La Asamblea Nacional francesa ha votado este miércoles a favor de la moción de censura contra el primer ministro, Michel Barnier. Pese a las llamadas a la “responsabilidad” del que es hasta el momento el jefe de Gobierno más breve de la V República, ha triunfado el texto registrado por la izquierda y que ha sido finalmente apoyado por la extrema derecha de Marine Le Pen.

Estas mociones de censura llegan después de haber alcanzado “el límite del diálogo” con la oposición. Barnier anunció este lunes ante la Asamblea Nacional la activación del artículo 49.3 de la Constitución, una disposición que permite aprobar sin votación un proyecto de ley, en este caso el relativo a la financiación de la Seguridad Social, un texto que fija las previsiones y el presupuesto de los servicios sociales franceses como las pensiones, ayudas familiares, subsidios por desempleo, etc. 

“A partir de ahora, señorías, cada uno debe hacer frente a sus responsabilidades, yo haré frente a las mías”, añadía Barnier. Sin una mayoría suficiente en la Asamblea, el primer ministro francés fue incapaz de convencer a las fuerzas políticas de la oposición de que votasen a favor del texto o se abstuviesen. La utilización del 49.3 abrió la posibilidad de que una o varias fuerzas de la oposición presentaran una moción de censura que, en caso de prosperar, suponga el rechazo de la ley y la caída del gobierno.

El todavía primer ministro, de 73 años, reconoció en una entrevista televisada de este martes que la situación en la que fue nombrado por Emmanuel Macron como jefe de Gobierno era “inaudita” en los últimos 60 años debido a la fragmentación política de una Asamblea Nacional difícil de gestionar por su división en tres bloques (izquierda, centro macronista y ultraderecha lepenista).

“Si la moción de censura prospera –ahondó–, todo será más difícil y más grave”. Barnier aprovechó los momentos de máxima audiencia para recordar que, por cuestiones constitucionales, no podrá haber elecciones legislativas hasta mediados de 2025, lo que, en su opinión, agravará la situación de inestabilidad política.

En caso de que sea cesado por la Asamblea, Barnier será el primer ministro más efímero de la V República desde 1958. Sin embargo, aseveró que su puerta sigue “abierta” para “escuchar” las propuestas de los diputados para un “Presupuesto (del Estado) que no es perfecto”.

Una moción de censura es admisible en Francia si está firmada por al menos una décima parte de los miembros de la Asamblea Nacional (es decir, 58 diputados). Debe presentarse en las 24 horas posteriores a la aprobación de un texto mediante el 49.3 y la votación sólo puede tener lugar pasadas 48 horas después de su presentación.

La Asamblea recibió dos mociones de censura en las horas posteriores al anuncio de Barnier: la primera, presentada por los cuatro grupos del Nuevo Frente Popular, recibió 185 firmas. En el lado contrario del hemiciclo, otra moción, presentada por Agrupación Nacional (partido de Marine Le Pen) y sus aliados de la Unión de Derechas por la República (el de Éric Ciotti), fue firmada por los 140 miembros de las dos formaciones de extrema derecha.

Para que la moción sea adoptada se requiere alcanzar la mayoría absoluta de votos en la Asamblea. El voto está programado para el miércoles –el examen comenzará a las 16.00 horas– y solo se contabilizan los votos a favor.

En condiciones normales, esta mayoría se sitúa en 289 diputados (de 577), pero desde las últimas elecciones dos escaños han quedado vacantes y aún no se han celebrado las elecciones parciales para atribuirlos, de manera que el umbral será de 288. Ha recibido finalmente 331 votos a favor, por lo que se ha superado ampliamente la mayoría necesaria.

Como marca el reglamento de la Asamblea, la moción con más firmas –la del Nuevo Frente Popular– se discutirá y votará en primer lugar. Es la que más posibilidades tiene de prosperar, ya que los diputados de los partidos de izquierda se niegan a votar cualquier moción presentada por el partido de Marine Le Pen, mientras que la líder de extrema derecha ha anunciado que su partido votará a favor de todas las mociones “sin importar su procedencia”.

Da la circunstancia de que la extrema derecha ha anunciado un voto a favor de la iniciativa de la izquierda, pese a que es expresamente contraria al acercamiento del Gobierno de Barnier al partido de Le Pen. “Mientras que una larga mayoría de nuestros ciudadanos y ciudadanas han elegido la opción de parar a la extrema derecha en las elecciones legislativas, el primer ministro ha cedido a sus más viles obsesiones”, señala el texto presentado por el NFP en referencia a las concesiones que ha hecho el Gobierno en política migratoria para tratar de congraciarse con Agrupación Nacional.

La suma de los votos de los diputados de izquierda (192) y los de extrema derecha (140) debería ser suficiente para alcanzar la cifra de 288 diputados. Si bien la disciplina de voto en el Parlamento francés no es tan estricta como en el español, en este caso se espera que la mayoría de los diputados siga las consignas dadas por los líderes de sus formaciones.

A diferencia de lo que ocurre en España, en Francia las mociones de censura no implican la proposición de un candidato alternativo. El artículo 50 de la Constitución francesa simplemente establece que, en caso de censura, el primer ministro presentará la dimisión del Gobierno ante el presidente de la República.

En el único precedente de una censura aprobada por la Asamblea –que data de 1962– el general De Gaulle decidió mantener al Ejecutivo en funciones, al tiempo que anunció la disolución de la Asamblea y convocó elecciones legislativas. En la situación actual Emmanuel Macron no puede hacer lo mismo, ya que debe transcurrir un año desde la última disolución (que en este caso data de junio).

El presidente deberá así nombrar un nuevo primer ministro; la Constitución no le impone plazos ni condiciones para esta tarea. Macron también deberá decidir si solicita a Barnier y su Gobierno mantenerse en funciones durante el tiempo que dure el periodo de consulta. Una vez se nombre un nuevo jefe de Gobierno, éste propondrá al presidente los ministros que compondrán el nuevo Ejecutivo.

La hipótesis de un Gobierno supuestamente técnico –similar al que gobernó Italia entre 2011 y 2013 con Mario Monti, o posteriormente con Mario Draghi en 2021– aparece estos días en varios medios de comunicación franceses.

No obstante, esa opción requeriría el apoyo de una de las fuerzas que esta semana van a votar la moción de censura contra Barnier.  

Además del de la Seguridad Social, otros dos textos presupuestarios necesitan ser aprobados antes del 31 de diciembre: el proyecto de Ley de Finanzas de Fin de gestión (que contiene disposiciones esenciales para ajustar la gestión presupuestaria) y, mucho más importante, el proyecto de ley de Finanzas que establece los presupuestos del Estado para el año 2025.

Tanto el primer ministro como miembros importantes de la coalición de centro-derecha y derecha están alertando en las últimas semanas sobre las consecuencias de finalizar el año sin haber votado unos nuevos presupuestos.

Michel Barnier evocaba hace unos días una “tempestad” en los mercados financieros y un escenario similar al shutdown del Gobierno federal de Estados Unidos, en el que los funcionarios dejan de percibir su salario.

En la misma línea, la exprimera ministra macronista Élisabeth Borne –que en 19 meses en la jefatura de Gobierno tuvo que afrontar 23 mociones de censura– advertía de que sin presupuesto de la Seguridad Social, las pensiones dejarían de ingresarse.

En realidad, la mayoría de expertos considera exageradas estas declaraciones y apuntan que existen diferentes mecanismos para mantener el funcionamiento del Estado, ya sea pasando por el Parlamento para acordar una prórroga de los presupuestos en vigor o asegurando el funcionamiento de los organismos de la Seguridad Social mediante decretos.

No obstante, una parte importante de los servicios se financia mediante préstamos y diferentes economistas señalan que la inestabilidad actual tendrá un impacto sobre los tipos de interés, añadiendo presión a las finanzas públicas francesas, que ya han sufrido un importante deterioro este año con el aumento de la deuda y el déficit público.