El 11 de enero de 2011, unos hombres armados vestidos de policía local sacaron a Roy Rivera de su casa en Nuevo León, en el norte de México.

Este viernes es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su mandato dejando un mal sabor de boca en familias y colectivos. “Pensamos que era real lo que estaba proponiendo, pero fuimos unas ilusas al creer que realmente tenía una intención seria para terminar con esto”, se lamenta Hidalgo. 

Aunque durante décadas en México desaparecieron disidentes políticos en la llamada Guerra Sucia, la crisis estalló cuando, en diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco desplegando al ejército para combatir al crimen organizado y encargarse de la seguridad pública. 

En 2018, López Obrador heredó este problema de sus antecesores. Sin embargo, durante su sexenio es cuando más personas han desaparecido: alrededor de 50.000 según datos oficiales. El próximo 1 de octubre traspasará el poder a Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, con cifra récord de desapariciones, instituciones vacías y el paradigmático caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sin resolver. 

“Crecen los desaparecidos porque crece la violencia en el país y se mantiene la impunidad. Las desapariciones no vienen solas, son parte de un régimen de violencia donde hay homicidios, violencia sexual, tortura…”, señala Sandra Serrano, directora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México tiene 23 homicidios por cada 100.000 habitantes y nueve mujeres son asesinadas cada día. Además, nueve de cada 10 delitos permanecen impunes. 

El medio online ¿A dónde van los desaparecidos? busca “investigar patrones para intentar entender cómo ocurren las desapariciones, la crisis de cuerpos sin identificar y la de los hallazgos de las fosas clandestinas”, cuenta Efraín Tzuc, uno de sus reporteros. Nació en 2018 y han seguido paso a paso el sexenio de López Obrador. “Todo empezó muy bien, había mucha expectativa, se empezaron a hacer cosas interesantes y después va todo para atrás. Siento que estamos en el mismo lugar que cuando empezamos. La seguridad pública sigue militarizada y los grupos de crimen organizado siguen controlando regiones enteras y usando la desaparición como mecanismo de control y de castigo sin que nadie haga nada”, resume Tzuc. “El sexenio de López Obrador en tema de desaparecidos fue una simulación. Nada de lo que hicimos en seis años existe ahora”, evalúa con rotundidad Hidalgo.  

López Obrador no solamente heredó una crisis, también un camino hacia su solución. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada fue un triunfo de familias y colectivos, que la impulsaron para sentar los andamios de la búsqueda, investigación e identificación frente a la falta de acción de la Fiscalía. La Ley fue promulgada durante el Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, pero le tocó a López Obrador echarla a andar desde el comienzo. 

Entre sus primeras acciones conformó la Comisión Nacional de Búsqueda, transfirió dinero de la federación para crear comisiones estatales y se reunió con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a los que prometió que se esclarecería el caso y se haría justicia. También creó una Comisión para el Acceso a la Verdad para este caso y otra para la guerra sucia. 

Esperaban disminuir las desapariciones y localizar más personas, pero eso no ocurrió. A esto se le suma una crisis forense sin igual. La Comisión Nacional de Búsqueda estima que hay casi 3.000 fosas clandestinas en el país. Además, hay casi 50.000 restos humanos sin identificar. El Gobierno creó entonces el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Sin embargo, desde el inicio presentó una gran debilidad institucional y no consiguieron llevar a cabo su misión. “El esfuerzo fue saboteado. El mecanismo no funciona y no es autónomo y creo que terminará desapareciendo”, adelanta Tzuc. El empuje político inicial se fue desinflando con el paso de los años.

Con las elecciones en el horizonte, López Obrador cuestionó las cifras y ordenó un nuevo conteo. El Censo de Personas Desaparecidas bajó entonces en 20.000 que, si bien no disminuye la magnitud de la crisis, es un problema para quienes dejan de estar en el registro. La comisionada de Búsqueda, Karla Quintana, renunció y las familias pusieron el grito en el cielo. “Está falsificado. Mi hijo aparece con cuatro datos de los cuales dos son incorrectos y dicen que no saben si está desaparecido porque no encuentran a la familiar que lo reportó para ratificar que está desaparecido. Es decir, yo. Es una decepción terrible”, lamenta Hidalgo. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada también mostró su preocupación en un informe “porque los datos se están actualizando sin seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda y los estándares internacionales”. 

Tanto la Comisión Nacional de Búsqueda como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fueron perdiendo personal y capacidad de acción. A su vez, las comisiones para la verdad y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigaba Ayotzinapa comenzaron a arrojar resultados que salpicaban al ejército, tanto obstaculizando las pesquisas como participando. 

López Obrador protegió a sus fuerzas armadas y comenzó a atacar entonces al GIEI y a los abogados de los padres y madres de Ayotzinapa. “Algo se sacudió en cuanto a las desapariciones donde hay Ejército”, dice Tzuc. Y es que nadie ha dado tanto poder al Ejército en México como López Obrador: le encargó la construcción de las principales infraestructuras de su gobierno, les dio el control de puertos y aduanas y creó una nueva policía militar –la Guardia Nacional– para encargarse de la seguridad pública. 

El pasado 2 de junio, México eligió a su primera presidenta. Claudia Sheinbaum es cofundadora de MORENA junto a López Obrador, con quien ha colaborado durante dos décadas. Desde la elección de candidatos dentro del partido, Sheinbaum ha encarnado la línea continuista. Durante la campaña no hizo propuestas concretas sobre el tema. Por eso, y por su política en la materia mientras fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, no genera demasiadas esperanzas. 

“La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México estaba muy debilitada y más bien puso el énfasis en la fiscalía para controlar los números, que no crecieran como personas desaparecidas sino que entraran como secuestro”, explica Serrano. Misma estrategia que han querido implementar a nivel nacional.  

A Hidalgo la nueva presidenta tampoco le ilusiona. “En lo único que se puede confiar en el tema de desaparecidos es en lo que hacemos las familias, quienes enterramos las uñas en la tierra. Ellos no los encuentran porque no los buscan”, dice. Y no es una metáfora. Ante la falta de diligencia del Estado, en México hay más de cien colectivos que buscan por su cuenta, sacando recursos de debajo de las piedras y dedicándose en cuerpo y alma a ello. Muchas buscadoras (la mayoría son mujeres) desaparecieron mientras ejercían su labor y, desde 2019, al menos nueve fueron asesinadas. Otras buscan durante años y terminan muriendo sin saber qué pasó. Para ellas el nuevo gobierno no cambia nada, seguirán empuñando sus palas y dando la batalla para que el Estado se haga responsable de esta crisis.