La Knéset, el Parlamento israelí, ha aprobado este lunes dos leyes que prohíben la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Israel y su contacto o coordinación con la autoridades del país, lo cual afectará directamente a su actividad en la Franja de Gaza, donde esta organización es la que presta la mayor parte de la asistencia humanitaria a los más de dos millones de habitantes.

El Parlamento israelí ha reanudado este lunes su trabajo después de un parón por las festividades judías y entre entre las primeras leyes que ha sometido a votación figuraban las dos relativas a la UNRWA, agencia que Israel ha acusado de tener vínculos con la organización islamista Hamás, además de denunciar que varios de sus empleados palestinos participaron en los atentados del 7 de octubre de 2023 contra el sur del país –en los que murieron más de 1.200 personas y 251 fueron secuestradas–. Una investigación independiente encargada por la ONU concluyó hace varios meses que Israel no había presentado suficientes pruebas que respaldaran esas acusaciones.

La ley que prohíbe la actividad de la UNRWA –que entrará en vigor en un plazo de 90 días– afectará a todas las operaciones de la organización en los territorios palestinos ocupados (Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza), ya que impedirá obtener visados a sus empleados internacionales y permisos de trabajo a los locales; además del acceso a sus oficinas, incluida su sede en la parte oriental de Jerusalén (anexionada por Israel en 1980), desde la que se coordinan todas las actividades.

La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha aclarado en un comunicado en X que en los 90 días antes de que entre en vigor la ley y después de ese periodo, el Gobierno “está preparado para trabajar con sus socios internacionales para garantizar que Israel sigue facilitando la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza de una forma que no amenaza la seguridad de Israel”.

La segunda ley aprobada este lunes por la noche prohíbe a cualquier funcionario israelí establecer contacto con la UNRWA, lo cual imposibilita la coordinación con los convoyes humanitarios, así como el mecanismo de “desconflicción” por el que la organización se comunica con el Ejército para evitar incidentes. Aun así, ese mecanismo no ha evitado que los centros de la UNRWA sean blanco de los ataques israelíes en Gaza, donde más de 230 empleados de la agencia han muerto desde el 7 de octubre de 2023.

Por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha lamentado el “precedente peligroso” que sienta la nueva legislación. “No tiene precedentes y se opone a la Carta de Naciones Unidas”, ha asgurado a través de X. “Este es el último paso en una campaña en curso para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados de Palestina”.

“Este proyecto solo profundizará el sufrimiento de los palestinos, especialmente en Gaza, donde la gente ha estado pasando más de un año de puro infierno”, ha subrayado. “Si no logramos rechazar estos proyectos de ley, debilitaremos nuestro mecanismo multilateral común establecido después de la Segunda Guerra Mundial”, ha zanjado.

También los Gobiernos de España, Eslovenia, Irlanda y Noruega han considerado que “la legislación aprobada por la Knéset sienta un precedente muy grave para la labor de Naciones Unidas y de todas las organizaciones del sistema multilateral”. En un comunicado conjunto, han señalado que “la labor de la UNRWA es esencial e irreemplazable para millones de refugiados palestinos en la región, y en particular en el contexto actual de Gaza”. 

Las dos nuevas leyes representan el último ataque de Tel Aviv contra Naciones Unidas, con cuyos representantes y agencias se ha enfrentado abiertamente el Ejecutivo israelí desde el comienzo de la guerra en Gaza. Recientemente, el Gobierno israelí declaró al secretario general de la ONU 'persona non grata' y le prohibió la entrada al país. Antonio Guterres ha sido de los más críticos con la ofensiva israelí en Gaza, donde han muerto más de 43.000 personas desde octubre del año pasado.

El presidente palestino, Mahmud Abás, ha mostrado su preocupación y ha advertido de que no habrá una solución al conflicto “sin resolver la cuestión de los refugiados de manera justa”, según un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias Wafa. La Presidencia palestina ha denunciado que las nuevas leyes son una “violación del derecho internacional y una provocación a toda la comunidad internacional”, recordando que la UNRWA fue establecida “de conformidad con una resolución de la ONU”. Esa resolución de 1949 establecía que la agencia ofrecería asistencia y protección a los refugiados palestinos hasta que se alcanzara una solución “justa y duradera” a su situación.

En 1948, cientos de miles de palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y sus lugares de origen tras la creación del Estado de Israel. Actualmente, hay unos seis millones de refugiados en los propios territorios palestinos ocupados por Israel, así como en Líbano, Siria y Jordania. La UNRWA ofrece educación, asistencia sanitaria y ayuda a estas personas, además de gestionar 58 campos de refugiados (la mayoría en Gaza y Cisjordania).

También el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha denunciado que la legislación aprobada este lunes “contradice la ley internacional y el principio fundamental de humanidad”. En un comunicado publicado en X, ha lamentado que esta medida “sólo empeorará una ya grave crisis humanitaria, con la potencial suspensión de los servicios esenciales como comida, refugio, educación y sanidad para millones de refugiados palestinos”.

Los ministros de Exteriores de Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y Reino Unido emitieron el día 26 un comunicado expresando su preocupación por ambos proyectos de ley. “La UNRWA proporciona ayuda humanitaria y servicios básicos esenciales y vitales a los refugiados palestinos en Gaza, Jerusalén Este, Cisjordania y en toda la región. Sin su trabajo, la prestación de dicha asistencia y servicios, incluida la educación, la atención médica y la distribución de combustible en Gaza y Cisjordania, se vería gravemente obstaculizada o sería imposible, con consecuencias devastadoras para una situación humanitaria ya crítica y en rápido deterioro, particularmente en el norte de Gaza”.