“Bienvenido el fin del patriarcado”. La frase, emblemática, fue pronunciada por Alberto Fernández el 3 de marzo del 2022.

La situación simboliza hoy la hipocresía de muchos varones con poder ligados a partidos de centroizquierda y que, en vez de aceptar la interpelación de los feminismos, tomaron el camino de la simulación. “Es horroroso que un hombre pueda tomar como objeto de divertimento a una mujer, pero eso pasa”, fue parte también del discurso de Alberto Fernández en el ex Centro Cultural Kirchner (CCK), durante la apertura del ciclo 'Nosotras movemos el mundo'. Además de la denuncia por violencia de género, se han filtrado vídeos de periodistas jóvenes a las que el exmandatario filmó en el despacho presidencial de la Casa Rosada (la sede del gobierno) con su teléfono para que le crean, según se lo escucha decir, que tenía vínculo con ellas.

En un país gobernado por la extrema derecha de Javier Milei, que niega la existencia de los feminicidios, el nuevo presidente prohibió la palabra género para hablar de violencia, quitó de la órbita estatal el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del Gobierno anterior y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El Gobierno de Javier Milei creó, a partir de su asunción, el 10 de diciembre del 2023, una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que dependía del Ministerio de Capital Humano. La cerraron apenas seis meses después con el argumento de que había servido “para propagar e imponer una agenda ideológica”. La Línea 144 (utilizada para pedir ayuda) quedó entonces en el área del Ministerio de Justicia, pero con una reducción del 28% de su presupuesto y con el 38% de las operadoras telefónicas despedidas, según un monitoreo de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). El actual Gobierno no solo desmontó lo que ya había hecho el anterior, sino también lo que habían decidido hacer con su propia gestión gubernamental.

El espanto por las supuestas acciones de Alberto Fernández –el fiscal le ha imputado delitos de lesiones graves y amenazas coactivas– no puede provocar una reducción de los recursos para quienes sufren violencia en el presente. La denuncia de Fabiola Yáñez debería, en todo caso, generar más conciencia de la necesidad que tienen las mujeres de ser apoyadas para salir de la violencia, sobre todo, aquellas que no cuentan con recursos propios. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género advirtió que, por la falta de ayuda, hay mujeres que pueden tener que volver a la casa del maltratador si no se revierte el sistema de ayuda a las víctimas que ha sido destruido.

El caso está siendo utilizado por algunos sectores no solo contra Alberto Fernández, sino también contra las políticas públicas para ayudar a las víctimas de violencia y contra los feminismos. La palabra de una mujer que estuvo en el centro del poder y que denuncia maltrato debería despertar conciencia. Sin embargo, solo se usa para criticar a la oposición partidaria y a la oposición social que construyó el feminismo. 

La responsabilidad de un presidente que tenía que velar por los derechos de las mujeres y que durante su gestión jerarquizó las políticas públicas destinadas a la igualdad –el Instituto de las Mujeres pasó a rango de ministerio– es mucho mayor. No es admisible borrar con el brazo lo que se firmó con la mano, ni agredir a una mujer con la misma boca de la que salen discursos por la igualdad de las mujeres.

No todos los hombres progresistas, defensores de los sectores populares o de centroizquierda son asimilables. No todos los hombres son iguales. Pero el nivel de hipocresía en las acciones de un presidente progresista –que cede una alfombra roja a los ataques a la extrema derecha– debe encender la alarma en muchos otros.

La denuncia contra Alberto Fernández es un reflejo del fracaso de muchos hombres a la hora de poner en práctica los valores y decisiones que interpelan a los feminismos para una vida libre de violencia, con más derechos e igualdad y que incomoda a varones de todos los sectores ideológicos, de todas las clases sociales y culturales. Que incomoda a todos los eslabones de poder.

En el Gobierno de Alberto Fernández (2019–2023) se aprobaron medidas con perspectiva de género como el aborto legal, el documento no binario, el cupo laboral trans, la jubilación por tareas de cuidados, el Plan Constructoras –que incorpora a las mujeres al trabajo de la construcción–, además de un fondo de emergencia durante la pandemia que contemplaba especialmente a las trabajadoras domésticas.

El 30 de diciembre del 2020, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. No fue gracias a él, pero sí fue durante su mandato. Por eso, otro suceso que le da mayor gravedad al asunto es que Fabiola Yáñez haya denunciado violencia reproductiva. En una entrevista ella contó que Alberto Fernández la incitó a abortar cuando todavía no había asumido la presidencia e, incluso, antes de su compromiso, que tuvo lugar el 14 de mayo del 2016 en París, y que se hizo público con una foto con dos copas y un anillo en Instagram.  

“No me dirigía la palabra en absoluto. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar”, relató Fabiola Yáñez en un testimonio judicial reproducido por el diario La Nación para explicar que se sintió castigada por su embarazo. Ella también dijo que no podía salir porque la controlaba, que perdió la autoestima por los malos tratos, que la golpeaba y que posteriormente la amenazaba con quitarse la vida si ella hacía la denuncia. Yáñez lo definió como “terrorismo psicológico”.

En Argentina, la Ley 26485 (de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) define la violencia contra la libertad reproductiva como “la que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos”. No es una interpretación. Es una norma.

La violencia psicológica está contextualizada por ley como “la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento”.

La legislación argentina –que Alberto Fernández debería conocer como expresidente, abogado y docente en derecho constitucional– fue sancionada el 11 de marzo del 2009 y estuvo inspirada en la normativa española y en el precepto del gobierno de José Luis Zapatero de priorizar como una cuestión de Estado la violencia machista. En el caso argentino, la primera versión se modernizó con la agregación de la violencia política, la violencia digital y la violencia reproductiva.

Por su parte, el presidente Javier Milei tuiteó sobre la situación de “violencia de género” (un vocablo que no les permitían usar, hasta el estallido de este caso, a los funcionarios del actual Gobierno para no aceptar que existe una violencia que afecta particularmente a las mujeres): “El caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez; esto no quita que ella haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del Gobierno espantoso del kirchnerismo”.

La vicepresidenta, Victoria Villaruel, también utilizó la red social X para dejar asentada sus sensaciones después de escuchar la entrevista a la ex primera dama. “Perdonen por no sentir lástima” y “Pido disculpas por no empatizar” fueron dos de las frases en donde se le reprocha a Yáñez sus viajes, el costo de la custodia argentina en España y la cuarentena estricta impuesta durante la pandemia.

La denuncia de Yáñez cuestiona también la labor institucional. Declaró haber acudido al Ministerio de Mujeres en el que, asegura, no la ayudaron. La exministra de Mujeres Ayelén Mazzina corrió a desmentirlo en X: “Nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama”. Y añadió: “Sigue siendo fundamental sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y que asistan a las víctimas que debemos proteger”.

Pero ahí es precisamente donde está habiendo cambios. El ministerio tenía a su cargo el Plan Acompañar, para atender a víctimas de violencia sin recursos económicos. El importe para impulsar la autonomía económica de las mujeres estaba equiparado al salario mínimo (aproximadamente 197 euros) y se otorgaba durante un período de seis meses.

La ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género monitoreó el desmantelamiento, más allá del organigrama dispuesto por el gobierno actual, del acompañamiento a las víctimas de violencia machista. En 2024 la ayuda apenas ha llegado a 434 mujeres, mientras que en 2023 lo habían recibido 34.023. En lo que va del año se ejecutó un 82% menos del presupuesto de este programa en comparación con el primer semestre del año anterior. Se acompañó a un 98,6% de víctimas menos. Un abismo que no debe empujar al precipicio a quienes se quedan más solas y con menos poder por culpa de quienes ostentan el poder.