“No he cortado las dos orejas y el rabo”. Josep Borrell tiraba de símil taurino ante las largas que le dieron los ministros de Exteriores de la UE a su intención de sancionar a dos de los ministros israelíes más ultras por los mensajes de odio que han lanzado contra el pueblo palestino.

“Hay un proceso, se ha puesto en marcha, los equipos de trabajo lo analizarán, los juristas intervendrán, analizaremos la gravedad de lo que han dicho o hecho y los estados miembros decidirán. Pero yo tengo una responsabilidad y una capacidad, y las he usado para poner en la mesa lo que yo creo que hay que hacer”, defendió Borrell en la rueda de prensa tras la reunión informal con los ministros de Exteriores el pasado jueves. Las decisiones en materia de política exterior requieren de una unanimidad que se antoja complicada en el club comunitario, donde los intereses y equilibrios hacia Israel dejan en evidencia el doble rasero de Europa ante conflictos como el de Oriente Medio. 

Borrell pidió a los ministros de Exteriores que dejaran “de tener tabúes” para sancionar al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que dijo que “podría ser justo y moral” matar de hambre a los gazatíes “para liberar a los rehenes”, y al responsable de Seguridad Nacional, el también ultra Ben Gvir, que abogó por crear una sinagoga en la Explanada de las Mezquitas, uno de los sitios más sensibles del planeta y el tercer lugar más importante para el islam. “Han estado lanzando mensajes de odio inaceptables contra los palestinos, y proponiendo cosas que van claramente en contra del derecho internacional y que son una institución para cometer crímenes de guerra”, recordó el alto representante. 

Sin embargo, la posibilidad de sancionar a esos dos miembros del Gobierno de Netanyahu fue recibida con frialdad por los ministros de Exteriores. A pesar de que el sentimiento común es de consternación ante la matanza en la Franja de Gaza y la ocupación ilegal que hace Israel del territorio palestino, el único que apoyó el paso planteado por Borrell fue el representante de Irlanda, Micheal Martin. 

“Son muy graves los movimientos en Cisjordania y el nivel de violencia insoportable e inaceptable en Gaza. España, tanto a nivel nacional como apoyando las sanciones europeas, hemos impuesto sanciones a los colonos israelíes violentos”, se limitó a decir el ministro José Manuel Albares, que se remitió a la revisión del acuerdo de Asociación UE-Israel que solicitaron Madrid y Dublín hace medio año para utilizar “toda la gama de medidas (...) para conseguir que vuelva la paz a Oriente Medio”. 

No obstante, esa iniciativa también está sumida en el letargo. La UE tardó tres meses en dar el primer paso ante la falta de apoyos. Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenaba a Netanyahu paralizar la operación en Rafah y la decisión de Israel de ignorar ese mandato, se logró la mayoría suficiente en el seno de la UE para convocar al ministro de Exteriores de ese país y elevar así la presión. A principios de junio, Borrell envió la convocatoria formal, pero no ha habido más movimientos por el momento y fuentes comunitarias dudan de que Israel vaya a aceptar la “invitación”. En todo caso, varios estados miembros, entre ellos Alemania, han cuestionado que esa convocatoria vaya a convertirse en un “tribunal”. 

Y es que para la mayoría de capitales europeas Israel es un socio inexorable. De ahí que haya reticencias a cualquier paso que se dé para cuestionar a Tel Aviv y en la mayoría de casos la UE haya ido incluso por detrás de Estados Unidos, como a la hora de imponer sanciones a los colonos violentos. La ruptura del acuerdo comercial es, por tanto, impensable en la UE, donde tampoco se plantea paralizar la venta de armas a Israel, como sí ha anunciado Reino Unido. 

Lo que han hecho algunos países, como España, es no conceder nuevas licencias, aunque se ha mantenido la exportación de los contratos que estaban firmados con anterioridad a los atentados de Hamás del 7 de octubre. Desde entonces, además, España ha destinado 1.027 millones de euros a la compra de armamento procedente de ese país. 

En el caso de la exportación de armamento, la pelota está en el tejado de los gobiernos. “Las autoridades competentes de los Estados miembros tomarán la decisión final de autorizar o denegar una licencia individual de exportación o de tránsito de equipos militares”, señaló Borrell en una respuesta por escrito al exeurodiputado de IU Manu Pineda. “El Consejo, a través de su grupo de trabajo competente, trabaja en pro de una mayor convergencia entre las políticas de exportación de armas de los Estados miembros. Esto incluye el intercambio de puntos de vista sobre la aplicación de los criterios de la Posición Común. En concreto, el impacto del conflicto en Gaza en las políticas nacionales de exportación de armas de los Estados miembros se mantiene permanentemente en el orden del día y los Estados miembros se intercambian información de manera confidencial sobre sus respectivos enfoques”, agregaba la respuesta del alto representante. 

El jefe de la diplomacia europea ha estado en el punto de mira del Gobierno de Netanyahu desde el primer momento y la propuesta de imponer sanciones a sus miembros más ultras también provocó una respuesta airada. El ministro de Energía e Infraestructuras, Eli Cohen, que antes ocupaba la cartera de Exteriores, acusó a Borrell de “hipocresía”. “Borrell, que transfiere dinero a la Autoridad Palestina, una organización que paga a asesinos de judíos y alienta el terrorismo, quiere imponer sanciones a los ministros israelíes que trabajan en la lucha contra el terrorismo”, señaló en la red social X (antes Twitter). Es el enésimo choque de Israel con el jefe de la diplomacia europea, que intenta hasta el último momento que la UE eleve la presión sobre Tel Aviv para que cese la matanza en Palestina.