El Consejo europeo que se celebra este jueves en Bruselas tiene como tema central la inmigración.

Significativamente, la cumbre ha tenido un prólogo inédito con una reunión informal convocada por la presidenta del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y los primeros ministros de Países Bajos y Dinamarca, y a la que, junto a otros países –Austria, Chipre, Grecia, Malta, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría– también ha asistido la presidenta de la Comisión europea, Ursula Von der Leyen. ¿El objetivo? Explorar “soluciones innovadoras” para de facto cambiar aún más en sentido securitario la gestión de las fronteras y las políticas migratorias de la UE.

Entre esas “soluciones innovadoras”, el modelo es el experimento que Italia, después de meses de retrasos y millones de euros en contratos sin licitación, acaba de empezar con los centros de internamiento para migrantes en Albania. Un experimento que empieza a hacer agua nada más empezar. Horas después de que los primeros 16 migrantes llegaran a Albania a bordo de un buque de la marina italiana, se descubrió que cuatro tenían que ser trasladados a Italia, dos porque eran menores y otros dos por ser considerados “vulnerables”.

Es decir, que lo primero que ha fallado es exactamente lo que desde hace semanas venían denunciando juristas y ONG: la selección exprés hecha tras los rescates de los migrantes en el Mediterráneo. Según el protocolo operativo del acuerdo entre Italia y Albania, a los centros construidos en suelo albanés solo deberían llegar hombres adultos procedentes de países considerados seguros (un concepto que en sí mismo es un 'agujero negro' y más después de una reciente sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea, según la cual un país puede ser considerado seguro solo si realmente lo es en su totalidad). El caso es que en esta selección exprés no hay —como denunciaban expertos y activistas y como la realidad se ha encargado de confirmar— ninguna garantía de que entre los seleccionados no haya, por ejemplo, menores.

Al final, el primer viaje a Albania ha acabado teniendo un coste aún más desorbitado de los 18.000 euros que se estimaron por cada una de las 16 personas trasladadas, cuyo mantenimiento allí, en estos enclaves de jurisdicción italiana en suelo albanés, será al menos nueve veces más caro que su acogida en Italia, como viene explicando desde hace días Matteo Villa, investigador del Instituto para Estudios de Política Internacional (ISPI, por sus siglas en italiano).

Villa también subrayaba que, aparte los costes, el plan falla también en el principal objetivo declarado por el Gobierno de Meloni: tener un “efecto disuasorio”. Los 16 migrantes trasladados inicialmente a Albania son menos del un por ciento de los que han llegado a las costas italianas en los últimos días.

Pero hacía falta tener una foto antes del Consejo Europeo. Y allí está. Aunque la foto sea muy mala, el modelo, en una Europa cada vez más desnortada, sigue siendo válido. Y no solo esto. En la carrera a quién da más, se ha sumado Países Bajos. El Gobierno –una coalición de cuatro partidos, bajo la batuta de la formación de extrema derecha de Geert Wilders– estudia la posibilidad de llevar a los solicitantes de asilo aún más lejos: a Uganda. 

Todo bendecido por Von der Leyen que se ha abierto a explorar esas “soluciones innovadoras” y que, como contaba este miércoles Irene Castro, “ha evidenciado una actitud especialmente camaleónica que le ha llevado a imponer ahora la agenda de la derecha frente los medidos compromisos en la materia que hizo ante la Eurocámara, donde consiguió el apoyo de su partido, los socialdemócratas, los liberales y los verdes”. Es la misma Von der Leyen que, cuando Grecia suspendió en marzo de 2020 el derecho de asilo en la frontera con Turquía, agradeció a Atenas por ser “escudo”.

El hecho de que el experimento con tintes de esperpento de Italia en Albania se haya convertido en un modelo para otras capitales en Europa podría parecer una broma pesada y cara (en el caso de Italia al menos mil millones en cinco años, según las estimaciones). Pero no. Es un paso más hacia la erosión del derecho de asilo y de los supuestos valores europeos, sobre la piel de personas cuya culpa es haber nacido con el pasaporte equivocado.