El Gobierno portugués presentó el jueves su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Se trata de un momento importante en el calendario político portugués porque el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha dejado claro que si la propuesta es rechazada, repetirá la fórmula de 2021 y convocará elecciones anticipadas para aclarar la situación política.

En las últimas semanas han tenido lugar negociaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista (PS), que tenían tres exigencias para hacer viable el documento: que el Gobierno diera marcha atrás en la rebaja fiscal a las empresas, que se modificara la rebaja fiscal a los más jóvenes —que beneficiaría a los más ricos— y que no se incluyera en el documento la privatización de la aerolínea pública TAP -lo que acabó ocurriendo.

El Gobierno pretendía tributar sólo el 15% de los ingresos de los jóvenes hasta los 35 años, pero la medida prácticamente sólo beneficiaría a los más ricos, ya que la mayoría de los jóvenes cobran salarios bajos exentos de IRPF o con una pequeña cotización.

En un intento de acercamiento, ahora el Gobierno propone una exención total del IRPF a los jóvenes en el primer año de trabajo, que se irá reduciendo en función de los años que trabaje el joven, hasta un máximo de 10 años y con un límite de edad de 35 años. Entre el segundo y cuarto año tendrían una deducción del 75%, entre el quinto y el séptimo sería del 50% y entre el octavo y décimo, del 25%. Los socialistas ya presentaron una medida similar. Le medida se aplica para sueldos de hasta 28.000 euros.

El objetivo es parar la emigración de los jóvenes, ya que Portugal se enfrenta a un problema de bajos salarios y altos costes de la vivienda que ha provocado la marcha de miles de jóvenes cualificados a países del centro y norte de Europa. Según datos del Observatorio de la Emigración del Instituto Universitario de Lisboa (Iscte), uno de cada cuatro portugueses con edades entre los 15 y los 39 años vive en el extranjero

Por su parte, la propuesta de reducir el impuesto de sociedades ha resultado ser más baja de lo previsto inicialmente, pasando del 21% actual al 20%, frente al 19% que proponía el Ejecutivo.

A pesar de las cesiones del Gobierno de centroderecha, el Partido Socialista aún no ha confirmado el sentido de su voto. La última reunión de los diputados socialistas, celebrada el pasado martes, terminó con una clara división dentro del partido. Hay una facción que reconoce la importancia de viabilizar el documento mediante la abstención, garantizando la estabilidad política en un momento de turbulencias internacionales, y otra corriente —la del líder Pedro Nuno Santos— que prefiere reprobar los Presupuestos, empujando al Gobierno hacia la necesaria negociación con el partido de extrema derecha Chega.

Chega, que inicialmente se mantuvo al margen de cualquier negociación, acabó manteniendo reuniones secretas (que acabaron haciéndose públicas) con el Gobierno, pero el partido de extrema derecha no apoya los presupuestos.

Los 80 diputados que tiene el Gobierno conservador —del Partido Social Demócrata (PSD) y los democristianos de CDS— están lejos de los 116 necesarios para aprobar los presupuestos y el escenario es imprevisible. Menos de un año después de que los portugueses fueran llamados a las urnas por la dimisión del ex primer ministro, António Costa, no se descarta una repetición electoral. 

El jueves, el líder de Chega, André Ventura, admitió en una entrevista a CNN Portugal que el partido de extrema derecha ha sido invitado a formar parte del Gobierno si éste aprueba los presupuestos del Estado, pero criticó al primer ministro, Luís Montenegro, por “hacer un doble juego” al seguir negociando los presupuestos con los socialistas. Montenegro ha desmentido a André Ventura, al que acusa de “decir mentiras y estar desesperado”.

Con las encuestas mostrando una tendencia a la baja para el partido de extrema derecha, que beneficia a los partidos que apoyan al Gobierno, el líder de Chega, André Ventura, ha cambiado de opinión. Ha pasado de rechazar cualquier tipo de negociación con el Gobierno a afirmar que su partido “hará todo lo posible para evitar una crisis política”.

La presión interna para evitar perder diputados en caso de repetición electoral ha sido decisiva. Chega cuenta actualmente con 50 diputados, pero en las últimas elecciones europeas perdió la mitad de sus apoyos respecto a las generales de marzo, algo que hizo saltar las alarmas dentro del partido.

En caso de repetirse las elecciones, y si los sondeos no fallan, los únicos beneficiados serían los partidos del Gobierno –PSD y CDS–, que se han quedado con parte de los votantes que en marzo votaron al partido ultraderechista Chega. El Primer Ministro, Luís Montenegro, dice tener la “profunda convicción” de que el presupuesto será aprobado, pero no le preocupan unas nuevas elecciones si son necesarias. El líder de los socialistas, por su parte, afirma que su partido “no quiere elecciones”, pero que “no tirará sus convicciones a la papelera”.

En los últimos meses, el Gobierno ha aparecido cada semana para anunciar medidas consideradas populares con el fin de garantizar la paz social y estar en ventaja en caso de una repetición anticipada de las elecciones. Desde la reducción del precio de los billetes de tren —con la creación de un abono para todo el país por 20 euros al mes— hasta beneficios fiscales para los jóvenes que compren su primera vivienda o actualizaciones salariales para carreras especiales como médicos o profesores, el primer ministro Luís Montenegro ha querido aprovechar la holgura presupuestaria dejada por los socialistas para resolver una serie de situaciones pendientes. Por eso, gran parte de las medidas de estos Presupuestos Generales del Estado ya habían sido presentadas antes de este jueves.

Respecto a las grandes cifras de estos Presupuestos del Estado, el Gobierno prevé que Portugal crezca un 2,1% el próximo año y que las cuentas públicas arrojen un superávit del 0,3%. La deuda pública, que a finales de 2023 volvió a situarse por debajo del 100% del PIB, se reducirá ahora al 93,3%. También aumentan las ayudas sociales a las personas mayores o la oferta de suscripciones a periódicos para los jóvenes y el pago del 50% de las suscripciones para el resto.

El salario mínimo portugués pasará de los 820 euros actuales a 870 euros, con la perspectiva de alcanzar los 1020 euros en 2028.

De momento, quedan las fechas clave para el futuro político del país: el 31 de octubre tendrá lugar la primera votación del documento y, si se aprueba, seguirán los debates sectoriales y los distintos partidos podrán presentar propuestas de enmienda. La votación final, tras todas las enmiendas, está prevista para el 29 de noviembre.