El viernes pasado a las siete y media de la mañana, Necdet Seyitoğlu salía de su casa en Nairobi y se subía al coche de un amigo y compañero de trabajo que pasaba a buscarle para irse juntos a empezar una nueva jornada laboral.

“A los 100 metros, un vehículo Jeep blanco nos bloqueó en medio de la carretera. Se bajaron cuatro personas con la cara cubierta, nos apuntaron con sus armas y nos metieron en el coche”, cuenta Seyitoğlu a elDiario.es.

Paralelamente, otras tres operaciones más estaban teniendo lugar en tres puntos diferentes de la ciudad. Siete ciudadanos turcos —uno de ellos también con nacionalidad británica— fueron capturados por varios comandos vestidos de civil. Necdet y otros dos fueron liberados. Los otros cuatro, refugiados, desaparecieron todo el fin de semana hasta que finalmente el lunes a las tres y media de la tarde Kenia confirmó que habían sido expulsados a Turquía.

Los siete están relacionados con Hizmet, una comunidad religiosa liderada por el predicador Fethullah Gülen, fallecido en la noche del domingo al lunes, y a quien el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusa de orquestar el intento de golpe de Estado de 2016.

“Al principio pensé que nos querían robar, pero luego me di cuenta de que no”, recuerda Seyitoğlu. “Nos dijeron que eran del servicio de seguridad. Yo les pedí la identificación, pero me ordenaron que me callara”. Mientras preguntaba a dónde iban y qué había hecho, el Jeep salía de la ciudad de Nairobi, capital de Kenia. Les cubrieron el rostro, los esposaron y Seyitoğlu está seguro de que el coche paró a las afueras de la ciudad para cambiar las matrículas.

Desesperado, recurrió a la amenaza: “Les dije que era ciudadano británico y que lo contaría todo a la embajada”. Entonces le preguntaron si tenía el pasaporte consigo, a lo que respondió que no, pero les enseñó una foto que tenía en el teléfono. “Tomaron una foto a la foto y se la enviaron a alguien”, dice.

Al poco, los agentes les dijeron que iban a separar a Seyitoğlu y a su amigo y compañero de trabajo en dos coches. “Me metieron en otro vehículo y me devolvieron a una zona rural a las afueras de Nairobi. Me dijeron que mi amigo venía detrás, pero no era cierto”, dice. Su compañero es uno de los expulsados sin garantías. En total, Seyitoğlu pasó ocho horas secuestrado y el comando se quedó su teléfono y su ordenador. Una vez liberado, el profesor, que llegó a Kenia en 2022 tras vivir 18 años en Reino Unido, cogió un taxi que tardó unos 45 minutos en llegar a casa.

Desde el intento de golpe de Estado en 2016, Erdogan puso en marcha una operación secreta con los servicios de inteligencia para capturar y traer ilegalmente a sus enemigos a Turquía. Las desapariciones forzadas y los arrestos ilegales se han repetido en varios puntos del mundo, entre ellos Kosovo, Moldavia y Mongolia.

Uno de los últimos casos se dio en Kirguistán. Orhan Inandi, fundador de las escuelas asociadas al Movimiento Gülen en Kirguistán, llevaba 26 años viviendo en el país y tenía la nacionalidad. Inandi desapareció el 31 de mayo de 2021. Su familia se encontró su vehículo abandonado en la carretera a siete kilómetros de casa, abierto y con las ruedas pinchadas, relataron entonces sus familiares a este medio. El hombre estuvo desaparecido 35 días. Familiares y amigos, convencidos de que estaba retenido en la embajada de Turquía, organizaron protestas diarias. Finalmente, el 6 de julio Erdogan anunció en televisión su captura y traslado a Turquía.

Todos los seguidores de Fethullah Gülen que viven fuera de Turquía conocen esta red internacional de secuestros, a menudo ejecutada en cooperación entre el espionaje turco y el servicio secreto del país en cuestión. Otras veces, las autoridades locales niegan cualquier tipo de colaboración. En Mongolia, por ejemplo, otro gülenista fue secuestrado en 2018. Sus colegas avisaron a las autoridades, que a su vez ordenaron rápidamente mantener en tierra un jet privado turco que esperaba en la pista de despegue. Tras varias horas detenido ilegalmente en un coche, los secuestradores tuvieron que soltarlo sin terminar la operación. El avión en cuestión estaba registrado a nombre de una sospechosa empresa de turismo y construcción ubicada muy cerca de la sede de los servicios secretos turcos en Ankara y que, para mayor casualidad, se había utilizado para una operación igual contra seis ciudadanos turcos capturados y deportados ilegalmente desde Kosovo unos meses antes.

Por eso, los amigos de Seyitoğlu y del resto de detenidos en Kenia pasaron el fin de semana en el aeropuerto tratando detener la expulsión ilegal. “A todos nos llevaron a unas tres horas de Nairobi, no fue directamente al aeropuerto”, dice.

Los amigos llegaron tarde. La noticia saltó el lunes con un comunicado del Ministerio de Exteriores del país africano. “Kenia confirma que cuatro nacionales de la República de Turquía fueron repatriados a su país el viernes a solicitud de Turquía”. “Kenia aceptó la solicitud sobre la fortaleza y las robustas y estratégicas relaciones entre nuestros países. Los cuatro residían en Kenia como refugiados”, reconoce la nota.

Entre los siete capturados hay otros dos que también fueron posteriormente liberados. Uno de ellos es un niño de 16 años que fue retenido junto a su padre. Su versión es muy similar a la de Seyitoğlu. “Un Jeep nos adelantó, cuatro hombres enmascarados con armas nos apuntaron y nos ordenaron subir al coche. Esposaron a mi padre y a mí me pusieron bridas”, cuenta el joven de 16 años en un vídeo publicado en redes para exigir la liberación de los detenidos. “Nos vendaron los ojos, pero por el rabillo pude ver matrículas”, añade coincidiendo con el relato de Seyitoğlu.

“Condujeron durante dos horas. Cuando se dieron cuenta de que tenía 16 años, me llevaron a otro coche. Tuve que decir adiós a mi padre. Me llevaron otras dos horas en el segundo coche. Seguía con los ojos tapados y las manos atadas. Finalmente, me dejaron a 500 metros de mi casa”, cuenta. “Me quitaron, mi teléfono, mis cascos, mis zapatos y mis calcetines”.

La otra persona que fue liberada es Saadet Taşçı, que fue detenida junto a su marido en un tercer operativo. “Nos secuestraron en el jardín de una oficina del Gobierno a la que fuimos a coger nuestros carnets de conducir”, cuenta en otro vídeo. “Cuatro hombres armados con Kalashnikov y cubiertos con pasamontañas nos metieron en un todoterreno”.

“Nos quitaron los zapatos, los relojes y el teléfono. Al cabo de una hora, nos separaron en coches diferentes”, cuenta la mujer. Tanto el padre del joven de 16 años como el marido de Saadet Taşçı fueron devueltos a Turquía.

Amnistía Internacional se ha pronunciado sobre el caso, recordando que lo sucedido “constituye una violación tanto de la legislación de Kenia como del derecho internacional”. “Estos individuos son refugiados que han solicitado protección al Gobierno de Kenia. El secuestro y la devolución forzosa a los países de los que huyeron viola directamente el principio de no devolución consagrado en la legislación keniana, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención de la Unión Africana que regula los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África”, recuerda la organización.

Las autoridades turcas y los medios afines al Gobierno aún no se han pronunciado sobre la operación. En otros casos suelen guardar silencio hasta que sus objetivos pisan suelo turco, cuando reconocen la captura y presumen incluso de la participación de sus servicios secretos. La red de secuestros es similar al programa de entregas extraordinarias puesto en marcha por EEUU durante la 'guerra contra el terror', con la diferencia de que aquí todos son devueltos a Turquía y acaban en prisión.

En el caso de Moldavia, en el que los servicios secretos turcos y moldavos detuvieron y expulsaron a otros siete trabajadores turcos de centros educativos en 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno moldavo a indemnizar a las víctimas.

“El material del caso indica que la operación conjunta de los servicios secretos moldavos y turcos se preparó mucho antes del 6 de septiembre de 2018 [fecha de la detención]. El hecho de que los solicitantes fuesen trasladados a Turquía en un avión enviado solo para ello indica que la operación se concibió y organizó de tal forma para cogerlos por sorpresa y que no tuvieran el tiempo ni la posibilidad de defenderse”, afirmaba la sentencia.

Alertado por el alcance y efectividad de la red, el Grupo de Trabajo la ONU sobre Detención Arbitraria y tres relatores especiales de la organización enviaron una carta a Erdoğan en mayo de 2020 en la que expresaban su preocupación ante lo que parecía ser “una práctica sistemática de secuestros extraterritoriales promovidos por el Estado y el traslado forzoso de ciudadanos turcos desde terceros países hasta Turquía”. Fue en 2017 cuando los servicios de inteligencia crearon supuestamente un departamento encargado de dirigir las operaciones en el extranjero y al que se cree que el Gobierno asignó cinco millones de dólares para pagar a varios grupos criminales e ilegales para atrapar a los gülenistas marcados en la lista negra, señalaban los autores.