¿Nuevo Colegio de Comisarios o agencia inmobiliaria? Casas, miles de metros cuadrados en terrenos o tiendas. Son algunos de los bienes que reconocen en sus declaraciones de intereses los candidatos a la nueva Comisión Europea y que ya están analizando los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI).

Apostolos Tzitzikostas, propuesto por el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, uno de los hombres fuertes del Partido Popular Europeo, tiene 16 apartamentos, 655.463 metros cuadrados de terreno, seis tiendas, varios garajes y almacenes, según la información de ese medio. También tiene 200.000 euros en acciones en empresas de diversos sectores (desde productos lácteos hasta energía fotovoltaica) y fue uno de los receptores de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para una de sus explotaciones (18.116,30 euros).

El italiano Raffaele Fitto, a quien Ursula von der Leyen ha designado como vicepresidente ejecutivo para Cohesión y Reformas (aupando por primera vez a la extrema derecha al núcleo del poder del gabinete), también declara un importante patrimonio inmobiliario: es propietario de siete apartamentos y tiene parte de otros tres. También tiene el 15% de una farmacia que estima en un valor de 150.000 euros.

El capital inmobiliario de la búlgara Ekaterina Zaharieva, aspirante a la cartera de Start-Ups, Investigación e Innovación, también es abultado: además de un apartamento en Sofía, tiene un terreno de 6.850 metros cuadrados con una casa en la península griega de Halkidiki que adquirió en 2008. Entre 2016 y 2018, compró otras dos casas y terrenos en su país.

La eslovena Marta Klos, que antes de ser nominada trabajaba como lobbista de Kreab y previamente era diplomática, declara unos ahorros en el banco de un millón de euros. La candidata a comisaria de Ampliación es una de las más débiles del gabinete de Von der Leyen. El PPE ha mostrado dudas sobre su idoneidad por las acusaciones que hace la organización eslovena de su familia política de que trabajó para los servicios secretos yugoslavos y que tuvo lazos con Rusia.

Pero parte del interés de las declaraciones está precisamente en lo que ocultan. La aspirante a suceder a Josep Borrell como alta representante, Kaja Kallas, ha dejado vacía la sección relativa a los intereses financieros de los cónyuges. La exprimera ministra estonia estuvo en el punto de mira hace unos meses cuando saltó la noticia de que una empresa vinculada a su marido seguía haciendo negocios con Rusia, a pesar de que la postura oficial de su Gobierno es que se deben interrumpir por completo las relaciones comerciales. La empresa en cuestión es Stark Logistics, una compañía de transportes que afirmaba que todavía realizaba envíos a Rusia, aunque la mayor parte de los bienes que transportaba están cubiertos por las sanciones, por lo que han debido reorientar su actividad hacia otros países.

Según declaró el director ejecutivo de la empresa, las mercancías que se están transportando ahora no están sancionadas y se trata de restos de stocks. Antes de la guerra, 24 de febrero de 2022, Stark Logistics gestionaba entre 60 y 70 envíos por semana y ahora únicamente gestionaba dos, relacionados con la empresa AS Metaprint, un fabricante de contenedores de metal.  Kallas declara cargos en cuatro entidades jurídicas: Tristock, Tallinn Directors Club, AS Framm y Novaria Consult.

Más allá de aportar información sobre los potenciales conflictos de interés, la comisión de asuntos jurídicos tiene una capacidad muy limitada a la hora de cuestionar la idoneidad de los candidatos en base a esa información, según reconocen distintas fuentes parlamentarias. El proceso de análisis que ha comenzado este jueves se limita a analizar la declaración que presentan los futuros comisarios, sin datos externos, y sin capacidad de investigación, y se reduce a los intereses financieros.

La portavoz de La Izquierda, Manon Aubry, es quien más claramente ha hablado en contra del proceso, que ha definido como “una farsa” al acabar la reunión. “Muchos de sus candidatos han trabajado durante años para grandes empresas o lobbies. ¡Pero JURI no puede comentar sobre este tipo de conflicto de intereses porque se limita estrictamente a un examen de los aspectos financieros!”, ha expresado la parlamentaria de La France Insoumise, que ha denunciado que los partidos que sustentan la mayoría Von der Leyen van a mirar hacia otro lado con casos como el del actual comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, que antes trabajaba para la petrolera Shell, y que figuraba en los 'papeles de Pandora' por tener una cuenta en las Islas Vírgenes (y tendrá a su cargo asuntos de fiscalidad) o la comisaria portuguesa de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luísa Albuquerque, que fue la 'ministra de la austeridad' en la crisis y después trabajó para los bancos.

“Un proceso completamente sesgado, opaco y sin poder. En resumen, una farsa”, sentencia Aubry, que da por hecho que los 26 candidatos pasarán el filtro de la comisión JURI, a pesar de que a algunos de ellos se les ha solicitado información adicional como parte del proceso y como sucedió en 2019 en casos como el de Josep Borrell, a quien el órgano parlamentario finalmente exoneró de la recomendación de que vendiera las acciones que tenía.

El plazo para que JURI analice las 26 declaraciones de interés culmina el 18 de octubre. Los exámenes (hearings) a los nuevos comisarios en el Parlamento Europeo sobre las aptitudes para hacerse cargo de sus carteras serán entre el 4 y el 12 de noviembre. Si las comisiones correspondientes tumban a alguno de los aspirantes (que requieren una mayoría de dos tercios en un primer intento y mayoría simple en una segunda votación), el estado miembro debe presentar otro candidato que se sometería al mismo proceso.