La bandera de España ondea desde esta semana en la embajada de República Dominicana en Venezuela que, tras la expulsión de todos sus diplomáticos, ya no tiene a nadie dentro.

Todos los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay recibieron tan solo un día después de las elecciones en Venezuela una orden de expulsión ante lo que Maduro considera “acciones injerencistas” por no reconocer los polémicos resultados oficiales.

Muchos otros países se resisten a reconocer públicamente la victoria de Maduro, pero han evitado volar los puentes con el chavismo para mantener abierta la posibilidad de una salida negociada.

Según el tratado internacional que regula las relaciones entre Estados —la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas—, un país puede expulsar a los diplomáticos de otro estado sin ninguna justificación. “El Estado receptor [Venezuela] podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata o que no es aceptable”, sostiene el Artículo 9. “El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión”.

En estos casos, el país representado en Venezuela está obligado a cumplir. “Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones [de la expulsión], el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate”, sostiene el tratado.

Desde su expulsión, algunos países iniciaron contactos con Estados amigos —y aceptados por Venezuela— para defender sus embajadas y sus intereses en el país. Se trata de una medida que también está recogida en el tratado sobre relaciones diplomáticas.

El Gobierno progresista de Brasil, por ejemplo, que ha pedido las actas del recuento a Maduro, pero que a su vez se mantiene como uno de los principales mediadores que busca una salida negociada entre Gobierno y oposición, se ha hecho cargo de las embajadas de Perú y de Argentina, a pesar de la enorme distancia ideológica que les separa, especialmente con el gobierno ultraderechista de Javier Milei.

España hace lo propio con República Dominicana, que no tenía embajador en el país desde 2018 —el encargado de negocios estaba al mando de la representación diplomática—. “España siempre estará a disposición de todos los países y todos los pueblos hermanos de América Latina”, afirmó el martes el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares.

“En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor”, señala el tratado. “El Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor”, añade el texto, que recuerda que el país receptor, en este caso Venezuela, está obligado a respetar y proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y archivos.

Venezuela, por tanto, ha aceptado que Brasil y España adopten ese papel de protector. Albares ha mantenido esta semana contactos tanto con el Gobierno como con la oposición, asegurando que España “trabaja para conseguir una solución dialogada”.

Fuentes diplomáticas españolas aclaran que la protección de la embajada dominicana no significa que el personal diplomático español se traslade a la representación de la República Dominicana para ocupar los edificios, aunque puede que vaya alguien a recoger correspondencia, por ejemplo. “Lo que ocurre es que cualquier gestión diplomática o política que te pida la República Dominicana se hace desde la embajada española: notas verbales, problemas con algún ciudadano…”.

“El Gobierno español custodiará los locales de las sedes de la Embajada y el Consulado General de República Dominiana en Caracas, así como los bienes y archivos propiedad del Estado dominicano que se encuentran en esa nación. En lo adelante se prevé discutir otros alcances de esta colaboración”, ha señalado el ministerio de Exteriores dominicano en un comunicado en el que agradece a España el gesto.

Más delicada es la situación de Brasil con la embajada argentina en Venezuela, ya que allí se encuentran refugiados seis opositores colaboradores de María Corina Machado y que tienen una orden de detención de la Fiscalía —acusada por organismos internacionales y ONG de detenciones arbitrarias—. Brasil mantiene su protección pero, según informa el periódico argentino Clarín, les ha solicitado que no hagan política mientras estén a su resguardo.

Según informa el periódico, los líderes opositores se han quedado solos en la embajada argentina, país que les paga, además, una guardia privada de 24 horas. Brasil, por su parte, ha ordenado a sus trabajadores no tomar contacto con ellos.