Ni una compra más de material militar a Israel. Es lo que pide el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una carta enviada este martes.

La carta de Bustinduy –en representación del resto de integrantes de Sumar en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, Mónica García, Ernest Urtasun y Sira Rego– es una petición formal a Defensa que llega una semana después de que el ministro de Derechos Sociales señalara a las empresas que importan productos de territorios ocupados por Israel, tanto en Palestina o Líbano, su obligación “de indicar este origen de forma clara en el etiquetado para cumplir con el derecho del consumidor a recibir información veraz”.

“Dicha cancelación [de contratos de compra]”, dice el ministro Bustinduy en su carta a Robles, “se sumaría a la política de no autorización de nuevas licencias que está ya en vigor en España desde el inicio del conflicto. Esta es una pieza fundamental para lograr un embargo total de armas, en línea con el derecho internacional”.

De esta manera, el ministro de Sumar da por hecho que se está produciendo la no firma de contratos de venta a Israel desde el 7 de octubre de 2023 en la línea de lo afirmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Con el mismo objeto, deberán cesarse las licitaciones con ciertos proveedores, citados a continuación, aun cuando haya una dependencia sustantiva de carácter técnico. Desde el estallido del actual conflicto, España mantiene acuerdos comerciales de defensa con varias empresas israelíes del sector armamentístico, que suministran tecnología y material avanzado para nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas mismas empresas también proporcionan equipo militar que se está utilizando en las operaciones de Gaza y Líbano. Esta situación es, a nuestro juicio, contraria al cumplimiento de la normativa vigente y a nuestras obligaciones conforme al derecho internacional”.

En su carta, Bustinduy menciona las empresas israelíes del sector armamentístico que ha rastreado su departamento y con las que España tiene contratos de compra.

Por ejemplo, de Rafael Advanced Defense Systems, el ministro argumenta que “la rescisión de contratos se justifica por su control por parte del Gobierno de Israel, su vinculación directa con la política y estrategia militar del país, y el hecho de que su tecnología ha sido utilizada en violaciones graves de derechos humanos y crímenes de guerra, como ataques a civiles y cooperantes humanitarios. Finalmente, y de acuerdo también con nuestras obligaciones en materia de derecho internacional, es importante recordar que las instalaciones de Rafael se encuentran en el norte de Haifa y, por tanto, en territorio ocupado por Israel”.

En relación con Elbit Systems, el ministro de Sumar afirma que la compañía “opera en contextos que contradicen la posición de la Unión Europea y de España en materia de política internacional, ya que continúa vendiendo armas a Birmania tras el golpe militar de 2021 [...]. La compañía participa activamente como proveedora en el entramado de apartheid hacia la población palestina denunciado ante la Corte Internacional de Justicia. Esto ha provocado que incluso organismos financieros como el Fondo de Pensiones de Noruega y Danske Bank hayan retirado sus inversiones en dicha empresa”.

Guardian Homeland Security es otra de las empresas que menciona Bustinduy en su misiva a Robles. ¿Por qué? “Esta compañía es proveedora habitual de fuerzas de seguridad del Estado, además de algunas unidades de las fuerzas armadas. Actúa como suministradora principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí, estableciendo consorcios con empresas, algunas de las cuales están involucradas en la represión de la población palestina en los territorios ocupados. El hecho de que nuestras fuerzas de seguridad reciban entrenamiento y material táctico de esta empresa no parece coherente con nuestras obligaciones de acuerdo con el derecho internacional”.

Además, la carta de Sumar recuerda a Robles que “el papel de ciertas empresas corredoras o mediadoras que actúan como distribuidoras oficiales de tecnología israelí”. En este sentido, se refiere a Excem Grupo 1971, “que emplea tecnologías de las empresas Verint y Cognyte vinculadas a violaciones de derechos humanos y civiles en Sudán del Sur (una zona en conflicto activo), Azerbaiyán, Indonesia y Bahréin.

“Contratar”; dice Bustinduy, “aun indirectamente, a empresas que contribuyen a la vulneración de derechos humanos en Palestina y otras regiones del mundo, contraviene la política exterior de la UE y de nuestro país. Por tanto, mientras Excem y otras empresas de corretaje recurran a proveedores involucrados en estas actividades, sería recomendable prescindir de sus servicios”.

Para terminar, el ministro de Sumar le dice a Robles: “Dada la situación actual, y conforme a las obligaciones jurídicas emanadas del derecho internacional, así como los principios éticos y legales que rigen nuestra política exterior y de defensa, solicitamos la suspensión de cualquier contrato o acuerdo en curso con empresas israelíes de defensa y/o seguridad que estén vinculadas tanto con la escalada del conflicto en Gaza y Líbano como con las operaciones en el conjunto de los asentamientos ilegalmente ocupados por Israel en Palestina. Esta medida, alineada con las últimas declaraciones del presidente del Gobierno a este respecto, permitiría a España cumplir con nuestras obligaciones conforme al derecho internacional en coherencia también con la posición adoptada por este Gobierno”. 

Recientemente el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a las empresas que los productos de territorios ocupados por Israel que deben indicarlo en la etiqueta. De esta manera, los productos importados desde territorios ocupados por Israel “deben ser etiquetados como procedentes de un 'asentamiento israelí' y no como 'productos de Israel”, afirma Consumo, que también da la opción de utilizarse expresiones como “producto de los Altos del Golán (asentamiento israelí)” o “producto de Cisjordania (asentamiento israelí)”.

Así mismo, Bustinduy recordaba que “los productos de Palestina que no provengan de los asentamientos israelíes deben presentar también indicaciones claras sobre su origen como 'producto de Cisjordania (producto palestino)', 'producto de Gaza' o 'producto de Palestina'.  El objetivo, ha explicado Bustinduy, es que la ciudadanía tenga estas indiciaciones cuando vayan a comprar ”para garantizar su derecho a tener una información veraz sobre el origen de los productos, especialmente, ante la crítica situación que se vive en Oriente Medio“. 

En este caso, además, las personas que prefieran consumir productos palestinos o quieran dejar de consumir productos israelíes, tendrán la capacidad de tomar decisiones al respecto.

Además, hace un par de semanas, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abandonó la reunión del Comité de Política del Consumidor (CCP) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante dos intervenciones de miembros del Gobierno israelí en protesta por el genocidio en curso en Gaza, uno de ellos el ministro de Economía.

Hace unas semanas, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, varias delegaciones abandonaron el plenario mientras intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La delegación española, sin embargo, decidió permanecer en su asiento escuchando a quien acababa de dar la orden de invadir el sur de Líbano después de haber causado más de 43.000 muertos en su ofensiva sobre Gaza.

El ministro Bustinduy ha acometido más acciones en relación con el genocidio israelí en Gaza. En mayo pasado envió cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel para instarles a que adopten las medidas necesarias, de acuerdo al Derecho Internacional y la propia Agenda 2030. “Se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU”, explicaban en Derechos Sociales.

La intención del ministro de Derechos Sociales, explicaba su departamento, era evitar el riesgo de que las actividades económicas de las empresas españolas en la zona puedan contribuir a las vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina.

Previamente, el ministro Bustinduy se había reunido en su ministerio con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, para trasladarle el ofrecimiento para que Palestina fuera el invitado oficial durante la participación de España en el Foro Político de Alto Nivel, que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York en julio.