Joe Biden quiere reformar el Tribunal Supremo y añadir una enmienda a la Constitución para eliminar la inmunidad presidencial reconocida por la corte en el caso que afectó a Donald Trump.

El Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial del sistema estadounidense. Crea jurisdicción y es el encargado de interpretar la Constitución. Aunque una ley haya sido aprobada por el Congreso y firmada por el presidente, si el alto tribunal considera que es inconstitucional, puede tumbarla. Sus decisiones no pueden ser recurridas ante ninguna autoridad, ya que es el árbitro judicial final en asuntos de derecho federal.

Solo ha habido otro presidente que intentó reformar el Supremo: Franklin D. Roosevelt. “Era el presidente más popular que por entonces tenía el país desde Lincoln y se quemó los dedos al intentarlo. Desde entonces es sabido que no es buena idea para un presidente ir contra el Tribunal Supremo”, dice a elDiario.es Lawrence B. Solum, profesor de Derecho en la Universidad de Virginia y especializado en teoría constitucional y filosofía del derecho.

Cuando se creó el Supremo estadounidense, se decidió que estaría compuesto por nueve magistrados, los cuales ocuparían el cargo de forma vitalicia como una manera de asegurar su independencia. Lo que propuso Roosevelt en 1937 era poder nombrar un juez adicional por cada miembro mayor de 70 años, de modo que el número de jueces podría aumentar hasta a 18. La iniciativa surgió después de que el Supremo dictara fallos contrarios a su legislación del New Deal, pero nunca salió adelante.

Además de la enmienda, que quiere llamar 'Nadie está por encima de la ley', Biden propone ahora un cambio de calado, que los jueces solo ocupen el cargo durante 18 años (en lugar de toda la vida), así como establecer un código de conducta ética que, entre otras medidas, obligaría a los magistrados a revelar los regalos recibidos y a abstenerse de actividades políticas públicas. 

Esta última iniciativa surge a raíz de una investigación de ProPublica que destapó que el juez conservador Clarence Thomas había aceptado lujosos regalos de multimillonarios que también habían donado dinero a la causa republicana. Asimismo, poco antes de que el Supremo hiciera pública la sentencia sobre la inmunidad parcial de Trump, salieron a la luz unas polémicas imágenes de la bandera estadounidense colgada bocabajo en la casa del juez conservador Samuel Alito poco antes de la investidura de Biden en enero de 2021. La bandera al revés era un símbolo que portaban muchos de los participantes durante el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 para expresar su rechazo al resultado electoral. Alito negó que el gesto estuviera vinculado con esa simbología.

A pesar de que originalmente el carácter vitalicio de los jueces del Supremo tiene como finalidad garantizar la independencia del poder judicial, el nombramiento de los magistrados también se ha acabado convirtiendo en una herramienta para blindar la continuidad de las políticas presidenciales una vez ya ha terminado el mandato.

Un ejemplo claro en este sentido es la derogación de Roe contra Wade en junio de 2022. Cuando los seis jueces conservadores decidieron revocar la histórica sentencia que protegía el derecho al aborto a nivel federal, Trump ya no estaba en el poder, pero aun así se estaba dando curso a su agenda. El propio expresidente ha sacado pecho de ello diciendo que si ahora se puede perseguir el aborto en el país es gracias a que él designó tres de los seis jueces conservadores que hay en el Supremo. Durante el mandato de Trump se dio la circunstancia a su favor de que quedaran tres vacantes en el alto tribunal, y cuando esto ocurre, es el presidente del momento quien decide que jueces toman el relevo. 

“Trump tuvo tres nombramientos en un solo mandato. Eso es mucho. El presidente Carter no tuvo ningún nombramiento en un solo mandato”, explica Solum. Esto también implica que un presidente que solo haya estado una vez en el poder puede llegar a definir durante años la composición del Supremo. 

Para evitar estas descompensaciones, Biden quiere que los jueces del Supremo tengan que renovarse cada 18 años, de manera que en cada presidencia se elija a dos nuevos magistrados. “Esto evitaría la posibilidad de que un presidente tenga un número muy grande de nombramientos. De este modo, el Supremo sería más equilibrado y reflejaría en manos de quien ha estado la presidencia durante los últimos 18 años”, expone el profesor. Si esta medida ya hubiera existido antes, se habría podido evitar que actualmente los jueces conservadores acapararan la mayoría. 

En su libro La dictadura de la minoría Daniel Ziblatt y Steven Levitsky teorizan acerca de cómo Estados Unidos mantiene instituciones que la convierten en una democracia contramayoritaria y, entre los ejemplos que citan, exponen que es la única democracia del mundo en la que los jueces del Supremo ejercen su cargo de por vida –aunque esto es diferente cuando se observan los tribunales supremos de los estados–. A juicio de los autores, que subrayan que estas instituciones privilegian sistemáticamente a los republicanos, una de las razones por las que el país se ha convertido en un caso así de atípico es por lo difícil que resulta cambiar la Constitución estadounidense.

En un artículo en el Washington Post, el propio presidente ha explicado que quiere cambiar el funcionamiento del Supremo para “garantizar que ningún presidente esté por encima de la ley”. “Podemos y debemos impedir el abuso de poder presidencial y restaurar la fe de los ciudadanos en nuestro sistema judicial”, dice, antes de indicar que quiere promulgar la enmienda constitucional que dejaría claro que “que no existe inmunidad para los delitos cometidos por un expresidente durante su mandato”.

Si Trump no hubiera tenido la oportunidad de blindar durante años la mayoría conservadora en el Supremo, es probable que tampoco hubiera presentado la cuestión de la inmunidad ante el alto tribunal. En el fallo que se la reconoció parcialmente, que contó con los tres votos en contra de las magistradas progresistas, la juez Sonia Sotomayor avisó de que ahora el expresidente se convertiría en “un rey por encima de la ley”. 

Solum, que hace hincapié en que que ningún presidente “ha sido procesado por un crimen antes de Trump”, sostiene que la medida más efectiva para evitar que un presidente abuse del poder es el proceso de impeachment, que debe ser iniciado desde el Congreso. Trump sobrevivió a dos juicios políticos mientras estaba en el cargo.

“Lo que necesitaríamos hacer si el presidente Trump o cualquier otro futuro presidente se involucra en serios abusos de poder, en los que la nación esté de acuerdo en que este comportamiento es atroz, es apartarlos de la presidencia, no iniciar un complejo conjunto de procesamientos criminales que solo comenzarían después de que hayan dejado el cargo”, dice el experto.

Biden puede atreverse a tocar el Supremo porque ya está de salida de la política. “Refleja dos cosas: una, que no es él quien se está postulando para la reelección, así que no tiene nada que perder; y la otra es que el Supremo es menos popular ahora de lo que normalmente ha sido, así que este es un momento de la historia en el que se puede plantear el tema”, reflexiona Solum, aunque añade que “el presidente también sabe que no va a ocurrir”. A diferencia de Roosevelt, que sí que propuso su reforma con la intención de llevarla a cabo, el mandatario demócrata la ha presentado a sabiendas de que no tiene mayoría en el Congreso, ni el apoyo de los estados suficientes. 

“Para empezar, la percepción desde el lado republicano es claramente que esta propuesta está diseñada para proporcionar un mecanismo para limitar el poder del Tribunal Supremo y para atacar a los jueces conservadores”, dice Solum. “Así que yo diría que hay cero posibilidades de que la Cámara de Representantes apruebe esta legislación”.

El código de conducta ético que propone Biden es el único que podría ser aprobado por proceso ordinario, pero eso significa que la ley debe recibir luz verde en ambas cámaras para que el presidente la pueda firmar. En la Cámara de los Representantes, la mayoría la tienen los republicanos. Aunque en el Senado se podría recurrir al mecanismo para sortear el filibusterismo, seguiría siendo necesario obtener el apoyo de senadores republicanos para conseguir los 60 votos mínimos, un hecho que también es poco probable que ocurra.

Para establecer el límite de 18 años de ejercicio en el Supremo sería necesario añadir una enmienda a la Constitución, indica Solum, y solo se puede conseguir de dos maneras: o bien porque dos tercios de los estados lo solicitan (lo que volvería a requerir el apoyo de estados que son republicanos) o que dos tercios de ambas cámaras del Congreso presenten la propuesta. El mismo proceso debería aplicarse en el caso de la enmienda para eliminar la inmunidad de los delitos cometidos por un expresidente durante su mandato. 

No es casual que Biden haya presentado la propuesta cuando ya no es el candidato a la reelección en las presidenciales del 5 de noviembre. La derogación de Roe contra Wade, a la cual aludía en el artículo del Washington Post donde anunció la medida, se produjo hace dos años. Si bien el Supremo no ha reconocido hasta hace poco la inmunidad parcial a Trump, antes del fallo ya tenía motivos para poner en marcha el proceso.

Así, la reforma presentada parece más un mensaje político de lo que se puede esperar de un segundo mandato demócrata que una medida que pueda hacerse efectiva en los próximos meses, según los analistas. “En un futuro podría llegar a aplicarse, pero no ahora”, dice Solum. 

Con este movimiento, Biden aprovecha para apuntarse un tanto en los últimos meses de su presidencia, además permitir que los congresistas demócratas y la presumible nueva candidata, Kamala Harris, puedan utilizar esta propuesta para hacer campaña y recaudar más fondos.