Si nada cambia en las próximas 48 horas, Michel Barnier afrontará esta semana una moción de censura que certificará su caída y la de su Gobierno.

Se trata del primero de los textos que el Ejecutivo francés está obligado a hacer votar antes del final de año como parte de los presupuestos. El problema es que el primer ministro conservador no cuenta con apoyos suficientes para sacar adelante el texto en una votación; Barnier puede contar con los votos de su partido (Los Republicanos) que solo tienen 47 diputados en la Asamblea (de 577) y también con el de la coalición centrista que, tras perder la mayoría en las últimas elecciones, disponen de 164 escaños.

La suma de diputados de centro y derecha no es suficiente para sacar adelante el texto si la izquierda y la extrema derecha deciden votar en contra (como habían anunciado).

Para evitar el bloqueo de los presupuestos, el sistema francés ofrece al primer ministro la posibilidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar textos económicos bajo su responsabilidad y la del Ejecutivo. Por ejemplo, en los 19 meses que fue primera ministra, Élisabeth Borne activó el 49.3 en más de 30 ocasiones, enfrentándose a otras tantas mociones de censura.

En una breve alocución en la tribuna de la Asamblea, Barnier apeló al deseo de “estabilidad” de los franceses y advirtió de que había llegado “la hora de la verdad”, antes de confirmar la activación del artículo 49.3.

“A partir de ahora, señorías, cada uno debe hacer frente a sus responsabilidades, y yo haré frente a las mías”, concluyó.

Este procedimiento abre la posibilidad de que los partidos de la oposición presenten una o varias mociones de censura para provocar la caída del Gobierno y evitar la aprobación del proyecto de ley. El lunes, varios grupos anunciaron el recurso a este procedimiento y la votación decisiva tendrá lugar en los próximos días (aunque no antes de 48 horas desde su presentación).

Si los diputados del Nuevo Frente Popular han anunciado que no votarán ninguna moción presentada por la extrema derecha, Marine Le Pen ha confirmado que su partido votará todas, independientemente de su procedencia: “Vengan de donde vengan esas mociones de censura, ya sean una o varias, votaremos a favor de todas, empezando por la nuestra”.

Michel Barnier ya tuvo que superar una primera votación de censura en los días posteriores a su nombramiento, presentada y votada por los diputados progresistas del Nuevo Frente Popular (NFP). En aquella sesión, la abstención de los 142 diputados de extrema derecha hizo que la censura no prosperara. En la última semana, los partidos que componen el NFP reafirmaron desde el principio su intención de presentar una nueva moción de censura.

Las fuerzas progresistas, que disponen de 193 diputados, no solo rechazan los actuales presupuestos, sino que continúan reivindicando que Emmanuel Macron debería haber nombrado para la jefatura de Gobierno a un miembro de su coalición y no al conservador Barnier. Durante el verano propusieron el nombre de la economista Lucie Castets como candidata común, propuesta ignorada por el presidente.

Lo cierto es que con el voto favorable de los diputados de izquierda y el previsible rechazo de los de centro y derecha, la posición de los diputados de extrema derecha vuelve a ser decisiva. Todo indica que en esta ocasión no salvarán a Barnier. En las últimas semanas, Marine Le Pen había exigido a Barnier varias concesiones y modificaciones en los textos presupuestarios como condición para no votar la censura.

El pasado jueves, en una entrevista en el diario Le Figaro, el primer ministro anunció que no se aumentarían los impuestos sobre la electricidad; también aceptó el fin de las exoneraciones en las cotizaciones patronales de los salarios más bajos, medidas que la extrema derecha defiende en nombre de los trabajadores con menos ingresos. Barnier también accedió a revisar -a la baja- las modalidades de asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación irregular.

Sin embargo, ninguna de estas concesiones parece haber sido suficiente a ojos de Le Pen y del presidente del partido Agrupación Nacional (AN), Jordan Bardella. “Si se utiliza el 49.3 en el presupuesto de la Seguridad Social, la Asamblea Nacional activará el mecanismo de censura, a menos, claro está, que en un milagro de última hora Michel Barnier cambie de opinión de aquí a las 15 horas”, declaró Bardella a la radio RTL la mañana del lunes. “Pero tengo pocas esperanzas de que le ilumine el Espíritu Santo”.

El mismo día, mediante un comunicado a la Agencia France-Presse, Barnier trató de convencer a Le Pen con una medida de última hora, anunciando que el Gobierno se comprometía a que no se modificasen las cantidades reembolsadas por la Seguridad Social por la compra de medicamentos con receta, otra de las líneas rojas de Le Pen para no votar la censura. “Una medida coherente con el respeto de un proceso legislativo que implica el diálogo con los diputados, como hemos hecho desde el principio”, justificó Barnier en su comunicado.

Pero tras una reunión a mediodía, los diputados de extrema derecha confirmaron, poco antes de entrar en el hemiciclo, que las concesiones no eran suficientes y que solo la renuncia de Barnier a la congelación temporal de las pensiones -prevista en los presupuestos- les haría cambiar de postura. Una victoria política relativa a las pensiones sería particularmente importante para Le Pen, ya que los jubilados son un sector de la población en el que su partido no ha conseguido avanzar electoralmente en los últimos años, a diferencia de otros sectores de la población.

En caso de prosperar la moción de censura, Emmanuel Macron -que el lunes se encontraba en Arabia Saudí en visita oficial- deberá nombrar un nuevo primer ministro. Ese nuevo jefe de Gobierno propondrá a su vez al presidente los nombres que componen su gabinete. Dada la actual fragmentación política, la posibilidad de un nombramiento rápido que permita una aprobación de los presupuestos antes de final de año parece difícil.

En el único precedente en el que el Parlamento francés acabó el año sin presupuestos -en 1979- se activó una medida constitucional que permite prolongar los del ejercicio anterior, una posibilidad que gana enteros en la situación actual. En los mercados financieros, el riesgo de colapso del Gobierno Barnier llevó a un aumento del spread Francia-Alemania, la diferencia entre los rendimientos de los bonos emitidos por ambos países. Un barómetro particularmente seguido en Francia sobre el riesgo percibido por los inversores sobre la situación económica.

En los últimos días, algunas figuras de la coalición que apoya al Gobierno han intentado presionar al Partido Socialista para impedir la caída del Ejecutivo. “Hacemos una llamada solemne a la oposición para no ceder a la tentación de lo peor y a no votar la censura al Gobierno”, escribió el lunes en X Gabriel Attal, presidente del grupo macronista en la Asamblea. “Si el voto de censura se aprueba esta semana, los franceses se acordarán de la alianza que lo hizo posible. Una alianza de toda la izquierda, incluido un Partido Socialista, con AN para conseguir que el interés general no sea más que un recuerdo lejano”.

Sin embargo, la semana pasada una reunión de la ejecutiva socialista confirmó por unanimidad el voto favorable a la moción de censura. Los partidos del Nuevo Frente Popular mantienen por tanto una posición común, aunque comienzan a aparecer divergencias sobre el futuro. Francia Insumisa y los ecologistas esperan volver a poner sobre la mesa el nombre de Lucie Castets, pero los líderes socialistas parecen haber pasado página y querer negociar un candidato con otras fuerzas políticas. El presidente del grupo del PS en la Asamblea, Boris Vallaud, pidió hace unos días un pacto de “no censura” para el nombramiento de un nuevo primer ministro y un gobierno técnico, en una entrevista en France Inter hace unos días.