La izquierda quiere explicaciones por el uso de los puertos españoles como puntos de tránsito para las armas que tienen como destino Israel, a pesar de que el Gobierno aseguró que se habían suspendido ese tipo de autorizaciones.

Podemos exigió al Gobierno una “respuesta inmediata” ante lo que consideró una “vergüenza y una actuación ”inaceptable“. ”Exigimos que se asuman responsabilidades por parte del Gobierno que no está cumpliendo la ley. Se deben romper relaciones con el Estado genocida de Israel y aplicar un embargo total de armas“, señaló el portavoz, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en la que aseguró que se trata de una vulneración de la ley. Y es que la ley española 53/2007 establece pleno compromiso con el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias —lo que incluye el tránsito— de material militar a destinatarios que puedan usarlo para cometer crímenes de guerra como ataques a civiles, crímenes de de lesa humanidad o genocidio, lo que sitúa a Israel en un destino no compatible con dicho Tratado.

Por el momento, el Gobierno se ha limitado a decir que “se adoptarán todas las medidas necesarias” para garantizar “que se deje de utilizar” un puerto español como escala para mandar material militar a Israel, que había sido el compromiso. De hecho, el PSOE se compromete en la ponencia marco de su 41º Congreso a la prohibición del envío de armas y la cooperación militar con países que violen el derecho internacional. “Aprobaremos una ley que prohíba el envío de armas y la cooperación militar con cualquier Estado que viole el Derecho Internacional y ataque a civiles inocentes”, reza el documento.

España ha sido uno de los países más duros en la condena de la masacre que Israel está perpetrando en Gaza y sí ha apuntado a la violación del derecho internacional. Sin embargo, la UE no dio ese paso hasta que el ejército de Benjamín Netanyahu atacó a los cascos azules en el sur de Líbano.

Izquierda Unida ha dado un paso más allá y ha denunciado el asunto ante la Fiscalía al entender que “contraviene los acuerdos” adoptados por el Gobierno “para eliminar cualquier tipo de colaboración” con Israel, según explicó el secretario general del PCE, Enrique Santiago. Además de la investigación por la posible comisión de un delito contra el “derecho de gentes” tipificado en el Código Penal, solicitó “medidas” preventivas ante la previsible llegada de dos nuevos cargueros con material militar con destino a Israel los próximos 9 y 14 de noviembre.

Los eurodiputados de Sumar Estrella Galán (La Izquierda) y Jaume Asens (Los Verdes) han elevado el tiro a la Comisión Europea, a la que han interrogado sobre los puertos europeos que están siendo utilizados para el envío de armamento y material militar a Israel. “¿Qué medidas de control e inspección en puertos relativas al comercio de armas con Israel ha tomado el Consejo hasta la fecha? ¿Piensa solicitar formalmente a todos los EEMM, incluido España, la prohibición inmediata del uso de puertos europeos para buques con carga militar con destino Israel?”, preguntan los parlamentarios.

No obstante, la respuesta de la UE ante la masacre de la población palestina es bastante tibia ya que es un asunto profundamente divisivo. Aunque los 27 han ido elevando el tono desde que Netanyahu comenzó la matanza en Gaza, los pasos se han ido dando con mucha lentitud y la primera vez que se señaló por unanimidad a Israel por la vulneración del derecho internacional fue con el ataque a las tropas de la ONU. No obstante, ni siquiera en ese momento se tomaron medidas concretas de castigo contra ese país.

Para entonces, el francés Emmanuel Macron y Pedro Sánchez ya habían planteado el embargo de armas a Israel, que España aplica desde el 7 de octubre de 2023, aunque sigue dispensando las armas contratadas previamente a esa fecha. No hay unanimidad para tomar esa decisión en bloque, como tampoco la hay para revisar el acuerdo comercial con Israel, que establece en su artículo dos la obligatoriedad de respetar el derecho internacional por ambas partes. Esa revisión la solicitaron España e Irlanda. Por el momento, sólo se decidió convocar al ministro de Exteriores en el marco del Consejo de Asociación, pero no se ha hecho nada porque no hay acuerdo siquiera para establecer un orden del día de esa cita. El alto representante, Josep Borrell, forzará un debate sobre el asunto en la última reunión con los ministros de Exteriores de su mandato.