición, a las 10 de la mañana y otra, del chavismo, que Maduro aseguró que será “la madre de todas las marchas”.

El comunicado de México, Colombia y Brasil recuerda que mantienen su respeto a “la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela” y cierra con una oferta: “nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano”. Una oferta que ni EEUU ni el conjunto de la OEA parecen dispuestos a presentar.

Según contaron durante la propia sesión de la OEA algunos embajadores, las tensiones se generaron por una frase en la resolución que pedía que se llevara a cabo una “verificación integral” de los resultados “en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados”. A su vez, el lenguaje de este artículo aseguraba que la petición de verificar los resultados había sido hecha ya por “los actores políticos venezolanos relevantes”.

Los países que se abstuvieron en la votación pidieron retirar este artículo para dar su apoyo a la resolución, según contó a EFE una fuente diplomática.

Tras varios días de atronador silencio, Petro publicó un primer comunicado el miércoles en el que se ofreció como mediador y, tras la sesión de la OEA, recordó que su gobierno aboga por “mantener el diálogo entre las partes” y “alcanzar un acuerdo”.

Además, el presidente colombiano dijo el jueves que había hablado con el mandatario chileno, Gabriel Boric, para fortalecer a este grupo latinoamericano de gobiernos progresistas.

“Concordamos que es fundamental que se respete íntegramente la soberanía del pueblo venezolano y que a la brevedad se trasparenten los resultados de la elección mediante una verificación imparcial. Trabajaremos juntos para colaborar en que la paz y la democracia prevalezcan en nuestra América”, confirmaba Boric poco después.

Chile ha sido de los países más críticos con la opacidad del CNE y su reticencia a entregar las actas.

Tras el primer comunicado de Petro, Nicolás Maduro, que ha lanzado duras críticas a todos aquellos que han cuestionado el escrutinio, se mostró más templado con el líder colombiano. “Tengo un buen nivel de diálogo con el presidente Petro (...) tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas”, dijo Maduro.

Según expertos consultados por este medio, la postura de México, Colombia y Brasil es una evidencia de que los tres países están abiertos a liderar una negociación.

Para llevarla a cabo, van a ser necesarios “interlocutores válidos”, independientes, que medien en un proceso que va a implicar la aceptación de uno de los dos contrincantes, las condiciones de gobernabilidad y las de salida del poder.

Carmen Beatriz Fernández, experta venezolana en comunicación política y profesora en la Universidad de Navarra, asegura a elDiario.es que “pareciera que quieren hacer un trabajo para que haya alguna suerte de acuerdo político. Lo que no está claro es si ese acuerdo es sobre la base de la salida de Maduro del poder”.

“Estoy seguro que se estará intentando una negociación de parte de estos países y de otros”, dijo Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. “Pero no tengo noticias de que se haya dado y haya algún avance”, añadió.

Fernández ve una serie de escenarios posibles si se logra negociar con Maduro.

El primero es que el gobierno acepte una auditoría internacional independiente, “que podría hacer el Centro Carter o Naciones Unidas”. El Centro Carter se pronunció esta semana en una declaración en la que aseguró que las elecciones no fueron democráticas.

Tras esta auditoría, si Maduro ha perdido, se podría acordar una transición, “donde él salga del poder, se le allane el camino y se le ofrezca seguridad para que pueda hacerlo con cierta confianza”. Por ejemplo, explica Fernández, parte de esa confianza podría pasar por levantar la orden de captura de Estados Unidos en contra de Maduro, que incluye una recompensa de 15 millones de dólares.

En el otro escenario que contempla la especialista, jugaría un papel importante el recurso que el mandatario venezolano presentó este miércoles ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano afín al oficialismo.

“La opción de negociación que más le convendría a Maduro es que la Sala Electoral sea la que valide el resultado. Puede ser una táctica dilatoria mientras la represión acalla las manifestaciones”, analiza Fernández. Si optan por esta vía, el Supremo podría validar el resultado o inclinarse por ordenar que se repitan las elecciones. El TSJ ya ha admitido el recurso.

Los expertos consultados aseguran que estas mediaciones, con un Maduro atrincherado, no serán fáciles.

Juan Barreto Cipriani, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido oficialista, publicó en su cuenta de X el lunes que Maduro ha puesto “la vara alta” para tener una posición de fuerza y de ventaja desde la que negociar.

Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), se había comprometido a esto el domingo a medianoche, cuando aseguró que Nicolás Maduro había sido reelegido con el 51,2% de los votos y el 80% de las actas revisadas.

Sin embargo, la página del CNE dejó de estar operativa desde el lunes y ni la autoridad electoral ni Maduro han dado muestras de que vayan a hacer públicos los resultados a pesar de la presión internacional.

El país acumula, según datos de la organización Foro Penal, 711 detenciones (de los que 74 son adolescentes) y 11 personas fallecidas a causa de las manifestaciones. Maduro aseguró el jueves que hay 1.200 capturados que serán enviados a cárceles de máxima seguridad: “¡Y vamos por 1.000 más!”.

El partido opositor Vente Venezuela denunció en la madrugada del jueves al viernes que esta madrugada, la sede del Comando Nacional de Campaña de María Corina Machado y su oficina fueron asaltadas. Machado publicó el jueves en The Wall Street Journal que teme por su vida y se encuentra “en la clandestinidad”