De aquí al 20 de enero, día de la toma de posesión de Trump, es a la administración Biden-Harris a la que aún hay que pedir medidas que puedan frenar la masacre en Gaza y dificultar algunos planes del futuro presidente estadounidense.

Un análisis de los hechos muestra la posición de Washington. Estados Unidos continúa enviando armamento a Israel y mantiene su apoyo político y diplomático, del que el planeta ha podido observar rasgos evidentes esta última semana.

Cuatro actos en los últimos 10 días

1.- Biden recibió hace una semana en la Casa Blanca al presidente israelí, Isaac Herzog, a quien transmitió su “férreo compromiso” con Israel. Lo hizo cuando hay más de 44.000 muertos en Gaza, al menos 17.000 de ellos niños, y mientras prosigue la campaña de exterminio contra el norte de la Franja, con matanzas de civiles y el bloqueo sistemático a la entrada de la ayuda necesaria para la supervivencia, lo que ha sido señalado como crímenes de guerra y de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

2.- El Gobierno de Biden volvió a vetar esta semana una resolución en el Consejo de Naciones Unidas por un alto el fuego en Gaza y la puesta en libertad de los rehenes inmediata y sin condiciones. El resultado fue un voto en contra y catorce a favor. Es el cuarto veto estadounidense a la posibilidad del fin de las masacres de población civil en la Franja.

3.- En un intento por salvar vidas en Gaza -y la propia imagen de su partido- el senador demócrata Bernie Sanders impulsó una resolución en el Senado para bloquear un nuevo envío de armamento estadounidense a Israel. En la propuesta, Sanders también exigió el fin de la complicidad del Gobierno de EEUU con las acciones militares israelíes en Gaza.

Esta semana se produjo la votación: solo diecinueve senadores demócratas respaldaron la iniciativa. “Nos enfrentamos a AIPAC, al liderazgo demócrata del Senado y a la Administración Biden”, comentó Sanders, en referencia a los esfuerzos de la Casa Blanca por asegurarse de que la mayoría demócrata votara en contra.

“Nadie se va a tomar en serio lo que digan ustedes [dirigiéndose al Senado]. No se puede condenar la violación de los derechos humanos en el mundo y luego hacer la vista gorda ante lo que el Gobierno de EEUU financia en Israel”, añadió.

El apoyo activo y continuado del Partido Demócrata estadounidense a las atrocidades perpetradas por Israel es público. Esos diecinueve votos a favor de la suspensión de ese envío de armas -y de un cambio radical en la política de EEUU ante el genocidio- quedarán escritos en las páginas de la Historia como la expresión de la decencia frente a la normalización de la barbarie.

4.- La reacción del Gobierno de EEUU a las órdenes de detención anunciadas el jueves por el Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant remató la semana. Biden calificó la medida de “escandalosa”, la portavoz de la Casa Blanca negó la jurisdicción de la Corte y el portavoz de Seguridad, John Kirby, rechazó las órdenes y mencionó “preocupantes errores de proceso”.

Esta postura de Washington ante los tribunales internacionales no es nueva. La posición tradicional de EEUU es contraria a la intervención de la ONU y de las Cortes de La Haya en el caso israelí. En 2002 EEUU aprobó una ley que permite el uso “de todos los medios necesarios” para liberar a funcionarios de Estados Unidos y de países aliados -entre los que nombra a Israel- que sean acusados, detenidos y juzgados por el Tribunal Penal Internacional.

Como ha denunciado la organización Human Rights Watch, la naturaleza de esa liberación puede incluir el uso de la fuerza militar, por lo que la ley es conocida con el sobrenombre de “Acta de Invasión de La Haya”. Su promulgación provocó en su día una protesta pública por parte de Países Bajos, sede de los tribunales internacionales.

La norma fue impulsada durante el mandato de George W. Bush, pero también recibió el respaldo de varios demócratas, como Hillary Clinton o Chusck Schumer, Líder de la Mayoría del Senado desde 2021. Dicha ley también contempla la posibilidad de suspender o negar ayuda estadounidense a los países que ratifiquen el Estatuto de la Corte Internacional.

EEUU también se reserva la posibilidad de castigar a la Corte Penal de la Haya si ésta impulsa investigaciones sobre crímenes estadounidenses o de aliados. Así ocurrió en 2020, cuando el Gobierno de Trump sancionó a la entonces fiscal Fatou Bensouda, en el marco de un proceso sobre crímenes del Ejército de EEUU cometidos en Afganistán.

El pasado mes de mayo, cuando el actual fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, el Secretario de Estado Antony Blinken planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de La Haya.

Qué puede hacer Biden que no está haciendo

En diciembre de 2016, Barack Obama adoptó una posición poco común en Washington. A cuatro semanas de su marcha, el presidente saliente decidió abstenerse -en vez de vetar, como EEUU suele hacer ante este asunto- en la votación de una resolución de la ONU que condena los asentamientos ilegales israelíes. Lo hizo con la oposición de parte de su equipo y de su vicepresidente, Joe Biden. Cuando la prensa preguntó a un asesor de Obama por las razones de esa abstención, éste explicó que el presidente ya no tenía nada que perder.

Kamala Harris, entonces senadora, hizo campaña contra esa abstención impulsada por el líder de su propio partido, y copatrocinó desde el Senado una iniciativa en contra de toda intervención de Naciones Unidas en las cuestiones israelíes. Posteriormente también firmaría una carta en contra de cualquier investigación a Israel por el Tribunal Penal Internacional.

Como sus predecesores, Obama fue un presidente proisraelí, facilitó la extensión de la ocupación ilegal y mantuvo la ayuda militar anual de EEUU a Israel, la mayor aportación que EEUU entrega a un país cada año. Pero tuvo ese gesto en su despedida, permitiendo que saliera adelante la primera resolución de condena en casi cuarenta años contra los asentamientos ilegales israelíes.

Biden y Harris podrían hacer saber a sus aliados que ahora sí estarían dispuestos a no vetar una resolución en la ONU de esas características. También podrían defender de forma inmediata un embargo de armas a Israel, interrumpir sus envíos de material militar y suspender su protección política y diplomática a Tel Aviv. Están a tiempo de transmitir que, esta vez sí, aceptarían un alto el fuego inmediato para Gaza.

Podrían, incluso, impulsar la suspensión temporal de Israel como miembro de la Asamblea General de la ONU, medida que se adoptó en el pasado contra la Sudáfrica del apartheid. Si quisieran evitar la perpetuación de los crímenes israelíes, los todavía dirigentes de EEUU fomentarían vías para la negociación y la paz. O invertirían “en el derecho a la vivienda y no en el genocidio en Gaza”, como pidieron hace unos días manifestantes ante el Congreso.

Evidentemente, nada de esto va a ocurrir, porque los objetivos de este Gobierno estadounidense van por otro lado. De momento Biden y su equipo siguen apostando por permitir el genocidio en curso en Gaza, la anexión de más territorio en Cisjordania, la extensión de la ocupación ilegal y el apartheid. Dejan el camino allanado a Trump para el crecimiento y la aceleración de la impunidad israelí, en un momento en el que además Tel Aviv acaba de prohibir la presencia de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), una orden que se hará efectiva en unas semanas.

La facilitación de la masacre de niños lleva traje respetable o corbata, se presenta como el lado bueno y civilizado del planeta y es encubierta por una parte importante de la narrativa occidental, que describe los crímenes como necesarios y libra de exigencias a Washington, actor clave en esta historia.

La importancia de un diagnóstico certero

EEUU solo apela a las normas internacionales cuando pretende aplicarlas a sus adversarios. El Gobierno Biden respeta los procesos judiciales sobre Sudán, Darfur o Vladimir Putin pero desprecia y estigmatiza las investigaciones de los crímenes israelíes. Su posición está contribuyendo seriamente al debilitamiento del derecho internacional y a la construcción de un orden mundial más despiadado, en el que Europa queda situada en un escenario de mayor fragilidad.

La presentación de la guerra como opción necesaria e inevitable marca el presente global, también en Ucrania, donde EEUU ha permitido, por primera vez, el uso de misiles estadounidenses de largo alcance contra suelo ruso, lo que eleva el riesgo de la perpetuación del conflicto o su escalada. Washington también ha anunciado que enviará minas antipersona a Kiev. La lejanía geográfica de EEUU no le expone a los riesgos que sí afronta Europa en este asunto.

Todo esto es el legado de la Administración demócrata y aún hay tiempo para rectificar algo. Pero, lejos de pedir cuentas a los facilitadores del genocidio contra Palestina, una parte del discurso político y mediático occidental oculta la corresponsabilidad del Gobierno Biden-Harris en las masacres israelíes y en el debilitamiento del derecho internacional.

Si en Europa se sigue sin entender bien qué pasa en Estados Unidos es porque muchas voces políticas y mediáticas se empeñan en mostrarnos un Washington siempre incorruptible y adalid de los derechos humanos. No habría que olvidar que, sin un diagnóstico certero, no es posible adoptar buenas decisiones.

Es probable que cuando Trump asuma el poder surjan más críticas a la complicidad activa de EEUU con la impunidad israelí. Será un ejercicio poco honesto, porque la posición reciente y actual de la Casa Blanca ya está cambiando Oriente Medio, normalizando la vía de la fuerza y el uso de la intimidación, lo que también pasará factura a esta Europa intervenida.