“Bienvenidos al infierno”, le dijo un soldado israelí a Fouad Hassan, marido y padre de cinco hijos procedente de la ciudad palestina de Nablus, en la Cisjordania ocupada.

Hassan es uno de los 55 prisioneros liberados y familiares de reclusos cuyos testimonios recoge el último informe de la ONG israelí B’Tselem, “Bienvenidos al infierno: el Sistema Penitenciario Israelí como una red de campos de tortura”. La organización que defiende los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados denuncia las torturas y malos tratos arbitrarios en los centros penitenciarios que padecen los prisioneros tras los atentados del 7 de octubre de 2023.

Desde el ataque del grupo palestino Hamás contra Israel –en el que fueron asesinadas casi 1.200 personas y secuestradas otras 250– , las condiciones de los presos palestinos han empeorado. “Antes de que empezara la guerra ya estaba recluido en tiendas de campaña en la prisión de Negev, las condiciones eran razonables. Cuando estalló la guerra, me trasladaron con todos los demás reclusos a celdas. Era el 15 de octubre de 2023. Fue entonces cuando nuestro calvario comenzó”.

El testimonio de Sami Khalili, un hombre de 41 años que cumplía condena en prisión desde 2003, es uno de los muchos presos que aseguran el cambio sistémico que se ejerce dentro del Servicio de Prisiones de Israel (IPS, por sus siglas en inglés). Según B'Tselem, fue una oportunidad para promover la “ideología racista” del Gobierno ultraderechista de Israel y de su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

En un mensaje publicado en redes sociales, Ben Gvir aseguró que desde que asumió el cargo, uno de sus objetivos es “empeorar las condiciones de los terroristas en las prisiones”. En este mismo mensaje, aseguró que se había iniciado un proyecto de “construcción de nuevas prisiones” aunque eso no suponga el fin de la “sobrepoblación” en las celdas. Como medida para poner fin a la “masificación” de los detenidos, el ministro también proponía una “solución más sencilla: promulgar la pena de muerte”. 

“El domingo 5 de noviembre de 2023 [...] nos llevaron a un patio exterior entre los pabellones. Metieron a algunos presos en las duchas, cerraron las puertas y los golpearon durante unos dos minutos. Cuando llegó mi turno, me llevaron al comedor, pero esta vez en el ala 6. Había algunos guardias que conocía. No estaban enmascarados. Uno de ellos me dijo: ”Recuerda mi cara para que no me olvides“. 

A.H., que ha preferido mantenerse en el anonimato, es un joven de unos veinte años y padre de un hijo residente en Hebrón (Cisjordania). Junto a sus compañeros, fue brutalmente torturado durante su paso por la prisión: “Me desnudaron a la fuerza, me quitaron los pantalones y la ropa interior, y me ataron la camisa a la cabeza como si fuera una máscara. Luego me golpearon los testículos con fuerza”. Mientras a A.H. le golpeaban, otros dos presos fueron traídos para presenciar la violencia: “Les tiraron del pelo para levantarles la cabeza y les obligaron a abrir los ojos para mirarme”, cuenta. 

El informe también recopila el uso contra los prisioneros de spray de pimienta, granadas aturdidoras, palos, porras de madera y metálicas, culatas y cañones de pistola, nudillos de latón y pistolas paralizantes, perros de ataque, palizas, puñetazos y patadas. Estas herramientas y métodos “se aplican en todos los centros penitenciarios y a todos los presos palestinos”. 

Aparte de las torturas físicas y psicológicas, se les priva del sueño, de la asistencia médica, del acceso al agua y a alimentos, y se les confiscan todas las pertenencias personales. Algunos testimonios también aseguran haber sido víctimas de violencia sexual e intimidación.

Musa 'Aasi, de 58 años, padre de cinco hijos y residente de Ramalá (Cisjordania) estuvo recluido en el centro de detención de Etzion y en las prisiones de Nafha y Negev. Relata que, para comer, los guardias les daban “alrededor de un kilo de arroz para doce detenidos, lo que equivale a unas tres cucharadas cada uno. El arroz estaba a medio cocer. Algunos días, cada detenido recibía dos pequeñas salchichas o una normal con el arroz. Una vez nos trajeron schnitzel de pollo, pero no volvieron a hacerlo”, asegura. “Nos dijeron que no querían desperdiciar proteínas con nosotros”. 

Según B'Tselem, 60 personas han muerto bajo custodia israelí. Sociedad de Prisioneros Palestinos ha logrado a 21 personas que fallecieron en las cárceles, en su mayoría por tortura, falta de asistencia médica y hambre pese a que existe una cifra mayor de personas cuya identificación aún no ha sido posible.

Arafat Hamdan, un joven diabético de 24 años procedente de Beit Sira (Cisjordania) que dependía de tratamiento con insulina, fue hallado muerto en su celda de la prisión Ofer el 24 de octubre de 2023, dos días después de su detención. Según los testimonios, a Arafat Hamdan, así como a Muhammad Al Sabbar –un joven de 20 años del sur de Hebrón que padecía una enfermedad intestinal que requería una dieta especial–, se les negó el tratamiento médico que necesitaban.

Muhammad Al Sabbar fue detenido en mayo de 2022. Recibía el tratamiento que requería, pero después del 7 de octubre la falta de variedad en la alimentación repercutió sobre su salud, que se deterioró rápidamente. “Llegó al punto en el que no podía ni ir al baño. Lo transfirieron a otra celda y, una semana después, murió”, cuenta A.A., quién fue su compañero de celda. La falta de una nutrición adecuada, la escasa atención médica y el desprecio descarado por su estado acabaron por causarle la muerte el 8 de febrero de 2024. Todas estas prácticas violan las principales leyes del derecho internacional en relación a los tratos de las personas privadas de libertad, asegura la organización.

La clasificación de un preso como recluso “de seguridad” conlleva unas malas condiciones de encarcelamiento, tal y como sufrieron en sus carnes algunos testigos del informe. Según la IPS, los presos “de seguridad” están sujetos a restricciones de contacto con el mundo exterior, incluidos los permisos penitenciarios, las visitas, conyugales y de otro tipo, y las llamadas telefónicas.

Después del 7 de octubre, las limitadas vías de que disponían los presos para mantener algún tipo de contacto con el mundo exterior también fueron rápidamente denegadas. Se cancelaron por completo las visitas familiares y se denegaron las reuniones con el abogado durante periodos cada vez más largos, de hasta 180 días, con el pretexto de las “necesidades dinámicas sobre el terreno”. 

“No teníamos contacto con nadie del exterior. Ni con Cruz Roja”, asegura Musa 'Aasi. “Ninguno de los detenidos sabía de qué era sospechoso y todos se encontraban en un estado de tensión e incertidumbre. Tampoco había visitas familiares”. Según el informe, la mayoría de los entrevistados no vieron a sus abogados ni una sola vez durante todo su encarcelamiento. 

Otra categoría controvertida que señala el informe es la de “combatiente ilegal”. Aunque esta no exista en los tratados internacionales, según la legislación israelí, esta clasificación es para personas que han “participado directa o indirectamente en actos hostiles contra el Estado de Israel o es miembro de una fuerza que perpetra actos hostiles contra el Estado de Israel”. Definirlos como tales permitió a Israel retenerlos durante periodos de tiempo extremadamente largos sin ningún tipo de revisión externa, aunque, según varias organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Cruz Roja, esto “viola de forma significativa y grave la libertad personal del preso”. 

Desde la Guerra de los Seis Días, Israel ha encarcelado a más de 800.000 hombres y mujeres palestinos de Cisjordania incluido Jerusalén Este) y la Franja de Gaza. Un dato que supone alrededor del 20% de la población total y cerca del 40% de todos los hombres palestinos, denuncia el informe. Semanas después del ataque de Hamás, la Sociedad de Prisioneros Palestinos aseguraba que “unas 3000 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad israelíes”. Muchos de ellos, estaban retenidos bajo el régimen de detención administrativa, “un procedimiento que permite a las autoridades detener a personas de manera indefinida sin presentar cargos en su contra o establecer fecha para su juicio”.

El informe también recoge datos publicados por Hamoked, un Centro para la Defensa del Individuo fundado en 1988 tras el estallido de la primera intifada palestina. Esta organización ha concluido que Israel, este mes de agosto, retiene a 2.074 prisioneros sentenciados, 2.791 en prisión preventiva y 3.431 detenidos arbitrariamente, aparte de 1.584 combatientes ilegales. A principios de julio, 9.623 palestinos estaban recluidos en prisiones y centros de detención israelíes, casi el doble que justo antes de que comenzara la guerra en Gaza. Según la organización, 4,781 de ellos estaban clasificados como “detenidos arbitrarios”. Según los últimos datos publicados por la Sociedad de Prisioneros Palestinos, a fecha de publicación de este artículo, la cifra de detenidos desde el 7 de octubre asciende a 9.970 personas.